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Con sus primeras declaraciones sobre el escándalo del espionaje de su gobierno a defensores de derechos humanos y periodistas, el presidente Enrique Peña Nieto condena al fracaso la investigación que él mismo ordenó y amenaza a quienes han denunciado ser víctimas de ese delito, afirmaron seis organizaciones civiles.
En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Artículo 19, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, Socialitic y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se refirieron a las expresiones que el Ejecutivo federal hizo en Jalisco, mismas a las que consideró “impropias de su investidura y en extremo preocupantes”.
Las organizaciones argumentaron que sin esperar a que la investigación haya iniciado, Peña Nieto “condenó al fracaso la indagatoria, calificó de falsas las denuncias y exoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad”.
Detallaron que, como la investigación aún no ha comenzado, el presidente “carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección”.
Según su opinión, que el mandatario “descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si el presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado”.
Como segundo punto, las organizaciones firmantes acusaron que con sus declaraciones, Peña Nieto normalizó la gravedad de las denuncias y minimizó las consecuencias en la vida de las personas que han acusado las intervenciones.
Aseguraron que lo dicho por el funcionario son afirmaciones “irresponsables y carecen de sustento. Como se ha documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es un mecanismo efectivo para el control de la información”.
Vigilancia fuera de control
Como tercer argumento, destacaron que el jefe del Ejecutivo realizó “una afirmación en extremo grave”, al aceptar que él mismo podría ser objeto de espionaje.
Y alertaron: “Para provenir de un Jefe de Estado, una aceptación así de pasiva de las intervenciones ilegales es alarmante. La seguridad de las comunicaciones del presidente interesa a la estabilidad del Estado, por lo que la ligereza con que el titular ejecutivo acepta su vulnerabilidad confirma que en México la vigilancia está fuera de control y debería motivar una profunda investigación”.
El cuarto argumento de las organizaciones se refiere a la “muy preocupante” amenaza a las personas denunciantes de espionaje, pues con lo que dijo, “Enrique Peña Nieto no se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, sino que envió un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos”.
Tal posición, agregaron, “es en extremo preocupante y denota una deriva autoritaria que a todos debe alarmar”. Y es que afirmaron que cuando el presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes acuden a las instituciones para denunciar los delitos que resienten, “se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas”.
Y alertaron: “Esta amenaza, impropia de un jefe de Estado, despierta la más alta preocupación y ya se ha puesto en el conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a nivel global”.
En resumen, las seis organizaciones civiles afirmaron que “al condenar al fracaso las investigaciones, al normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, al restar importancia a las intervenciones y, sobre todo, al proferir una preocupante amenaza a las y los denunciantes, el presidente Peña Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo”.
Por ello, reiteraron que la única forma de asegurar una investigación “profunda y real” es con la integración de un “panel independiente de expertos” que hagan escrutinio “de la acción o inacción” de la PGR en la “investigación” del espionaje.
También demandaron que, dado que el mismo mandatario aceptó que su gobierno tiene tecnología de espionaje, “se transparenten y publiciten los contratos firmados con empresas de espionaje”.
Ambos elementos, concluyeron, “serán los indicadores para considerar que existen posibilidades mínimas para una investigación en contexto de democracia. Mientras tanto, lo único que tenemos al día de hoy son amenazas a quienes denunciamos públicamente el espionaje y ausencia total de condiciones para una verdadera investigación”.
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