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miércoles, junio 22, 2016

Repudian eurodiputados represión policiaca en Nochixtlán

Apro

Activistas mexicanos y europeos se reunieron hoy con tres eurodiputados –el catalán Josep María Terricabras, la alemana Ska Keller y Estefanía Torres Martínez– en Bruselas, Bélgica para exponerles la situación de crisis de derechos humanos que atraviesa México.

A su vez, éstos condenaron el asesinato de ocho civiles durante el violento desalojo del bloqueo carretero de Nochixtlán, Oaxaca el pasado domingo, así como la campaña de desprestigio que sufren los movimientos sociales en el país, informó Miguel Martin Zumalacarregui, director de la oficina de la Organización Mundial contra la Tortura en la capital belga.

Quince representantes de organizaciones de la sociedad civil mexicana se encuentran desde ayer en Bruselas para encontrarse con homólogos europeos y establecer una serie de recomendaciones a las autoridades de México y de la Unión Europea (UE), funcionarios que se encuentran en proceso de “actualización” del Acuerdo Económico Global.

Las organizaciones de la sociedad civil buscan, entre otros objetivos, evitar que las negociaciones “fragmenten” los distintos temas de la relación entre México y la UE, y en particular que releguen los derechos humanos en un segundo plano frente al acuerdo comercial. 

El acuerdo de libre comercio actualizado entre México y la Unión Europea despierta preocupaciones en la sociedad civil, sobre todo por el amplio poder que otorgaría a las empresas y los inversionistas contra los Estados –México en particular–, y la ausencia de un capítulo que establezca directrices claras en materia de derechos humanos.

Las organizaciones señalaron que a la hora de operar megaproyectos en México, muchas empresas –nacionales y extranjeras– pisotean los derechos humanos y ambientales de las comunidades, por lo que urgieron a México y a la Unión Europea comprometerse a adoptar un tratado de derechos humanos para regular a las corporaciones transnacionales.

Un avance importante, según Fernanda Hopenhaym, integrante de Proyecto PODER, sería establecer obligaciones de extraterritorialidad las cuales permiten a una víctima demandar a una empresa en su país de origen y no limitarlo a la nación donde opera, con lo que se refuerza su derecho a obtener reparaciones.

El punto más destacado de las recomendaciones tiene que ver con “la corrupción y sobre todo la excepcional impunidad que la acompaña y afecta a la sociedad en general”, aspectos que “se suman a los graves problemas de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada que se viven en México de manera generalizada”.

En esta materia, las organizaciones civiles recomendaron a la UE y México apoyar de manera pública las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al gobierno mexicano le urgieron a respetar los “más altos estándares internacionales” en materia de uso de la fuerza pública, así como a “implementar un plan de desmilitarización en operaciones de seguridad pública”.

Las organizaciones también emitieron recomendaciones para garantizar los derechos humanos de los migrantes durante su tránsito por México, sector que se volvió más vulnerable a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias que implementó la administración actual en el verano de 2014 a través del Programa Frontera Sur.

Las organizaciones mexicanas mostraron su preocupación ante la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en el país y precisaron que esta definición se aplica a todas las personas que se dedican a esta labor, incluyendo a los maestros, quienes “defienden la educación y la niñez”, según Solís.

Por lo anterior, instaron a las autoridades europeas y mexicanas a reconocer públicamente la labor de los activistas y garantizar sus derechos humanos. A México, de manera específica, le pidieron “poner fin al patrón de detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos”.

Las ONG no pudieron acudir a las mesas de diálogo, ya que éstas se llevan a cabo a puerta cerrada. “Nos dijeron: Gracias por sus aportes, les tomaremos en cuenta”, compartió Hopenhaym.
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