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jueves, marzo 03, 2016

Corrupción impide avances en la lucha contra el narco en México: EU

El Departamento de Estado informó al Congreso federal estadunidense que el problema de la corrupción en México es un impedimento para avanzar en la lucha contra el tráfico de drogas en ese país.

En su reporte anual 2016 de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos, el secretario de Estado John Kerry precisó que “México es uno de los principales países de tránsito para la cocaína, y de producción de heroína, mariguana y metanfetamina” que se destina a Estados Unidos.

“Como política gubernamental, el gobierno de México no alienta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, y tampoco está involucrado en el lavado de dinero proveniente de la venta de los narcóticos”, destaca el Reporte.

Añade: “Pese a que están mejorando los estándares anticorrupción, la corrupción sigue impidiendo los avances de los esfuerzos antinarcóticos del gobierno mexicano”.


El informe elaborado por el Buró de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado es enfático en su capítulo sobre México al criticar el problema de la corrupción por narcotráfico y la impunidad que persiste en el sistema judicial.

“Siguen teniendo altos los niveles de impunidad, y su transición hacia un sistema judicial acusatorio, cuyo plazo constitucional para su implementación vence en junio de 2016, se mantiene desequilibrado”.

En su evaluación, el Departamento de Estado resalta que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tomado “pasos” para reducir la corrupción entre los órganos de aplicación de la ley, pero la ausencia de buenas compensaciones económicas y de salarios competitivos entre los policías, agrega, abre un hueco de vulnerabilidad al cohecho.

“Los funcionarios mexicanos de los órganos de aplicación de la ley son pobremente remunerados, no tienen los recursos necesarios, no están bien entrenados y son vulnerables a la corrupción”.

El gobierno del presidente Barack Obama reconoce que aunque ha “habido algún éxito” en la identificación de elementos corruptos, el reto de Peña Nieto es garantizar la efectividad de los sistemas anticorrupción y mejorar los procesos de escrutinio de los elementos de agencias policiales y funcionarios gubernamentales. En términos de lo ocurrido en 2015 en la lucha contra el narcotráfico, subraya que “por el tráfico de drogas y la violencia relacionada con ello, México se manifiesta como un problema significativo para la seguridad de los ciudadanos y del desarrollo económico”.

Citando estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gobierno de Obama notifica al Capitolio que en septiembre de 2015 se reportó que en México los homicidios se redujeron en casi 15%, y que de 2013 a 2014 los secuestros se contrajeron 22%.

“Sin embargo, se estima que en 2014 el 93% de todos los crímenes no se reportaron o no se investigaron”, agrega el reporte.

Resalta que es muy importante la cooperación entre México y Estados Unidos en el combate a los cárteles del narcotráfico, y en este aspecto la llamada Iniciativa Mérida, apunta, es uno de los componentes más destacados para alcanzar objetivos.

Por medio de ese mecanismo, desde 2008 a la fecha el gobierno de Estados Unidos financió con casi 1500 millones de dólares el adiestramiento de elementos de agencias policiales, militares y gubernamentales, además de que entregó equipo militar y técnico, proporcionó asistencia técnica y colaboró en fortalecer el sistema judicial y las instituciones de seguridad mexicanas.

Por otro lado, el informe sostiene que a raíz de la cooperación e intercambio de información entre las agencias de investigación de los dos países, fue posible la captura de algunos elementos de las organizaciones dedicadas al trasiego transnacional de narcóticos.

“Dicha cooperación fortalece los esfuerzos para capturar a los líderes de estos grupos, no obstante que el éxito de esto da como resultado la formación de grupos pequeños o fracturados que de manera violenta compiten por el poder, el control territorial y el mercado de las drogas”, concluye el informe.

J. Jesús Esquivel / Apro
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