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Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, consideró que hubo “acuerdos” entre el Vaticano y el gobierno de Enrique Peña Nieto para ignorar las desapariciones en México y en particular la de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A unas horas de que el Papa Francisco dejara el país, Rosales Sierra transmitió la decepción de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “por no haber recibido ningún tipo de respuesta, ni oficial ni extraoficial, explicando por qué no era posible llevar a cabo un encuentro”.
Al recordar que en Roma, en noviembre del año pasado, Bergoglio se refirió al caso, el abogado consideró que la propuesta de reunión no era una solicitud descabellada, por lo que insistió en que el gobierno mexicano se empeñó en obstaculizar el encuentro.
“Debemos reconocer que como líder mundial el Papa tiene poder de incidir en algunos Estados, y suponemos que bloquearon el encuentro porque el caso de Ayotzinapa concita no sólo el tema de la desaparición forzada y las desapariciones en México, sino también las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la corrupción política y sobre todo el involucramiento de funcionarios con el crimen organizado”, acusó.
Entrevistado al término de la reunión de evaluación del caso Ayotzinapa con la procuradora Arely Gómez, Rosales Sierra explicó que este jueves se estaría realizando una “búsqueda en estados aledaños a Guerrero, relacionada con el quinto autobús, diligencia en la que estarían presentes miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
Entre las notificaciones que les dio la procuradora y su equipo, dijo, destacan “cuatro búsquedas realizadas de noviembre a enero en zonas que colindan con Cocula, sin que hasta el momento se haya tenido ningún resultado”.
Vidulfo Rosales señaló que en la reunión de evaluación los padres insistieron a la titular de la PGR en no realizar un tercer peritaje en el basurero de Cocula y abordar otras líneas de investigación.
Sin embargo, advirtió, “la procuradora dijo que legalmente procedía un tercer peritaje, y que ya había sido acordado con el GIEI desde Washington, y que se estaba tramitando junto con ellos el tercer peritaje”.
Entre los pendientes, recordó, destacan la entrega de copias de los procesos judiciales de inculpados en juzgados de Matamoros, Tamaulipas, así como bajar de la página web de la PGR la conferencia de prensa del exprocurador Jesús Murillo Karam en la que da a conocer “la verdad histórica”.
También sigue pendiente el interrogatorio propuesto por los integrantes del GIEI a los miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como el reconocimiento del trabajo del grupo de expertios ante la campaña de desprestigio desatada contra ellos.
Sobre la insistencia del interrogatorio a militares, Rosales Sierra dijo que la procuradora se escudó en que “la encargada de dar respuesta es la Secretaría de Gobernación, pero le dijimos que deje de estar jugando, porque la Segob no ha dado respuesta, por lo que sólo se nos está dando vueltas con ese tema”.
El abogado apuntó que una vez más Arely Gómez negó tener facultades para emitir a nombre del Estado mexicano su respaldo al GEI, aunque en las reuniones se ha mostrado complacida con el trabajo de los expertos.
Acuerdan reunirse en marzo
Más tarde, la PGR confirmó el encuentro de este día con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y anunció que la próxima reunión se llevará a cabo en un mes, el próximo 17 de marzo.
En un comunicado, la dependencia sostuvo que la procuradora Arely Gómez expuso a los padres de los jóvenes desaparecidos el trabajo ministerial realizado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Oficina de Investigación encargada de la averiguación previa del caso.
La titular de la PGR subrayó que la indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas “está abierta y se desarrolla contando, de manera estrecha, con la coadyuvancia técnica del GIEI para el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables a través del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal”.
Durante la reunión, se resalta en el comunicado, se informó de “los trabajos concretos de búsqueda y localización en diversos puntos y con el uso de la tecnología más avanzada, adquirida exprofeso para este fin. Lo anterior con el propósito de atender todas las líneas de investigación del caso”.
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