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martes, abril 29, 2014

ONG denuncian inclinación a legalizar la represión y criminalizar la protesta

Demandan a legisladores efectuar un análisis con rigor y apego a los derechos humanos.

Matilde Pérez U. / La Jornada

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social demandó a los senadores analizar con rigor y con apego a estándares internacionales de derechos humanos la iniciativa de la ley del artículo 29 constitucional, que regula el establecimiento del estado de excepción. Este mecanismo requiere participación efectiva de la sociedad y de una amplia discusión, sostuvieron.

Las agrupaciones integrantes de dicho frente –Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz, Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos y Artículo 19– sostuvieron que debe crearse un catálogo cerrado de situaciones (numerus clausus) y controles efectivos para declarar el estado de excepción.

Destacaron que es regresivo y ambiguo el dictamen de reglamento al artículo 29 constitucional, aprobado ayer en las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado.

En un comunicado, el frente desmintió a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien afirmó que las organizaciones fueron consultadas para la elaboración de la citada iniciativa de ley y su dictamen.

Expresamos nuestro extrañamiento a la afirmación que realizó la senadora vía Twitter de que se consultó a especialistas y organizaciones de la sociedad civil, apuntaron.

Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, apuntó que dicho dictamen de reglamento no debe ser presentado al pleno en el actual periodo ordinario de sesiones.

Debe revisarse y corregirse, pues vemos con preocupación que hay una inclinación a legalizar la represión, a criminalizar la protesta social. Los mexicanos no queremos un Estado democrático simulado.

Destacó que las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos no fueron convocadas a ninguna consulta en torno al tema.

Pedimos que no se apruebe al vapor en el pleno la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, pues se trata de un mecanismo mediante el cual se puede, como lo establece éste, restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías individuales en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro.

El dictamen, abundó, no contiene definiciones claras ni precisas; deja asuntos abiertos, que se pueden prestar a la discrecionalidad; además, al igual que en otras leyes reglamentarias, se otorgan amplias facultades al Ejecutivo.

Agrega que el estado de excepción tendrá que publicarse en el Diario Oficial y si eso no fuera posible, se haga de otra manera, cuando la Constitución establece que debe difundirse con amplitud.

La ley reglamentaria tampoco asienta nada sobre la reparación de daños a los derechos humanos; en resumen, no se ajusta a lo establecido por la Constitución y por ello es inaceptable.

Concha Malo agregó que los integrantes del frente buscarán reunirse con los senadores de las diversas comisiones para solicitarles que la discusión en el pleno de dicha ley reglamentaria se posponga hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.
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