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martes, junio 04, 2013

Acusan a Guillermo Álvarez Cuevas de lavado de dinero a través de Cruz Azul

Una pesada cruz… azul

Años ha que uno de los clubes futbolísticos alternativos ante la hegemonía del América y Televisa se ha venido derrumbando como por vocación propia, aun cuando se acerque al campeonato. Ahora, en Cruz Azul estalla un nuevo escándalo, que involucra a Guillermo Billy Álvarez, quien se ostenta como director general de la cooperativa pese a que fue destituido en mayo de 2011. Los que denuncian sus presuntos malos manejos al frente del equipo –abuso de confianza y malversación de fondos por centenares de millones de pesos–, suman ahora lavado de dinero en perjuicio de los cooperativistas de la Cruz Azul y de su patrimonio.

Raúl Ochoa

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., que preside Armando Valverde Talango, anunció que emprenderá acciones legales contra el “sediciente director general” de la cementera, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, “y de otros” por presuntos delitos, entre ellos lavado de dinero y desvío de recursos, pues se desconoce el destino de 175 millones de pesos que una institución bancaria otorgó en 2004 para techar el estadio Azul, que ni siquiera forma parte del patrimonio de la cooperativa.

En representación del grupo de 24 cooperativistas de los consejos de administración y de vigilancia, Valverde también presentó una querella contra Álvarez por autorizar la jubilación de su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo con beneficios extraordinarios: 3 millones de pesos por su retiro, pensión mensual vitalicia de 1 millón 10 mil pesos, además de su salario como trabajador. Ello, a pesar de que en la asamblea general del 20 de marzo de 2010 fue destituido como director jurídico de la cooperativa, por “actos de suma gravedad” que ocasionaron un quebranto de más de mil millones de pesos.

En la referida asamblea se exhibió un video en el cual el exoperador financiero de la cooperativa Carlos Terroba Wolf evidenció los negocios de Garcés; incluso reveló que Billy Álvarez estaba al tanto de todo.

El pasado 30 de abril, Valverde promovió la querella ante el juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal por la nulidad de actos en la exclusión ilegal de los 24 actores de esa cooperativa durante la asamblea general ordinaria celebrada el 4 de agosto de 2012.

A Billy Álvarez también se le reclama la entrega de documentos relativos a la constitución del Fondo de Previsión Social de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., de su manejo, inversiones, rendimientos, aportaciones y disposiciones. Lo mismo se le exige en lo concerniente al Fondo de Pensiones por Jubilación, de su manejo, inversiones, rendimientos, aportaciones, disposiciones, números de cuentas de cheques, cuentas de inversiones y fideicomisos en los que se manejaron y manejan dichos fondos. En ambos casos deberá entregar datos de 2002 a la fecha.

De acuerdo con Olvera, hay evidencias de la desaparición del Fondo de Pensiones por Jubilación por más de 400 millones de dólares.

En esta demanda mercantil se le exige a Álvarez la devolución de más de 200 millones de pesos por concepto de gastos y honorarios “a los abogados Genaro Góngora Pimentel –exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y Federico Harta Sánchez, Rafael Macedo de la Concha, Julio Esponda, Ángel Junquera Sepúlveda y Fernando Gómez Mont, quienes cobraron esa suma para atender asuntos personales de Guillermo Álvarez Cuevas y Víctor Garcés Rojo”. Esa cifra se pagó –precisa la denuncia– con recursos de la cooperativa durante 2011, 2012 y 2013.

También se pide la declaración de nulidad del contrato celebrado entre la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., el propio Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, José Antonio Marín Gutiérrez y Raúl Antonio Enríquez López –todos cooperativistas–, quienes constituyeron la asociación civil denominada Cruz Azul Futbol Club, A.C., el 29 de julio de 2012.

Asimismo, se solicita la nulidad del contrato mercantil de Cesión de Marca entre el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, A.C. y Cruz Azul Futbol Club, A.C., el 1 de diciembre de 2011, por el que la primera cedió a la segunda “onerosamente todos los derechos respecto a los signos distintivos de la marca Cruz Azul, y por carecer la cedente de autorización y facultades para celebrarlo”, se expone en el documento.

Los abogados del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., Eugenio Olvera y Gabriel Hidalgo Pastor, alegan que como están las cosas con la marca Cruz Azul “tendrían que pagarle regalías a Guillermo Álvarez Cuevas por el uso de su propia marca si dejamos que esto se quede de esa manera”.

Olvera e Hidalgo afirman que esa marca está valuada en más de 3 mil millones de pesos. Dicen que el demandante Armando Valverde, presidente del consejo de administración desde el 31 de julio de 2010, no autorizó ni consintió en forma alguna la constitución de la referida asociación civil. Los litigantes acusan a Álvarez de aferrarse al cargo de director general de la cooperativa, no obstante que fue destituido en mayo de 2011. 

Va de nuevo 

El pasado 20 de mayo se registró un inusual movimiento en la cooperativa: repentinamente se realizaron transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de los mil 20 socios, que oscilaron entre 420 mil y 860 mil pesos y que en conjunto superaron los 500 millones de pesos. Estos recursos procedieron de cuentas bancarias a nombre del grupo financiero Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., transferidos a la sucursal Banamex.

“A los cooperativistas les llamó la atención que les hayan realizado un depósito de ese tamaño”, revela Eugenio Olvera. Sin embargo, al día siguiente el enlace de la Gerencia de Planta, Cristian Martínez Montiel, quien depende del director de Recursos Humanos, Noé Calvo, giró estas instrucciones en un memorándum a Victoria Moctezuma Sánchez, jefa de Recursos Humanos de las oficinas centrales, Gran Sur:

“Estos son los datos donde pueden hacer el depósito para el regreso de los fondos, cuentas bancarias a nombre de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.”. Martínez precisa que el “regreso de los fondos” deberá realizarse en dos operaciones y en instituciones bancarias distintas, aunque serán concentrados en el mismo número de cuenta (555322) y por consiguiente con el mismo número de referencia (939658-1) y de contrato (939658). Las transferencias serían efectuadas a Banamex, sucursal 870 y a HSBC, sucursal 0054.

Para el primer caso esta fue la instrucción: “para realizar depósitos referenciados sólo hay que indicar al cajero del banco que es una cuenta concentradora de depósitos e indícale la referencia, que es su número de contrato y el dígito verificador”. En relación al depósito en HSBC se le informó a Moctezuma que no olvide mencionarle “al cajero que es una cuenta de Concentración Empresarial de pagos (convenios) y en referencia anotar el número de contrato y el dígito verificador”.

“Hay un aviso de la Gerencia de Planta, que en una forma de justificar dichos recursos argumenta que fue un error de la aseguradora, y les informa a los cooperativistas que se les retirará el dinero de la misma manera, como ciertamente ocurrió: así como les llegó el depósito así desapareció, pero se presentó un problema: hubo gente que dispuso de ese dinero”, detalla Olvera.

Y abunda: “No soy experto en legislación bancaria, pero entiendo que si un dinero ingresa a mi cuenta no pueden retirarlo arbitrariamente”, dice Hidalgo. Por su parte, Olvera relata: “tenemos informes de lo que expuso Banamex al cliente: ‘me pediste que fondeara de manera individualizada y me diste los datos de una nómina cancelada’, además utilizaron la base de datos de todos los socios cooperativistas. El hecho de que la nómina esté cancelada no significa que las cuentas también lo estén, porque están vigentes. Por eso se fondeó”.

Según los abogados, la persona que operó estos movimientos por instrucciones de Álvarez fue Gabriel Holschneider, su asesor financiero y exempleado de Carlos Terroba Wolf, quien laboró para la cooperativa hasta 2007, pero en septiembre de 2009 destapó ante los cooperativistas y con la presencia de un notario público una serie de actos sobre los malos manejos, disposición de bienes y recursos, así como fraudes en quebranto de la cooperativa.

“Lo grave es que Guillermo Álvarez Cuevas no tiene las facultades legales. Es un farsante; está moviendo las cuentas de los cooperativistas, pone en riesgo sus patrimonios en la bolsa y no rinde cuentas a nadie. Esto es lavado de dinero, además de que están usando las cuentas para puentear un recurso de un lado a otro. Finalmente ¿Para qué fue ese dinero?”, acusa Olvera.

Hidalgo detalla: “Todo ese dinero es negro y lo vuelven blanco a través de insertar dinero sucio en el sistema financiero con mecanismos mercantiles, bancarios y aparentemente legales que les permiten disponer de esas cantidades a costa de engañar a los socios cooperativistas”.

Por ello, Olvera e Hidalgo adelantan a Proceso que tras detectar esta nueva sospecha presentarán este jueves 6 ante la PGR una denuncia contra Álvarez, y quienes resulten responsables, por el probable delito de lavado de dinero. Aunado a ello se promoverá otra querella de resistencia de particulares, toda vez que Álvarez se rehúsa acatar las sentencias federales.

Los tres primeros juicios promovidos por el consejo de administración están totalmente terminados con el afán de restaurar la legalidad en la cooperativa, entre ellos la sentencia dictada el 30 de agosto de 2011 por el juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que declaró la nulidad de las cláusulas impugnadas (51 y 55) de las Bases Constitutivas de la Cooperativa La Cruz Azul, que otorgaban al director general las facultades que la Ley General de Sociedades Cooperativas confieren al consejo de administración.

En torno a este punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el 11 de julio de 2012 el recurso de revisión que promovió Álvarez en amparo directo en revisión ADF 1566/2012.

La cooperativa se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas, la cual faculta a sus socios para que en asamblea general se aprueben las Bases Constitutivas. La asamblea general es el órgano supremo y tiene la representación social de la misma.

Así, el 30 de abril pasado, Armando Valverde promovió ante la Fiscalía de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal una denuncia de hechos contra Guillermo Álvarez Cuevas “y de quien resulte responsable” por el patrimonio de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.

Luego de 26 años de gestión, Álvarez será demandado por lavado de dinero por segunda vez en menos de dos años, después que el 16 de junio de 2010 alrededor de 300 socios cooperativistas interpusieron una querella ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR.

Según la denuncia, un grupo de directivos habría obtenido fondos de manera ilegal que enviaron al extranjero a través de personas físicas y morales, además de contactos en los sectores financiero y bancario para ocultar su origen, localización y destino. Este puente financiero fue denominado Operación Europa. Luego, algunas cantidades regresaron al país para realizar operaciones inmobiliarias (Proceso 1760).

Sin embargo, la denuncia fue archivada, y a decir de los litigantes Olvera e Hidalgo fue frenada por las influencias del acusado en las instancias judiciales. Incluso denuncian la activa intervención de Ernesto Cordero, entonces secretario de Hacienda. “La denuncia se tuvo que archivar porque Hacienda nunca quiso participar”, acusa Hidalgo.

Los abogados del consejo de administración de la cooperativa tienen fundadas sospechas para sustentar la querella, entre ellas correos electrónicos “en los que piden una serie de lineamientos para la creación de una sociedad llamada Westgrove, C.V., en la que hacen una explicación de que esta empresa sirva de puente para realizar depósitos superiores a 600 mil euros. ¿Qué hace la sociedad Westgrove domiciliada en Luxemburgo, paraíso fiscal, para obtener rendimientos financieros del coque del petróleo, elemento que sirve para la fabricación del cemento?”, pregunta Olvera.

El 30 de julio de 2010, el periódico Reforma difundió que tras conocerse que la PGR investiga a miembros de la cooperativa de la empresa Concretos Cruz Azul por presunto lavado de dinero, Billy Álvarez, en su calidad de director general de Concretos Cruz Azul, destituyó ayer al director adjunto de la empresa, su hermano José Alfredo.

De acuerdo con la publicación, las oficinas de José Alfredo fueron selladas “ayer mismo en presencia de un notario público y se puso a disposición del departamento de personal a Ramsés Dolores Angulo y a Sergio Gutiérrez y se decidió sellar las oficinas del director jurídico de la cooperativa, Víctor Manuel Garcés Rojo, e impedirle la entrada a las instalaciones. La PGR investiga a Álvarez y a Garcés Rojo, su cuñado, por lavado de 400 millones de dólares”.

Los abogados desnudan que Francisco Ayala, operador de Carlos Terroba, fue el responsable del crédito otorgado a la cooperativa para el techado del estadio Azul. “Sin embargo nunca techaron el inmueble, que no es propiedad de la cooperativa, y sí pidieron el dinero”.

El 30 de mayo pasado, Proceso solicitó una entrevista con el director jurídico de la cooperativa, Miguel Borrell, a través de su asistente Antonia Sánchez. No hubo respuesta.
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