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jueves, mayo 09, 2013

Retienen guardias comunitarios a comandante y cuatro policías de Guerrero

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Al menos 200 policías comunitarios mantienen retenidos desde el mediodía a un comandante y cuatro agentes de la Policía Ministerial Estatal (PME), así como a José Luis Bernabé Fernández, secretario de acuerdos del Juzgado Mixto del Tribunal Superior de Justicia, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.

Es por ello que el gobierno de Ángel Aguirre ofreció acudir a San Luis Acatlán a una mesa de negociaciones, que comenzaría este jueves 9 a las diez de la mañana, tal como demandó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

La acción encabezada por los coordinadores de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo y Raúl de Jesús Cabrera, surgió en respuesta a su detención junto a cuatro policías comunitarios la noche del lunes en Acapulco.

No obstante, todos ellos salieron libres “bajo reservas de ley”, luego de que el Ministerio Público federal no acreditó el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército que les imputaron infantes de Marina, soldados y policías federales que participaron en el operativo contra los civiles armados.

Reportes oficiales consultados por Apro indican que el hecho se registró cerca del mediodía, cuando los policías comunitarios irrumpieron en la comandancia de la PME en este municipio indígena de la Costa Chica, donde detuvieron y desarmaron al comandante José Juan Ortiz Piza y cuatro de sus elementos.

Enseguida, los cuatro agentes, el jefe policiaco y el secretario de acuerdos fueron trasladados a la sede de la casa de justicia de San Luis Acatlán, donde permanecen resguardados por al menos 200 policías comunitarios armados.

Los integrantes de la policía comunitaria y dirigentes de la CRAC demandan la presentación de autoridades del gobierno de Aguirre Rivero en este municipio, denominado como “territorio comunitario”, para que se comprometan a no detener a miembros de esta organización conformada en 1995 y que se ha encargado de poner en marcha un sistema de seguridad pública y de impartición de justicia paralelo al institucional.
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