En una carta abierta el jefe de Gobierno, el Frente Amplio de Profesores, integrado por aproximadamente 100 profesores-investigadores de los tres Colegios y los cinco planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, propone una solución "drástica" que implicaría la participación del Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa.
México, D.F.- (Grupo Fórmula) En una carta abierta el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Frente Amplio de Profesores, integrado por aproximadamente 100 profesores-investigadores de los tres Colegios y los cinco planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, señaló que hay relevantes cuestionamientos a la legalidad de las normas y las decisiones de los Consejos Universitarios de la UACM.
"No pretendemos representar más de lo que somos ni acostumbramos hablar en nombre de la comunidad universitaria; no contamos con fuentes de financiamiento ni con el manejo de los recursos presupuestales de nuestra casa de estudios; tampoco tomamos instalaciones como forma de presión para ser escuchados o de chantaje para lograr nuestros propósitos.
"No participamos en la disputa por la Rectoría de la Universidad ni por otros cargos administrativos. El propósito por el que nos hemos organizado es contribuir a la solución de la crisis en que está inmersa la UACM e impulsar su consolidación académica e institucional".
En ese sentido el Frente Amplio dijo que para que una institución pueda autogobernarse y ejercer de manera efectiva su autonomía, es necesario contar con un sistema jurídico propio, en el que estén previstos los órganos y los procedimientos para la toma de decisiones así como para resolver, en el marco de su autonomía, los diferendos que inevitablemente se presentan en toda institución.
Si no se cuenta con dicho sistema jurídico, el ejercicio efectivo de la autonomía enfrentará muy diversos obstáculos y podrá ser más una ficción que una realidad. Por ello, la Ley de la UACM, en sus artículos transitorios, consideró un periodo de hasta tres años para que la Universidad integrara los órganos y aprobara los procedimientos y la normatividad pertinentes para la toma de decisiones, así como para la resolución de diferendos, es decir, para la transición de organismo descentralizado a universidad autónoma.
No obstante, quienes en ese entonces dirigieron la Universidad no lograron este propósito: apenas días antes de que concluyera el periodo de tres años se instaló el Consejo Universitario.
Esa instalación debió hacerse mucho antes, ya que el Consejo Universitario es, dice la Ley de la UACM, su máximo órgano de gobierno de la Universidad y tiene la facultad de crear órganos y aprobar la normatividad interna de la misma. Posteriormente, tampoco ha habido el suficiente interés de que la Universidad avance en la aprobación de su propio sistema jurídico o bien, se ha impedido, mediante diversos recursos, que el Consejo Universitario apruebe las normas.
A casi doce años de la fundación de la UACM se tiene un Estatuto General Orgánico incompleto, pues aún falta aprobar la estructura académica y administrativa de la Universidad. Tampoco cuentan, por ejemplo, con normas de convivencia ni con un reglamento de estudios de licenciatura y posgrado, o con el Estatuto del Personal Académico.
Inexistente es también un órgano de carácter jurisdiccional que resuelva diferendos, particularmente como el actual, que involucra al propio Consejo Universitario.
Esta falta de normatividad genera diversas dificultades en la vida cotidiana de la Universidad y es el caldo de cultivo para la proliferación de conflictos, cuya solución frecuentemente se trata de imponer recurriendo a medidas de fuerza.
La UACM, agregó el Frente Amplio, está inmersa en un largo conflicto que ha recorrido diversos capítulos, entre ellos una elección tan cuestionable como cuestionada y un paro de más de 100 días.
Ese conflicto ha llevado a la Universidad a una crisis que hoy registra la existencia de dos grupos de consejeros que se autodenominan Consejo Universitario. Ambos "Consejos" han aprobado normas —sobre todo de carácter punitivo, para aplicarlas a sus adversarios— que pretenden ejercer con carácter vinculatorio hacia toda la comunidad universitaria. Las normas aprobadas por un "consejo universitario" frecuentemente son contradictorias con las del otro "consejo", lo que genera confusión e incertidumbre entre estudiantes, académicos y trabajadores de nuestra institución.
Además de que hay relevantes cuestionamientos a la legalidad de las normas y las decisiones de ambos "Consejos", en el Frente Amplio de Profesores consideramos que son ilegítimas, pues ninguno de los grupos autodenominados "Consejo Universitario" representa la pluralidad de la comunidad universitaria. De hecho, sostenemos que ambos "Consejos" sólo tienen una representación facciosa, lo que lleva no sólo a que funcionen con aproximadamente la mitad de consejeros que debe tener el Consejo Universitario, sino también a que comúnmente sus decisiones sean por unanimidad.
"El más reciente acontecimiento de esta crisis es la ‘elección’ del Dr. Enrique Dussel Ambrosini como Encargado Interino de la Rectoría. El Dr. Dussel, al igual que la Dra. María Esther Orozco, es un destacado académico al que expresamos nuestro respeto y consideración.
"No obstante, su designación como Encargado Interino de la Rectoría es resultado de una secuencia de ilegalidades. Menos de la mitad de los consejeros que —de acuerdo con el Estatuto General Orgánico de la Universidad— deben integrar el Consejo Universitario, no pueden revocar al titular de la Rectoría ni nombrar un encargado de la misma.
"Además, al estar el grupo de consejeros que lo nombró identificado con el movimiento parista, el Dr. Dussel lleva la carga de la ilegalidad, la ilegitimidad y el faccionalismo de quienes lo nombraron".
Por lo que es evidente que 26 consejeros universitarios, efectivamente electos con el voto de sus respectivas comunidades, no pueden sesionar legal ni legítimamente en sucesivas reuniones extraordinarias. No pueden destituir a nadie y tampoco pueden nombrar a nadie; ni el otro grupo de consejeros ratificar a Orozco.
"El Gobierno de la Ciudad no puede, ni debe, basándose en un análisis jurídico por más cuidadoso que éste sea, dar su reconocimiento a tal o cual parte: plantearse así su papel en este conflicto equivaldría no a abordar juiciosamente el problema, sino a favorecer una de las facciones.
"El nombramiento del Dr. Enrique Dussel como Encargado Interino de la Rectoría no es la solución ni el inicio de la misma al conflicto que vive la Universidad. El Gobierno del Distrito Federal en realidad tiene que aceptar el hecho fundamental de que ninguno de los Consejos representa a la comunidad y que, en consecuencia, carecen de la legalidad y legitimidad para conducir a la Universidad".
Ante la crisis de la Universidad, el Frente Amplio de Profesores, puntualizó, ha llamado insistentemente a la unificación del Consejo Universitario, y a que los consejeros procesen las decisiones que les corresponden mediante la discusión racional y la regla de la mayoría, tal como está previsto en la normatividad correspondiente.
Manifestando que el llamado no ha tenido éxito pues, tal como lo reflejan sus decisiones, las facciones en lucha están empeñadas en destruir al adversario y no en la búsqueda de consenso y la construcción institucional de la Universidad. El resultado de todo esto es la ingobernabilidad.
Cada una de las dos facciones confrontadas cuenta con su "Consejo Universitario" y, ahora, con su "Rector". Mientras tanto, el ambiente en la Universidad registra un fuerte deterioro; la polarización política e ideológica es intensa; las agresiones, las ofensas y las difamaciones entre miembros de la comunidad son frecuentes. En ese contexto absurdo, la mayor parte de los estudiantes, profesores y trabajadores trata de cumplir las tareas propias de la Universidad.
Sin embargo, no descartan que se abra la posibilidad de establecer una solución interna al problema de la UACM, solución que necesariamente tendría que incorporar al conjunto de las corrientes universitarias, organizadas o no.
"El Frente Amplio de Profesores, en diversos momentos, ha propuesto vías de solución en ese sentido, pero dado el nivel de polarización y confrontación que se vive dicha posibilidad es ahora muy reducida.
"Sin condiciones para avanzar un acuerdo interno, hemos propuesto una solución que consideramos drástica pero necesaria ante la profundidad de la crisis de ingobernabilidad en nuestra Universidad, y que implicaría la participación del Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa".
Esa solución consiste en hacer reformas transitorias a la Ley de la UACM para cesar en sus funciones a los órganos de gobierno, la Rectoría y el Consejo Universitario, y dar lugar a un periodo de excepción en el gobierno de la UACM, por un plazo no mayor de dos años.
"Para este periodo de excepción usted, como Jefe de Gobierno, designaría a un rector interino. También sería designado un consejo consultivo y se pactaría una agenda a realizar durante el periodo de excepción, de manera que en ese período se construyan las condiciones para que, al término de dicho periodo o incluso antes, se renueve la Rectoría y los órganos de gobierno de la Universidad y se recupere el ejercicio real y efectivo de la autonomía universitaria.
"La agenda pactada obligaría a todos los actores involucrados, incluido el Gobierno del Distrito Federal y la ALDF. Lo que el Frente Amplio de Profesores propone es, en esencia, dar lugar a un periodo en que se haga la tarea pendiente".
Nuestra propuesta, abundó el Frente Amplio, no consiste en renunciar a la autonomía universitaria. Por el contrario, lo que proponemos es construir las condiciones necesarias para su ejercicio real y efectivo. En este propósito debemos colaborar la comunidad universitaria, el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa.
Resolver la actual crisis de la UACM no sólo significa resolver un problema político sino, sobre todo, apoyar a la Universidad de nuestra gran ciudad en su camino hacia la consolidación académica e institucional, a fin de que logre cumplir plenamente los nobles objetivos que motivaron su creación. Éste es un propósito superior y ante él debemos asumir las responsabilidades que las circunstancias nos exigen.
Es un propósito que debe prevalecer por encima de negociaciones políticas de coyuntura y presiones para favorecer a facciones internas o externas a la Universidad. Confiamos en que usted comparta este criterio.
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