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lunes, febrero 25, 2013

Autodefensa civil, en el filo de lo paramilitar

Debido a la manifiesta incapacidad del Estado para brindar protección a los ciudadanos, en varias entidades del país han empezado a multiplicarse, fuera de control, los grupos de autodefensa ciudadana o, como se les designa eufemísticamente,  policías comunitarias. Símbolo del hartazgo de quienes viven a merced del crimen organizado, estos grupos –advierten especialistas en seguridad– corren el riesgo de convertirse en instrumento de las mafias a las que pretenden combatir, de los grupos guerrilleros o incluso de políticos inescrupulosos.

José Gil Olmos

Aún no se cumple el plazo que estableció para marcar diferencias con el gobierno calderonista y a Enrique Peña Nieto ya le hizo explosión el problema de la autodefensa ciudadana. Comunidades campesinas e indígenas, cansadas de la irrefrenable espiral de violencia e inseguridad, decidieron armarse para defenderse del crimen organizado y asumir la tarea que le corresponde al Estado.


El riesgo, señalan los especialistas, es que este fenómeno de autodefensa ciudadana o policías comunitarios se expanda a otros puntos del país donde hay condiciones más graves de inseguridad, hasta el punto de que esos grupos controlen regiones enteras y luego sean manipulados por las mafias o incluso por agrupaciones políticas.

En términos de seguridad, del pasado 1 de diciembre a la fecha el gobierno de Peña Nieto no se ha diferenciado del de Felipe Calderón. Según recuentos periodísticos, en los casi cuatro meses del gobierno actual van más de 2 mil muertos en tanto que los índices de secuestros, asaltos, desapariciones forzadas, extorsiones y otros delitos se mantienen e incluso han aumentado en varias regiones.

En este escenario de violencia e inseguridad han surgido los grupos de autodefensa ciudadana. Armados con fusiles, pistolas, escopetas y hasta palos y provistos de aparatos de comunicación, estos tomaron la tarea esencial del Estado de brindar seguridad, sobre todo en zonas campesinas e indígenas del sur del país –aunque también las hay en Jalisco y Chihuahua– que resaltan por los altos niveles de pobreza, marginación, abandono y presencia de grupos criminales.

“Si el Estado no atiende este problema de manera cuidadosa y racional puede haber más violencia, se pueden renovar los cacicazgos, los grupos parapoliciacos o abrir una puerta más para el crimen organizado y el narcotráfico”, advierte Erubiel Tirado, maestro en derecho por la London School of Economics, profesor de la Universidad Americana y responsable de la cátedra sobre seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana.

A su vez la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC, fundada en 1995 y responsable de la Policía Comunitaria de Guerrero), se deslinda de los grupos de autodefensa de Ayutla que han matado a tres presuntos delincuentes en las últimas semanas; asegura que podrían estar manipulados por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero para abrirle paso a las trasnacionales mineras o al grupo criminal encabezado por Víctor Aguirre, El Padrino, de quien presumen que es pariente.

“Ante el fracaso evidente del Estado se está abriendo la puerta a la posibilidad de más desgracias, de abrir más las puertas del infierno” sostiene por su parte el vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia.

La proliferación

Los primeros días de enero de este año autoridades comunitarias de cuatro municipios de la región Costa Chica de Guerrero decidieron tomar las armas para defenderse de la delincuencia. Tres semanas después resolvieron convertirse en “tribuna popular” para enjuiciar a 54 personas a las que habían detenido acusadas de delincuencia organizada.

El pueblo guerrerense de Ayutla de los Libres se convirtió en atracción política y mediática: Era la expresión más reciente del fracaso del Estado en su papel de garante de la seguridad. Los ciudadanos se erigieron en “policías comunitarios” y en jueces. Juzgaron y condenaron a los presuntos delincuentes, aunque al final los entregaron a las autoridades estatales a cambio de algunas prebendas. Pero también mataron a tres personas: dos que no se detuvieron en un retén y otra, acusada de pertenecer a un grupo del narcotráfico.

Sin embargo, la aparición de los “policías comunitarios” en diversas partes del país empezó mucho antes. Desde 2011 han emergido grupos así en otras entidades, como expresión de inconformidad y hartazgo –sobre todo de pueblos indígenas– por la inseguridad.

Una revisión periodística revela que en el país actualmente hay 36 grupos de autodefensa ciudadana en ocho estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco.

Incluso hay un antecedente: En 1861 Benito Juárez decretó la creación de cuatro cuerpos de Policía Rural bajo las órdenes del Ministerio de Guerra. Según Tirado ésta es la referencia histórica directa de las actuales policías comunitarias de las zonas rurales.

La Policía Rural ha tenido cambios en distintos momentos. Actualmente su funcionamiento lo regula el capítulo III de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que marca la existencia de los Cuerpos de Defensa Rurales; también cuenta con un Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Rurales.

Aunque no se sabe cuántos efectivos hay, gracias a una petición de información la Secretaría de la Defensa Nacional informó hace dos años que tiene en servicio 26 cuerpos rurales (13 de infantería y 13 de caballería) en 22 estados. Sus tareas son adquirir información sobre actividades ilegales, patrullar aéreas rurales, guiar a los cuerpos militares regulares y asistirlos en diversas actividades.

Pero la más antigua de las policías comunitarias –como ahora las conocemos– es la que integra el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria de la CRAC, que se fundó el 15 de octubre de 1995 en los pueblos de la montaña de Guerrero para brindar seguridad, impartir justicia y reeducar al delincuente.

Con 17 años de operación tiene más de mil 200 policías que son elegidos públicamente por cada comunidad; se les capacita en funciones de vigilancia, manejo de armas y derechos humanos, protegen a una población de más de 3 mil personas de 108 comunidades, no están embozados y no reciben salario.
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