Este día el gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte de Ochoa, rinde su segundo informe de Gobierno, cuyos logros presume desde hace días en una amplia campaña publicitaria, que incluye las salas de cine de toda la entidad; con esos recursos busca de enaltecer una administración que ha sido ampliamente cuestionada.
Sin Embargo
En poco menos de dos años al frente del Ejecutivo veracruzano, asumió el cargo el 1 de diciembre de 2010, el político ha incrementado la deuda estatal de 21 mil millones de pesos a más de 31, ubicando a esa entidad como la quinta con mayor endeudamiento en el país.
Además, Veracruz ha estado inmerso en la violencia: secuestros, enfrentamientos y múltiples ejecuciones. Encima, la entidad es considerada como la más peligrosa para ejercer el periodismo, pues durante el gobierno de Duarte de Ochoa han sido asesinados nueve comunicadores, tres están desaparecidos y en lo que va del año se han registrado 24 agresiones a periodistas y medios de comunicación locales.
En estos 23 meses de administración duartista, los veracruzanos han sido testigos del aseguramiento de 25 millones de pesos al gobierno local, que detractores y medios afirmaron fueron para apoyar la campaña presidencial del tricolor y que regresaron a las arcas de Veracruz con intereses; también han atestiguado los severos castigos a dos tuiteros por difundir rumores, la aprobación de la Ley Duarte y han tenido que enfrentar los azotes del huracán “Ernesto”. Mientras tanto, el gobernante criminalizó a 35 muertos cuyos cuerpos fueron arrojados en una avenida de Boca del Río; se fue de vacaciones a Europa mientras los ciudadanos enfrentaban los estragos de “Ernesto” y se ha desvivido en muestras de apoyo al presidente electo Enrique Peña Nieto.
DEUDA CRECIENTE
Javier Duarte de Ochoa asumió el poder en 2010 con una deuda pública –heredada del también priista Fidel Herrera Beltrán– de 21 mil millones de pesos.
El 16 noviembre 2011 el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) local, Tomás Ruiz González, manifestó que el primer año de gobierno del priista había sido “muy complejo” en cuanto a las finanzas públicas, mismas que hasta esa fecha, aseguró, ascendían aproximadamente a 22 mil millones de pesos.
Pocos meses después, el 7 de febrero de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el endeudamiento que registró el gobierno veracruzano y sus municipios, al cuarto trimestre de 2011, ascendió a 27 mil 938 millones de pesos, pero diputados de oposición afirmaron que el monto real era de más de 60 mil millones, por adeudos acumulados en otros rubros.
Sin embargo, según los últimos datos de la Secretaría de Hacienda dados a conocer en junio de este año, en esta entidad los pasivos crecieron en 69 mil 939.9%, con lo que se convierte en la quinta entidad más endeudada con 31 mil 815 millones de pesos.
De acuerdo con el último estudio presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Veracruz es el estado donde más ha crecido el número de pobres con 600 mil, de los 3 millones 200 mil mexicanos que se sumaron a esta condición en 2010. También en rubros económicos se reportó que 48% de los veracruzanos que vive en zonas urbanas sobrevive con 2 mil 114 pesos al mes, y en las zonas rurales con mil 329 pesos mensuales, según el Instituto Mexicano de la Competitividad; este organismo consigna que el desempleo en la entidad a finales de 2008 alcanzó un nivel de 2.4%, es decir, 1.7% más que la media nacional.
Apenas el 4 de septiembre Duarte solicitó una nueva línea de crédito por mil 274 millones de pesos, a pagar en 20 años. Con 33 votos a favor de la mayoría priista y sus aliados, un voto panista en contra y nueve en abstención del resto de los legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y PAN, diputados locales aprobaron el préstamo.
VIOLENCIA QUE NO CESA
El 14 de enero, cuando Duarte sólo tenía un mes al frente del Ejecutivo local, sicarios de diversos grupos criminales se enfrentaron entre sí y con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en varios lugares de Xalapa, dejando un saldo de 14 muertos y con ello marcando el inicio de ejecuciones y luchas.
El 20 de septiembre del año pasado 35 cadáveres fueron arrojados en medio de la glorieta de los Voladores de Papantla en la Avenida Ruiz Cortines y Ejército Mexicano, en Boca del Río. Ese mismo día, Javier Duarte afirmó en conferencia de prensa que ya habían sido identificados los cadáveres.
Y un día después, el gobernador expresó en Twitter: “Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de Plataforma México”.
Conforme avanzaron las investigaciones, se supo que entre los muertos se encontraban menores de edad sin ninguna relación con el crimen organizado.
El 5 de octubre, la entonces secretaria Técnica de Seguridad del Gobierno Federal, Alejandra Sota, declaró en el programa Atando Cabos de Denise Maerker en Radio Fórmula, que aún no sabía si todos los muertos estaban incluidos en Plataforma México con antecedentes penales, como lo había afirmado Duarte.
“Nosotros no tenemos información de que el 100% pertenezcan estén ya incluidos a la Plataforma México con antecedentes criminales, precisamente eso está analizando la PGR”, dijo Sota.
El 23 de septiembre diversos medios locales y nacionales reportaron el hallazgo de 14 cuerpos abandonados en Boca del Río –aparte de los 35 encontrados un día antes–, pero Javier Duarte salió a “desmentir” la información.
Expuso que la muerte de esas 14 personas no estaba confirmada y pidió a los medios de comunicación dar a conocer la fuente. “Yo no quiero que nos encasillen o nos etiqueten bajo ninguna circunstancia”, dijo. “Aquí en Veracruz, la violencia tiene como una definición el combate al crimen, no la actividad criminal, que es distinto. En Veracruz se está combatiendo, se está enfrentando esta circunstancia con valor, determinación y evidentemente esto tiene consecuencias, consecuencias que las hemos visto en los últimos días, que las hemos visto como se han desarrollado…”, expuso.
También el 5 de octubre, se informó el descubrimiento de 32 cuerpos en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, y de otros cuatros en diversos puntos del puerto sumando un total de 36.
De acuerdo con la periodista Carmen Aristegui, el documento de la Semar acotaba que elementos de la policía estatal estaban en uno de los puntos donde se localizaron a los muertos. Entonces, se podría suponer que el gobierno ya estaban enterado.
Más tarde, mucho más tarde, en un comunicado, el gobierno estatal confirmó el hallazgo como parte de una acción del programa “Veracruz Seguro”, en el que participan los gobiernos federal y estatal.
Pero Gina Domínguez , vocera del gobierno local, habló a Noticias MVS Primera Emisión para decir que en su momento no tenía información que confirmara lo de los 32 cuerpos.
El 23 de diciembre Proceso difundió que al menos 11 personas murieron en el estado, después de que sicarios abrieron fuego contra autobuses foráneos en los límites con Tamaulipas.
Los multihomicidios registrados en la entidad fueron uno de los temas más álgidos que se tocaron en el diálogo entre el gobierno federal y el Movimiento con Justicia y Dignidad, que se realizó el 14 de octubre de 2011 en el Castillo de Chapultepec.
La desestimación por parte del gobernador veracruzano sobre los 35 cuerpos que fueron encontrados en una venida del Boca del Río sólo por considerar que eran miembros del crimen organizado, salió al tema luego de que Javier Sicilia expusiera el tono de violencia y desprecio que muestran las autoridades ante las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
“Ese tono lleno de violencia y de desprecio, lleno de presagios siniestros, no se diferencia del tono con el que el gobernador Javier Duarte se expresó frente a los 35 cadáveres arrojados sobre las calles de Boca del Río: “Es muy claro –dijo con la suficiencia de lo inhumano—, en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”.
EL CASO DE LOS 25 MILLONES DE PESOS
La noche del pasado viernes 27 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Miguel Morales Robles y a Saíd Sandoval Zepeda, colaboradores del Gobernador de Veracruz, por transportar 25 millones de pesos en un avión oficial. El dinero en efectivo se encontraba en dos maletas, cuyo origen y destino no pudo ser acreditado.
Reforma informó que luego de la detención, la oficina del mandatario veracruzano presionó a la PGR para que devolviera el dinero decomisado. El argumento, según versiones de “primer nivel”, era que la suma se utilizaría para pagar a una empresa con sede en el DF que participaría en la Feria de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín.
El rotativo también indicó que para justificar el origen del monto, Morales Robles mostró un oficio firmado supuestamente por el subdirector de Operación Financiera de la Tesorería Estatal, en el que se indicaba la transportación del dinero, pero no su origen ni destino y tampoco presentaba sellos oficiales.
Tras el aseguramiento, Vicente Benítez González, tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, renunció sin aclarar nada. Antonio Tarek Abdala Saad quedó como su sucesor.
El 31 de enero, la empresa Industria 3 S.A. de C.V. cuyo representante es el empresario y fotógrafo Willy Sousa -creativo, productor y director de campañas publicitarias turísticas- confirmó que el Gobierno del Estado de Veracruz efectuaría un pago total por 25 millones de pesos por concepto de servicios en tres eventos culturales en la entidad; sin embargo, desconocía cómo se realizaría el pago.
A su vez, la Cámara de Senadores pidió a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la PGR remitir un informe detallado de la investigación sobre la incautación de los 25 millones.
El 5 de junio la PGR devolvió al gobierno de Veracruz el dinero asegurado e incluso el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes entregó además 236 mil 586 pesos por concepto de intereses.
LA LEY DUARTE
Gilberto Martínez Vera, profesor, y María de Jesús Bravo Pagola, periodista de radio, se convirtieron en las personas más buscadas por las autoridades veracruzanas por escribir un par de mensajes en redes sociales el 25 de agosto de 2011.
Publicaron en Facebook y Twitter advertencias sobre un presunto ataque por parte del crimen organizado en varias escuelas de la región. Los anuncios generaron psicosis colectiva entre los padres de familia, quienes acudieron a los planteles para recoger a sus hijos. La policía local informó que se registraron percances automovilísticos debido al pánico ocasionado. Todo resultó ser una falsa alarma.
Desde que comenzaron las investigaciones por los falsos rumores, las autoridades de Veracruz calificaron el acto como “ciberterrorismo” porque generaron el pánico colectivo de la población. De acuerdo con el Código Penal de Veracruz, “se considera terrorista a quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por los medios idóneos, simulando la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo, con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra aun cuando estos no se produzcan”.
La defensa de los tuiteros argumentó que los rumores no fueron comenzados por ellos; sólo difundieron lo que se comentaba como una labor social. No obstante, en fast track y sin la consulta de algún experto, la Procuraduría del Estado informó que los rumores eran considerados como terrorismo.
Ambas personas fueron detenidas. Después, la juez tercera del juzgado de primera instancia de Pacho Viejo, Beatriz Rivera Hernández, dictó auto de formal prisión contra Bravo Pagola y Martínez Vera, por los delitos de “terrorismo equiparado y sabotaje”.
Tras este caso, nació la llamada Ley de Perturbación o “Ley Duarte”, aprobada el 20 de septiembre del 2011 por el Congreso de Veracruz con 33 votos a favor y 14 en contra, que tipifica como delito difundir rumores falsos, castigando hasta con cuatro años de cárcel “a quien por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego, de sustancias químicas biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud”.
Al día siguiente, Duarte finalmente anunció que la autoridad desistiría de la acción penal en contra de los dos tuiteros acusados de terroristas. “Al existir una nueva legislación que tipifica la conducta de las dos personas que causaron disturbios, es que la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) se desistirá de la acción penal”, escribió en su cuenta de Twitter.
Ese mismo día, los tuiteros quedaron en libertad.
Luego de casi un año del caso, el 9 de noviembre pasado la Ley volvió a causar polémica, pues Duarte envió al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal local para sancionar con cárcel de uno a cuatro años de cárcel a quienes emitan falsas alarmas que provoquen psicosis en la población por supuestos ataques de comandos armados, con armas de fuego y sustancias químicas, entre otros, según publicó Proceso.
La iniciativa propone reformar el artículo 373 del Código Penal.
De aprobarse, dijo Proceso, la iniciativa, que fue publicada ya en la Gaceta Oficial, inhibiría a los cibernautas veracruzanos que utilizan las redes sociales para alertar a la ciudadanía sobre balaceras en lugares públicos, así como la existencia y presencia de comandos en municipios de Veracruz, o de los hallazgos de ejecutados que muchas veces no son consignados por las autoridades de justicia y seguridad pública local.
TRAS OLA DE VIOLENCIA, RECRIMINA A PADRES DE FAMILIA
Tras una ola de secuestros registrados en la entidad, el pasado 6 de marzo el gobernador respondió a las críticas vertidas contra el sistema de justicia veracruzano.
Duarte afirmó que los padres de familia son quienes deben responsabilizarse de sus hijos y saber “en qué malos pasos andan” éstos, informó la agencia Apro.
“Las autoridades hacen su labor de cuidar a la población, pero los padres de familia deben acercarse a sus hijos para conocer sus acciones, sus amistades y actividades”, reprochó el mandatario.
“Cada caso obedece a una circunstancia distinta” y muchas veces “se inculpa a la autoridad de que no está haciendo su labor, su trabajo en materia de seguridad publica, pero también es responsabilidad de sus padres saber en qué pasos andan sus hijos”, insistió al ser cuestionado sobre las denuncias que familiares de jóvenes desaparecidos en el estado habían presentado ante las autoridades.
Aunque reconoció que su administración tiene el deber de otorgar seguridad a la ciudadanía, enfatizó en que el Estado “no tiene la capacidad de vigilar a cada uno de los jóvenes en todo el territorio, por eso hay que hacer un exhorto a los padres para que estén pendientes del desarrollo y cuidado de sus hijos”.
La responsabilidad del gobierno del estado es mantener “un ambiente de armonía y tranquilidad” y, en este sentido, “no podemos estar pendientes de cada uno de los jóvenes, de su actividad en lo personal y en su vida individual, esa es una responsabilidad de sus padres”, aseveró.
HURACÁN AZOTA AL ESTADO Y DUARTE, EN EUROPA
El paso del huracán “Ernesto” dejó daños considerables en prácticamente la mitad de los municipios de Veracruz, entidad que, además, en los primeros días de agosto tuvo una escalada de violencia. Sin embargo, el gobernador Javier Duarte de Ochoa se otorgó al menos dos semanas de vacaciones en Europa, lo que ocasionó toda clase de críticas y reclamos.
De acuerdo con la columna Templo Mayor publicada el 10 de agosto pasado, el mandatario veracruzano ni siquiera asistió a una cena que ofreció Enrique Peña Nieto con gobernadores priistas.
Se destacó que mientras mandatarios como el quintanarroense Roberto Borge y el tabasqueño Andrés Granier, no lo hicieron por atender la contingencia de “Ernesto”, no hubo razón alguna para la ausencia de Javier Duarte, quien tampoco se encontraba en Veracruz.
“Eso sí: su oficina informó que el mandatario había ‘ordenado’ activar el sistema estatal de Protección Civil, pero tal vez lo hizo desde alguna tasca de la Gran Vía mientras disfrutaba de un tinto y un jabugo, porque dicen que anda en España de vacaciones”, se planteó en la columna de casa del diario Reforma.
El lunes 13 de agosto, en Política al Día, la periodista Claudia Guerrero denunció no sólo la ausencia del gobernador, quien no solicitó la respectiva licencia al Congreso, sino que su gabinete también trabajó a medio gas durante la ausencia de Duarte de Ochoa:
“Algo que se debía informar e ilógicamente lo ocultaron en Palacio de Gobierno, fue la salida del país del empleado de los veracruzanos Javier Duarte de Ochoa, quien sin empacho y diciéndonos a los ciudadanos: ‘Ahí se ven’, viajó desde el fin de semana pasado al ‘Viejo Continente’, junto con ‘toda’ su familia… Lo indignante de esto, es que el encargado de administrar Veracruz, se fue sin avisar ni notificar a nadie y es el secreto mejor guardado entre sus allegados colaboradores…
“Mientras, sus funcionarios trabajan ‘medios turnos’ o quizá, hasta hacen semana inglesa. Varios, también tomaron vacaciones, por estar ‘cansados’ debido a las campañas presidenciales malogradas… Algunos, no han querido dar la cara, como avestruz en la tierra, como el caso de Gina Domínguez Colío, Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz y vocera de Duarte de Ochoa…”
APOYO INCONDICIONAL A EPN
Luego de que la PGR detuviera a dos colaboradores del gobernador veracruzano, quienes transportaban dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo sin comprobar su origen o su destino, los detractores del priista, sobre todo los blanquiazules, acusaron a Duarte de financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, actual presidente electo.
Incluso el diario Los Ángeles Times reseñó el caso y preguntó: “¿Era ese dinero una infusión secreta para la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la presidencia de la República?”
Esto nunca fue comprobado, pero lo que sí es cierto es el apoyo incondicional que el político ha mostrado por el mexiquense.
A principios de abril, el representante de Acción Nacional ante el Instituto Federal Electoral, Rogelio Carbajal Tejada, presentó una queja contra el mandatario por asistir dentro de horarios y días laborables a diversos actos de campaña del candidato presidencial priista durante sus visitas a Veracruz.
Apenas el 10 de octubre, al poner en marcha el Programa de Ahorro de Energía Adelante, Duarte expresó que con Peña Nieto Veracruz consolidará su desarrollo “porque si hemos avanzado como lo hemos hecho hasta ahora, con el nuevo Presidente todo mejorará para Veracruz y los veracruzanos”.
En el acto también dijo que ha mantenido una comunicación permanente con el ex gobernador del Estado de México, “a quien los veracruzanos le tenemos un especial afecto y reconocimiento”.
Por otro lado, en medio de la polémica desatada por el “Monexgate” y el “Sorianagate” que habrían permitido la presunta coacción del voto a favor del PRI en las pasadas elecciones, el 6 de julio la agencia Apro reveló que apenas en febrero pasado, el gobierno de Javier Duarte otorgó a Tiendas Soriana SA de CV un contrato por 594 millones 342 mil 720 pesos para abastecer de despensas al DIF estatal.
De acuerdo con información publicada en el portal www.blog.expediente.mx del columnista local Luis Velázquez, Soriana se comprometió a abastecer al gobierno priista 596 mil 350 despensas como mínimo y una cantidad máxima de un millón 329 mil 460, reseña Apro.
Además, de una despensa armada para los desayunos escolares con una cantidad mínima de 17 mil 500 y máxima de 42 mil unidades, barras de granola de 30 gramos para los desayunos fríos y demás por una cantidad mínima de 10 millones 106 mil y máxima de 25 millones 102 mil unidades.
La agencia también indicó que en la solicitud de información folio 00105012, respondida por el gobierno veracruzano a través del Sistema Informex-Veracruz, se admitió que Soriana ha sido “la única empresa participante en el concurso”.
En otros hechos, el pasado 17 de junio comenzó a circular un video en YouTube grabado al interior de una bodega que al parecer pertenecía al gobierno local, en la cual había cientos de regalos priistas.
La bodega, de acuerdo con la denuncia, contenía montañas con miles de despensas, sillas, botellas, morrales, cachuchas, colchonetas, paraguas y otros regalos que llevaban el logotipo del PRI y de su entonces candidato presidencial.
Los regalos, que según la denuncia videograbada eran para comprar votos, se hallaban dentro de un edificio en Xalapa que pertenecería a la Secretaría de Educación del gobierno veracruzano.
Días después, el 23 de junio, el PAN en el Senado exigió a Javier Duarte sacar “las manos del proceso electoral” y dejar “de usar los recursos públicos para promover a los candidatos del PRI”.
También pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investigar posibles delitos para coaccionar el voto a favor de candidatos priistas.
PERIODISTAS, LOS MÁS AFECTADOS
Veracruz se ha convertido en una de las entidades de más alto riesgo para el ejercicio periodístico, a pesar de las reiteradas promesas y compromisos del gobierno estatal por esclarecer estos homicidios, que continúan impunes.
De acuerdo con Noé Zavaleta en su texto “Periodistas en Veracruz: acoso, desapariciones, asesinatos…” publicado en Proceso el 5 de noviembre, Javier Duarte “apenas lleva 23 meses como gobernador” y “sus problemas con la prensa se han vuelto ríspidos. Durante su breve gestión han muerto nueve reporteros –entre ellos Regina Martínez, corresponsal del semanario en esta entidad–, tres han desaparecido y 30 más que vivían en Veracruz decidieron desplazarse a otros estados o al extranjero”.
Dicha revista, además, denunció el 25 de septiembre de 2011 que su edición 1821 “fue adquirida por dotaciones completas en las ciudades de Coatzacoalcos, Córdoba, Jalapa y Orizaba.” Dicha publicación incluía un reportaje sobre la violencia que enfrenta el estado.
Para muchos comunicadores y algunas ONG’s existe un severo control y censura en el estado contra los periodistas.
El 5 de junio pasado la agencia Apro afirmó que Maryjose Gamboa, conductora del noticiero de televisión Meganoticias y locutora de Grupo FM, habría sido despedida de la empresa Megacable por órdenes de Gina Domínguez, presuntamente porque la comunicadora fue la única periodista de televisión que dio puntual seguimiento a los asesinatos de reporteros durante la actual administración estatal. Sin embargo, el gobierno negó esta información y aseguró que no intervino en el cese de la mujer.
Dos días después, Domínguez anunció la creación de la Comisión para la Atención y Defensa de los Periodistas del Estado de Veracruz, en el Día de la Libertad de Expresión.
Otro acto similar fue denunciado por la revista Proceso el 8 de octubre, cuando reveló que el gobernador presuntamente “explotó contra periodistas extranjeros y contra la organización PEN International (El Club Internacional de Escritores)” por exigir justicia por los asesinatos de nueve reporteros y la desaparición de otros tres.
“El pasado sábado 6 de octubre, Duarte de Ochoa ordenó llamar a los periodistas extranjeros Peter Godwin, Ed Vulliamy y Jon Lee Anderson para recriminarles los posicionamientos que hicieron durante sus pláticas y las declaraciones que dieron a la prensa escrita local y nacional. Encerrados en un salón ejecutivo del Hotel Crowne Plaza Xalapa, los tres periodistas fueron citados sin saber de qué se trataba la reunión”, dijo Proceso.
Los periodistas exigieron, durante la realización del Hay Festival 2012, que se aclararan los asesinatos y desapariciones de comunicadores en la entidad, considerada la más peligrosa de México para ejercer el periodismo, y una de las peores en el mundo.
Apenas el pasado 15 de octubre la organización no gubernamental, Artículo 19 emitió su informe de agresiones contra periodistas y medios en México, enero-septiembre 2012, revelando que Veracruz enfrentó 24 casos y manifestó:
“Periodistas de distintos medios consultados por ARTICLE 19 coinciden en que la relación con el gobierno estatal ha sido sumamente complicada desde la llegada de Javier Duarte a la administración y la designación de Gina Domínguez a la Coordinación General de Comunicación Social. Existe un excesivo control del gobierno estatal sobre la información que circula en los medios, particularmente la que tiene que ver con temas de seguridad pública y delincuencia organizada, la cual frecuentemente es confirmada desde fuera del estado, pues las instancias correspondientes la niegan sistemáticamente”.
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