viernes, octubre 12, 2012

Piden ciudadanizar nombramientos del IFE


Rolando Ramos / El Economista

La Cámara de Diputados analiza un paquete de reformas a la Constitución, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para blindar el procedimiento de designación de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

Se propone que dicho nombramiento incluya una convocatoria pública, donde la consulta a la sociedad sea irrenunciable y obligatoria; que se dé certeza al procedimiento mediante la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, con 30 días previos a la salida de los consejeros que terminan su encargo y que las omisiones puedan ser impugnadas ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El proyecto promovido por el PRD plantea también que con base en los principios de legalidad, certeza, igualdad y objetividad sean impugnables los actos y las resoluciones del IFE en la integración de sus consejos locales y distritales.

La iniciativa plantea la necesidad de establecer en la ley que rebasar topes de gastos de campaña será causa de nulidad de la elección de diputados, senadores y Presidente, así como ajustar plazos para la fiscalización de recursos de los partidos para la resolución de los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración respectivos.

“El rebase en los topes de gastos de campaña necesita una sanción ejemplar en nuestro sistema electoral. El manejo de los recursos públicos destinados a las competencias electorales es un asunto de interés público que no merece ser transparentado al año siguiente en que se celebran las elecciones”, cita la propuesta.

En ese contexto, se sugiere instaurar informes mensuales y ajustar el procedimiento para la presentación y revisión de los mismos, además de fijar nuevos plazos para la resolución de los medios de impugnación que se interponen para anular la votación recibida en casilla o la nulidad de una elección.

“No hacerlo así traería como consecuencia una reforma sustantiva, pero ineficaz”, concluye el proyecto en su exposición de motivos.

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