miércoles, octubre 10, 2012

Exige familia de Ema Molina justicia; acusa detención irregular y desaparición de sus hijos


La señora Ema Gabriela Molina Canto está recluida en el Centro de Readaptación Social de Tabasco gracias a las influencias y relaciones políticas con altos funcionarios del gobierno de Tabasco, del empresario y contador público Martín Alberto Medina Sonda.

Angélica Melín Campos / Noticias MVS

Las influencias y relaciones políticas con altos funcionarios del gobierno de Tabasco, del empresario y contador público Martín Alberto Medina Sonda, tienen a la señora Ema Gabriela Molina Canto recluida en el Centro de Readaptación Social del Estado (Creset), y a sus tres hijos en calidad de “desaparecidos”, denunciaron sus familiares.

Los allegados a Ema Gabriela, que pidieron guardar el anonimato por temor a mayores represalias, relataron que ésta fue detenida en el mes de mayo de 2012, de manera irregular y con lujo de violencia en Yucatán, para ser trasladada a Tabasco, acusada de un delito menor que le permitía quedar libre bajo fianza.

Acusada por su propio esposo por la presunta “retención indebida” de una camioneta, propiedad de la firma denominada Consultores Jurídicos y Fiscales de México, y que él mismo le otorgó para uso familiar, a Ema Gabriela se le negó el derecho a pagar la fianza, no se le notificó el monto y tampoco le indicaron el motivo de la detención, hasta que fue ingresada al Creset.

Las autoridades tabasqueñas le dijeron a sus familiares que no podían liberarla ni fijarle el monto de la fianza, por orden de su esposo.

Ello se debe, puntualizaron, a que el contador Medina Sonda tiene gran poder en Tabasco, gracias a sus lazos cercanos con el Secretario de Finanzas local, José Manuel Saiz Pineda.

De acuerdo a notas periodísticas de seguimiento al caso, publicadas en los portales de los periódicos tabasqueños La Verdad del Sureste, Tabasco Hoy; Por Esto!, de Yucatán y el semanario Proceso, Medina Sonda es socio y prestanombres de Sainz Pineda.

A éste último, se le involucra en manejos irregulares de recursos y acusaciones por lavado de dinero, ello en relación a la compra de terrenos y viviendas para los damnificados de las inundaciones del 2007.

De hecho, en octubre del 2008, el entonces diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adán Augusto López, denunció a Saiz por fraude, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y otras faltas.

Los familiares recordaron que los nombres de Medina Sonda y de propio Saiz Pineda, no le son desconocidos a la Procuraduría General de la República (PGR), pues a finales de noviembre del 2007, el contador estuvo involucrado en el caso de la avioneta incautada en Mérida, Yucatán, por miembros del Ejército.

El 22 de noviembre de ese año, militares revisaron la avioneta tipo Cessna 340, matrícula XB-CSO, donde localizaron 8 millones de pesos en efectivo que presuntamente serían utilizados para la compra de terrenos en Yucatán.

Los dos tripulantes no pudieron acreditar el origen del dinero, que según las indagatorias, resultó ser propiedad de Medina Sonda, socio junto con el Secretario de Administración y Finanzas del gobierno tabasqueño, de la Sociedad Solidaridad para el trabajo, Sociedad de Solidaridad Social, “Triple S”. Por ello, la PGR abrió una averiguación previa por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con ese historial a cuestas, el empresario emprendió en 2010, el juicio de divorcio y el incidente de Guarda y Custodia de los tres hijos procreados con Ema, en juzgados de Yucatán.

Aunque alegó maltrato infantil y abandono de personas en perjuicio de los tres menores, las denuncias no procedieron y se determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de la madre, que también obtuvo, el 17 mayo de 2012, la guarda y custodia provisional de los infantes; así como la prohibición de que el padre los sacara de territorio yucateco.

Después de ese pleito civil, Ema Gabriela fue denunciada por la retención de una camioneta en tierra tabasqueña, cuando tenían más de dos años viviendo en Yucatán. 

Los afectados puntualizaron que en la denuncia interpuesta en Tabasco, el esposo dio un domicilio “fantasma” para notificar a la señora Molina, que por esa razón, no se enteró de los cargos que se le imputaban, sino hasta después de ser aprehendida y recluida.

El 25 de mayo de 2012, día de la aprehensión en Yucatán, el empresario y contador se presentó en la escena de los hechos para tomar a los tres hijos y llevárselos con rumbo desconocido, sin que hasta la fecha se conozca su paradero, agregaron.

Calificaron como “simulados e inexistentes” los delitos y faltas imputadas a Ema Gabriela, que obtuvo un amparo por la negativa de la autoridad a fijar la fianza para enfrentar el juicio en libertad provisional, por estar acusada de un delito menor. Sin embargo, sigue presa y sin saber del paradero de los tres niños, recalcaron.

Los afectados consideraron que Ema es víctima de una “aberración jurídica, dada la corrupción, tráfico de influencias e impunidadde las autoridades judiciales del Estado de Tabasco, debido alas influencias del señor Martín Alberto Medina Sonda”.

Agregaron que al revisar la causa penal abierta en su contra en el Juzgado Tercero Penal del Estado de Tabasco, salen a la luz las violaciones a sus garantías individuales, entre otras, el rechazo a fijarle la fianza.

Aunado a la demanda por la retención de la camioneta, el empresario Medina Sonda revivió en Tabasco el juicio para obtener la custodia provisional de los tres hijos en común, pese a que esa misma causa había sido desechada en Yucatán.

Con la madre de sus hijos encarcelada, acudió al Juzgado Primero de lo Familiar en Tabasco, que le concedió la petición, gracias a sus buenas relaciones con el gobierno a cargo del priístaAndrés Granier, lamentaron los familiares.

Por todo lo anterior, consideraron que Ema fue privada ilegalmente de la libertad y acosada con distintas acusaciones penales y civiles, con el propósito de separarla de sus hijos, uno de los cuales presenta un problema crónico de salud que requiere atención especial, relataron.

Al demandar el auxilio de la autoridad federal frente al proceder irregular y violatorio de la justicia tabasqueña, los denunciantes lanzaron un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que su caso se resuelva conforme a derecho, se haga valer la garantía de la libertad bajo caución, se respete el fallo de la autoridad yucateca que le concedió la custodia de los hijos y se finquen las responsabilidades correspondientes contra quienes hayan actuado de manera dolosa en su contra.

Incluso, denunciaron que las autoridades judiciales tabasqueñas, le ofrecieron a modo de trato al margen de la ley, que firmara la entrega de la custodia de los menores a favor de su cónyuge, a cambio de quedar libre de acusaciones y recuperar su libertad.

En el transcurso de los meses, entre demandas, apelaciones, medidas provisionales y ataques legales, la familia logró contactar al Director General de Prevención del Delito de la PGR, José Zamora Grant, quien ofreció apoyo y solicitó por escrito al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Rodolfo Campos Montejo, que sometiera a revisión el caso de la señora Molina Canto.

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