Jesusa Cervantes / Proceso
Con excepción del PRI, todos los partidos representados en la Cámara de Diputados cuestionaron el “documento de trabajo” relativo a la reforma laboral que elaboró la Secretaría Técnica de la Comisión del Trabajo, el cual modifica, en la parte sustancial, la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo federal.
Durante cinco horas, los representantes de los partidos discutieron de manera “temática” el documento sin entrar al articulado de la reforma; después de ello, de manera sorpresiva se suspendió la sesión; la discusión de fondo y la elaboración del dictamen final se pospusieron para este miércoles; el jueves 27 de septiembre será entregado al pleno.
Los temas de conflicto para los partidos fueron, en primer término, la desaparición de la rendición de cuentas de los sindicatos. Sólo el PRI habló para justificar el punto: sostuvo que haber dejado en el documento este tema violaría el artículo 123 de la Constitución y los legisladores deben ser los primeros en no caer en ello.
El priista Héctor Gutiérrez de la Garza, diputado de mayoría por Nuevo León, alegó que “el derecho de huelga, la autonomía sindical y la libre asociación, son aspectos que vienen en la Constitución, y la iniciativa de Calderón sí viola el (artículo) 123. Pero aquí dictaminamos no la iniciativa preferente del Ejecutivo, sino un documento de trabajo”.
Aldana se molestó por los cuestionamientos del resto de los partidos a la eliminación de dicha propuesta de Calderón; y aclaró que los derechos alcanzados por los trabajadores, como reunirse en un sindicato, no son una dádiva, sino una conquista; y sostuvo que si hay paz y estabilidad laboral en el país es gracias a los trabajadores y a los líderes sindicales.
En el mismo sentido se pronunció el dirigente sindical Fidel Pacheco.
Todos los diputados cuestionaron el tema, sin embargo, únicamente la diputada del Movimiento Ciudadano, María Luisa Alcalde Luján, enfrentó a los priistas. Dijo claramente que es una falacia que se viole el artículo 123 de la Constitución al exigir el rendimiento de cuentas de los sindicatos:
“No viola el 123 porque no se habla de la conducción interna de los sindicatos, lo que pedimos es que los contratos colectivos de trabajo sean públicos; no se habla de injerir en los sindicatos. No nos dejemos apantallar de que se viola la Constitución porque nada tiene que ver”.
Luego, Gutiérrez de la Garza habló de las bondades de los nuevos tipos de contratación que sí se incluyen en el documento de trabajo, como son, los de tiempo determinado, tiempo indeterminado, por temporada y a prueba. Sostuvo que en este último no es a juicio del patrón establecer si el trabajador, luego de la prueba, merece ser contratado, sino de una comisión mixta.
La ola de críticas al documento de trabajo la inició el Partido Nueva Alianza (Panal), a través de su diputado José Caamal Mena, quien aceptó que sí se debe incentivar la competitividad “pero no por encima de los derechos de los trabajadores”.
Especificó que existen “indefiniciones” en el documento de trabajo y puntos en los que están en contra, como por ejemplo, que en un juicio por reinstalación que dure más de 12 meses y si el trabajador lo gana, el patrón sólo le pague un año por sueldos caídos.
La diputada del MC, María Luisa Alcalde Luján, se pronunció igualmente en contra en este punto; y sostuvo que este tipo de actos sólo orillan al trabajador a “negociar” el despido con el patrón.
El Panal cuestionó también que en un despido se le notifique al trabajador vía mensajería o Internet, “y ello sí viola el 123, pues la notificación debe ser de manera personal, porque es la certeza que tiene el trabajador para una demanda laboral posterior”. Además, se están violando los principios de “celeridad, inmediatez y gratuidad para el trabajador al pretender desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje”.
Adolfo Orive, del PT, enumeró los artículos en los que están en contra; y en lo que se refiere a los que tienen que ver con la notificación de despido calificó de “injusto que la junta sea la que avise, pues debe ser de manera directa al trabajador. Igualmente cuestionó que se paguen sólo 12 meses como salarios caídos, cuando se gane la reinstalación laboral”, y reprobó la eliminación de la rendición de cuentas a los sindicatos.
Agradeció que en la subcontratación, mejor conocida como outsourcing, se hayan establecido los candados que el Frente Legislativo Progresista propuso, y que son la no injerencia en la materia de trabajo o con el objeto social de la empresa que contrata.
El Frente Legislativo Progresista pidió la eliminación del contrato por hora. Incluir la transparencia de los contratos colectivos de trabajo y acabar con los sindicatos blancos, es decir, que cuando el trabajador se contrate no preexista un sindicato al cual, de manera automática, se le afilie. También cuestionó que la promoción laboral sea “a juicio del patrón”.
“Se está partiendo de una falsedad, de que hay un escalafón ciego, pero eso no es cierto porque no existe, sólo se da en el apartado B del 123 (los sindicatos que afilian a la burocracia estatal o federal como el sindicato de maestros o el de los petroleros)”, sostuvo Alcalde Luján.
El PAN, mediante Jesús Torres, centró su crítica en que se haya mutilado la iniciativa de Calderón eliminando todo lo que tiene que ver con el sindicalismo y su rendición de cuentas.
En tanto que la también panista Estela Quintana Sánchez cuestionó que estén criticando la “flexibilidad laboral”; y consideró que los diputados consideren que es para “darle armas al empleador en contra del trabajador”.
La secundó el panista Alfredo Zamora, quien dijo que de lo que se trata es de que reglamentar lo que ya existe en la práctica pero en cambio sigue permaneciendo la jornada de ocho horas, la prohibición al trabajo de menores de 14 años, que la jornada laboral nocturna sea de siete horas.
Después de cinco horas los diputados sólo fijaron su posición y será hasta este miércoles cuando se entre al fondo de la discusión.
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