José Blanco
El final fue el retorcimiento cuasi orgásmico del cuerpo de Luna Ramos, presidente del tribunal electoral, su mirada embelesada y su sonrisa servil, al hacer entrega a EPN de su constancia de presidente electo. Bien pudo haberle dicho al oído al ungido: ¡misión cumplida!
Lo tenía prometido desde el 2 de julio, al expresarlo públicamente para tranquilidad del partido que está de vuelta y para su candidato. Pero el papelito que EPN recibía era sólo el último eslabón de una larga cadena de miles y miles de acciones cometidas por todos los intereses conjugados, durante la campaña, para llevar a su candidato a la foto para la cual Luna no hizo ni el menor intento de recato.
Debe quedar constancia, para la memoria histórica, que el tribunal electoral se negó a hacer la más mínima consideración sobre la validez constitucional de la elección. Se negó a hacer un aporte explícito para el futuro de la sociedad: son éstas y estas otras las razones y los argumentos del tribunal para considerar constitucionalmente libres y auténticas las elecciones de julio. Nos pudo haber dado sus argumentos; de todos modos su sentencia fue unánime y es definitiva e inatacable.
Pero esos argumentos habrían sido la puerta para dar paso a un debate, en particular entre expertos constitucionalistas y electoralistas, que permitiera una reforma más que abrogue esa vergonzosa ley que prevé investigar y emitir fallos por violaciones a la misma mucho después que el elegido ha cambiado su domicilio a Los Pinos, y que además permite que gane el candidato que cuente con más dinero, no importa cuánto: no es causal de nulidad. Disposiciones cínicas sí las hay.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dicho que no reconoce la sentencia del tribunal electoral. Se trata de una manifestación política simbólica que no tiene efecto inmediato legal ninguno. También dijo que la desobediencia civil es un honroso deber, cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y la felicidad del pueblo. Como era de esperarse, múltiples opiniones afines al statu quo, han vilipendiado estas declaraciones.
Con estos planteamientos AMLO no está cometiendo criminales comportamientos. El filósofo alemán Jürgen Habermas afirma: “La desobediencia civil, por sus características esenciales, se desenvuelve dentro del marco constitucional del Estado democrático, en la medida en que busca configurar de una manera no convencional la voluntad política colectiva (énfasis en el original), para lo cual los desobedientes deben fundamentar su posición en argumentos que puedan ser objeto de un consenso y no en convicciones privadas del mundo, a pesar de que ambos aspectos pueden coincidir. Entonces, la desobediencia civil busca identificarse precisamente con los principios políticos comúnmente compartidos que sirven de fundamento a los Estados democráticos”. (http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras22/textos2/sec_1.html).
AMLO tiene que reunir entonces el consenso de un grupo social suficientemente significativo, acompañado de un consistente estudio de expertos en la materia, a efecto de que el Poder Legislativo lleve a cabo las reformas legales que garanticen la imposibilidad de que un tribunal constitucional pueda pasar por encima de la propia Constitución Política.
La desobediencia social, en tal sentido, no parece poder ser llevada a otros campos de la vida social y política. Lo cual no significa que no pueda continuar luchando por la justicia social por todos los medios (legales).
Morena debe terminar con la esquizofrenia política, como quiere Jesús Ortega, y formar un partido. Ojalá grupos y tribus cesen de insultarse y cada uno trabaje por lo que cree. Decía Reforma el pasado sábado: Zambrano informó a su colegas y aliados que AMLO anunciaría el domingo la conversión de Morena en partido (no ocurrió así), y que le pidió no tomarlo como una ruptura con el PRD, el PT o el Movimiento Ciudadano, que lo impulsaron a la Presidencia dos veces. La lectura inversa es más correcta: AMLO llevó a un número significativo de miembros de esos partidos al Poder Legislativo y a algunas gubernaturas. Esto cesaría y cada uno a lo suyo.
El tema lleva riesgos: AMLO puede convertirse en el dirigente carismático eterno de Morena. Sería una desgracia más sobre la inmensa república de los pobres. Sólo el propio AMLO y las reglas que se den a sí mismos pueden evitarlo. Otro riesgo es permanecer indefinidamente en la atomización de las izquierdas, que a su vez se hallan fraccionadas. Por lo pronto, unos que sigan con su política de aparato y otros que trabajen con el pueblo a largo plazo.
Derechas e izquierdas, supongo, saben que el país atraviesa un alto riesgo. Un estado de derecho paupérrimo: la impunidad se ha apropiado de la justicia; la corrupción avanza incontenible; la desigualdad social se halla en límites intolerables; la ingobernabilidad nos gobierna; las matanzas no paran; el déficit de ciudadanía es inconmensurable; la educación es la debacle; la discriminación de los indios y, en general, de los pobres es inenarrable…
El final fue el retorcimiento cuasi orgásmico del cuerpo de Luna Ramos, presidente del tribunal electoral, su mirada embelesada y su sonrisa servil, al hacer entrega a EPN de su constancia de presidente electo. Bien pudo haberle dicho al oído al ungido: ¡misión cumplida!
Lo tenía prometido desde el 2 de julio, al expresarlo públicamente para tranquilidad del partido que está de vuelta y para su candidato. Pero el papelito que EPN recibía era sólo el último eslabón de una larga cadena de miles y miles de acciones cometidas por todos los intereses conjugados, durante la campaña, para llevar a su candidato a la foto para la cual Luna no hizo ni el menor intento de recato.
Debe quedar constancia, para la memoria histórica, que el tribunal electoral se negó a hacer la más mínima consideración sobre la validez constitucional de la elección. Se negó a hacer un aporte explícito para el futuro de la sociedad: son éstas y estas otras las razones y los argumentos del tribunal para considerar constitucionalmente libres y auténticas las elecciones de julio. Nos pudo haber dado sus argumentos; de todos modos su sentencia fue unánime y es definitiva e inatacable.
Pero esos argumentos habrían sido la puerta para dar paso a un debate, en particular entre expertos constitucionalistas y electoralistas, que permitiera una reforma más que abrogue esa vergonzosa ley que prevé investigar y emitir fallos por violaciones a la misma mucho después que el elegido ha cambiado su domicilio a Los Pinos, y que además permite que gane el candidato que cuente con más dinero, no importa cuánto: no es causal de nulidad. Disposiciones cínicas sí las hay.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dicho que no reconoce la sentencia del tribunal electoral. Se trata de una manifestación política simbólica que no tiene efecto inmediato legal ninguno. También dijo que la desobediencia civil es un honroso deber, cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y la felicidad del pueblo. Como era de esperarse, múltiples opiniones afines al statu quo, han vilipendiado estas declaraciones.
Con estos planteamientos AMLO no está cometiendo criminales comportamientos. El filósofo alemán Jürgen Habermas afirma: “La desobediencia civil, por sus características esenciales, se desenvuelve dentro del marco constitucional del Estado democrático, en la medida en que busca configurar de una manera no convencional la voluntad política colectiva (énfasis en el original), para lo cual los desobedientes deben fundamentar su posición en argumentos que puedan ser objeto de un consenso y no en convicciones privadas del mundo, a pesar de que ambos aspectos pueden coincidir. Entonces, la desobediencia civil busca identificarse precisamente con los principios políticos comúnmente compartidos que sirven de fundamento a los Estados democráticos”. (http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras22/textos2/sec_1.html).
AMLO tiene que reunir entonces el consenso de un grupo social suficientemente significativo, acompañado de un consistente estudio de expertos en la materia, a efecto de que el Poder Legislativo lleve a cabo las reformas legales que garanticen la imposibilidad de que un tribunal constitucional pueda pasar por encima de la propia Constitución Política.
La desobediencia social, en tal sentido, no parece poder ser llevada a otros campos de la vida social y política. Lo cual no significa que no pueda continuar luchando por la justicia social por todos los medios (legales).
Morena debe terminar con la esquizofrenia política, como quiere Jesús Ortega, y formar un partido. Ojalá grupos y tribus cesen de insultarse y cada uno trabaje por lo que cree. Decía Reforma el pasado sábado: Zambrano informó a su colegas y aliados que AMLO anunciaría el domingo la conversión de Morena en partido (no ocurrió así), y que le pidió no tomarlo como una ruptura con el PRD, el PT o el Movimiento Ciudadano, que lo impulsaron a la Presidencia dos veces. La lectura inversa es más correcta: AMLO llevó a un número significativo de miembros de esos partidos al Poder Legislativo y a algunas gubernaturas. Esto cesaría y cada uno a lo suyo.
El tema lleva riesgos: AMLO puede convertirse en el dirigente carismático eterno de Morena. Sería una desgracia más sobre la inmensa república de los pobres. Sólo el propio AMLO y las reglas que se den a sí mismos pueden evitarlo. Otro riesgo es permanecer indefinidamente en la atomización de las izquierdas, que a su vez se hallan fraccionadas. Por lo pronto, unos que sigan con su política de aparato y otros que trabajen con el pueblo a largo plazo.
Derechas e izquierdas, supongo, saben que el país atraviesa un alto riesgo. Un estado de derecho paupérrimo: la impunidad se ha apropiado de la justicia; la corrupción avanza incontenible; la desigualdad social se halla en límites intolerables; la ingobernabilidad nos gobierna; las matanzas no paran; el déficit de ciudadanía es inconmensurable; la educación es la debacle; la discriminación de los indios y, en general, de los pobres es inenarrable…
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