Isaín Mandujano / Apro
En el ocaso de su administración, el gobernador chiapaneco Juan Sabines Guerrero pidió al pleno del Congreso del Estado autorización para gestionar ante la banca pública un nuevo crédito hasta 5 mil millones de pesos.
De autorizarse el nuevo empréstito, Sabines Guerrero heredará a su sucesor, Manuel Velasco, una deuda superior a 20 mil millones de pesos.
Según el documento, el dinero se utilizará para garantizar el cierre de la administración sabinista y el arranque de su sucesor Manuel Velasco Coello.
El miércoles pasado, el Poder Ejecutivo envió al Congreso del Estado un paquete de 23 iniciativas de reformas a la Constitución, a leyes secundarias, así como decretos que han empezado a causar polémica porque pretende, a todas luces, no sólo ampliar el endeudamiento público estatal, sino prorrogar el proceso de transición gubernamental, garantizar la labor a cientos de burócratas que ingresaron en puntos claves de la administración estatal.
Además, propuso crear un fideicomiso que afectará recursos federales de ayuntamientos para garantizar el pago del consumo de energía eléctrica a la empresa productora de energía eólica, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ubicada en el municipio de Arriaga, a principios de este año, entre otras acciones legislativas que no han sido dadas a conocer previamente, ni siquiera a los 40 diputados locales.
El paquete de las 23 iniciativas legislativas estaba previsto para que se aprobara el lunes 10 de septiembre, sin embargo se pospuso para el viernes 14 de septiembre, en pleno puente vacacional en Chiapas, que iniciará el jueves 13 de septiembre con la gesta de los Niños Héroes y concluirá el lunes 17.
Las iniciativas todas han sido guardadas celosamente, incluso a la mayoría de los 40 diputados locales no se les han dado acceso al total de ellas.
La solicitud del nuevo crédito se denomina “Iniciativa de decreto por el que se constituye el Fideicomiso para el cierre inicio de la administración pública estatal”. A pesar de que está fechada el 29 de agosto de 2012, la mayoría de los legisladores aún no tiene acceso a ella.
En el documento Sabines pide al Congreso del Estado autorización para que “a través de de la Secretaría de Hacienda constituya un fideicomiso irrevocable para la instrumentación financiera, mismo que tendrá como objetivo, entre otros, auxiliar en el adecuado cierre administrativo y presupuestal, y la recepción e inicio de la administración pública estatal, denominado Fideicomiso de Cierre e Inicio de la Administración Pública Estatal (Fidecia)”.
El artículo 2 del decreto Sabines apunta: “Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, en términos de los artículos 10 y 11 del Código de Hacienda Pública para el estado de Chiapas para que por conducto de la Secretaría de Hacienda se afecte y comprometa irrevocablemente como fuente y/o garantía de pagos de los financiamientos o empréstitos de largo plazo que el estado contrate durante la vida de este instrumento con base en el presente decreto, en primer lugar los ingresos derivados de los remanentes provenientes de la bursatilización del Impuesto Sobre Nóminas, en los términos y condiciones establecidos en el contrato celebrado al amparo del Decreto 177 por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, a construir el Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago 635 publicado en el Periódico Oficial del 16 de mayo de 2007; en segundo lugar, el porcentaje necesario y suficiente de los ingresos que en participaciones federales correspondan al Estado de Chiapas”.
Sin embargo, es en el artículo 3 donde hace mención al nuevo crédito: “Se autoriza al Ejecutivo del estado por conducto de la Secretaría de Hacienda para que a través del Fidecia lleve a cabo la contratación de uno o varios financiamientos por un monto de hasta $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos) más intereses, reservas, comisiones, accesorios y gastos financieros inherentes a este tipo de estructuras, por un plazo de entre 20 y hasta 30 años, cuyo pago de principal estará garantizado, entre otros, por las aportaciones que realice el gobierno del estado al patrimonio del mismo, mediante un esquema en el que el estado pagará, únicamente los intereses durante la vigencia de los mismos, y al término se amortizará la totalidad del principal o capital con el recursos invertido en el Fideicomiso que en el presente decreto se autoriza, los cuales serán aplicados y destinados en términos de los artículos 379, 435 y 436 del Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas”.
Así también, en el artículo 6, se pide autorizar al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que través de la Secretaría de Hacienda, pueda “realizar las contrataciones y llevar a cabo las erogaciones que resulten necesarias para pagar los gastos de constitución, modificación, operación, estructuración, reservas y, en general, cualesquier otros asociados al Fideicomiso, a la contratación de los financiamientos, la calificación de los financiamientos y/o la contratación de las asesorías requeridas para la instrumentación de los actos autorizados al amparo del presente decreto”.
El decreto de la autorización no ha sido aprobado por el pleno del Congreso del Estado, que podría sesionar el próximo viernes 14 como se tiene previsto, pero éste ya está firmado por la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo con fecha del 7 de septiembre.
En el documento aparece la firma de los diputados locales Ricardo Serrano Pino, presidente de la Comisión de Hacienda, lo mismo que la de los diputados Romeo Moscoso Loranca y Georgina Elizabeth Aguilera.
Sin la firma aparecen los nombres de los diputados locales Aquiles Espinosa García, Elisa López López, María Candelaria Molina Zepeda y Marlene Catalina Herrera Díaz.
Según un reportaje de la revista Proceso publicado el 9 de agosto pasado, después de estar en el lugar 21 de endeudamiento público en 2006, Chiapas pasó el siguiente año al segundo lugar nacional.
De acuerdo con los periódicos oficiales del estado, en febrero de 2008 Sabines pidió 658 millones 901 mil 980 pesos y en febrero de 2009, más 409 millones 320 mil pesos. En diciembre de ese mismo año pidió al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otros 2 mil millones de pesos.
En 2010 no hay registro de endeudamiento, pero en junio de 2011 pidió 4 mil 863 millones 774 mil 37 pesos. En diciembre de ese año solicitó a los diputados endeudar a Chiapas por otros 5 mil 469 millones de pesos. Esta deuda se bursatilizó a través del grupo financiero Invex.
El más reciente crédito financiero que solicitó Sabines Guerrero al pleno del Congreso estatal fue de mil 25 millones 598 mil 382 pesos. Al igual que todos los montos anteriores más altos, se solicitó con un plazo máximo de amortización de 20 años con Banobras.
La solicitud al Congreso llegó el 15 de mayo de 2012; dos días después los diputados chiapanecos ya habían dado su anuencia.
Ese 17 de mayo el diputado local perredista Roberto Serrano Pino afirmaba que la deuda de Chiapas, antes de esta nueva solicitud, era de 9 mil 978.7 millones de pesos.
Sin embargo, al corte del primer trimestre de 2012 la Secretaría de Hacienda reportó en su página en internet una deuda chiapaneca de más de 15 mil 488 millones de pesos, a lo que se sumaron los más de mil millones autorizados en mayo: 16 mil 513 millones de pesos.
En el ocaso de su administración, el gobernador chiapaneco Juan Sabines Guerrero pidió al pleno del Congreso del Estado autorización para gestionar ante la banca pública un nuevo crédito hasta 5 mil millones de pesos.
De autorizarse el nuevo empréstito, Sabines Guerrero heredará a su sucesor, Manuel Velasco, una deuda superior a 20 mil millones de pesos.
Según el documento, el dinero se utilizará para garantizar el cierre de la administración sabinista y el arranque de su sucesor Manuel Velasco Coello.
El miércoles pasado, el Poder Ejecutivo envió al Congreso del Estado un paquete de 23 iniciativas de reformas a la Constitución, a leyes secundarias, así como decretos que han empezado a causar polémica porque pretende, a todas luces, no sólo ampliar el endeudamiento público estatal, sino prorrogar el proceso de transición gubernamental, garantizar la labor a cientos de burócratas que ingresaron en puntos claves de la administración estatal.
Además, propuso crear un fideicomiso que afectará recursos federales de ayuntamientos para garantizar el pago del consumo de energía eléctrica a la empresa productora de energía eólica, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ubicada en el municipio de Arriaga, a principios de este año, entre otras acciones legislativas que no han sido dadas a conocer previamente, ni siquiera a los 40 diputados locales.
El paquete de las 23 iniciativas legislativas estaba previsto para que se aprobara el lunes 10 de septiembre, sin embargo se pospuso para el viernes 14 de septiembre, en pleno puente vacacional en Chiapas, que iniciará el jueves 13 de septiembre con la gesta de los Niños Héroes y concluirá el lunes 17.
Las iniciativas todas han sido guardadas celosamente, incluso a la mayoría de los 40 diputados locales no se les han dado acceso al total de ellas.
La solicitud del nuevo crédito se denomina “Iniciativa de decreto por el que se constituye el Fideicomiso para el cierre inicio de la administración pública estatal”. A pesar de que está fechada el 29 de agosto de 2012, la mayoría de los legisladores aún no tiene acceso a ella.
En el documento Sabines pide al Congreso del Estado autorización para que “a través de de la Secretaría de Hacienda constituya un fideicomiso irrevocable para la instrumentación financiera, mismo que tendrá como objetivo, entre otros, auxiliar en el adecuado cierre administrativo y presupuestal, y la recepción e inicio de la administración pública estatal, denominado Fideicomiso de Cierre e Inicio de la Administración Pública Estatal (Fidecia)”.
El artículo 2 del decreto Sabines apunta: “Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, en términos de los artículos 10 y 11 del Código de Hacienda Pública para el estado de Chiapas para que por conducto de la Secretaría de Hacienda se afecte y comprometa irrevocablemente como fuente y/o garantía de pagos de los financiamientos o empréstitos de largo plazo que el estado contrate durante la vida de este instrumento con base en el presente decreto, en primer lugar los ingresos derivados de los remanentes provenientes de la bursatilización del Impuesto Sobre Nóminas, en los términos y condiciones establecidos en el contrato celebrado al amparo del Decreto 177 por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, a construir el Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago 635 publicado en el Periódico Oficial del 16 de mayo de 2007; en segundo lugar, el porcentaje necesario y suficiente de los ingresos que en participaciones federales correspondan al Estado de Chiapas”.
Sin embargo, es en el artículo 3 donde hace mención al nuevo crédito: “Se autoriza al Ejecutivo del estado por conducto de la Secretaría de Hacienda para que a través del Fidecia lleve a cabo la contratación de uno o varios financiamientos por un monto de hasta $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos) más intereses, reservas, comisiones, accesorios y gastos financieros inherentes a este tipo de estructuras, por un plazo de entre 20 y hasta 30 años, cuyo pago de principal estará garantizado, entre otros, por las aportaciones que realice el gobierno del estado al patrimonio del mismo, mediante un esquema en el que el estado pagará, únicamente los intereses durante la vigencia de los mismos, y al término se amortizará la totalidad del principal o capital con el recursos invertido en el Fideicomiso que en el presente decreto se autoriza, los cuales serán aplicados y destinados en términos de los artículos 379, 435 y 436 del Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas”.
Así también, en el artículo 6, se pide autorizar al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que través de la Secretaría de Hacienda, pueda “realizar las contrataciones y llevar a cabo las erogaciones que resulten necesarias para pagar los gastos de constitución, modificación, operación, estructuración, reservas y, en general, cualesquier otros asociados al Fideicomiso, a la contratación de los financiamientos, la calificación de los financiamientos y/o la contratación de las asesorías requeridas para la instrumentación de los actos autorizados al amparo del presente decreto”.
El decreto de la autorización no ha sido aprobado por el pleno del Congreso del Estado, que podría sesionar el próximo viernes 14 como se tiene previsto, pero éste ya está firmado por la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo con fecha del 7 de septiembre.
En el documento aparece la firma de los diputados locales Ricardo Serrano Pino, presidente de la Comisión de Hacienda, lo mismo que la de los diputados Romeo Moscoso Loranca y Georgina Elizabeth Aguilera.
Sin la firma aparecen los nombres de los diputados locales Aquiles Espinosa García, Elisa López López, María Candelaria Molina Zepeda y Marlene Catalina Herrera Díaz.
Según un reportaje de la revista Proceso publicado el 9 de agosto pasado, después de estar en el lugar 21 de endeudamiento público en 2006, Chiapas pasó el siguiente año al segundo lugar nacional.
De acuerdo con los periódicos oficiales del estado, en febrero de 2008 Sabines pidió 658 millones 901 mil 980 pesos y en febrero de 2009, más 409 millones 320 mil pesos. En diciembre de ese mismo año pidió al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otros 2 mil millones de pesos.
En 2010 no hay registro de endeudamiento, pero en junio de 2011 pidió 4 mil 863 millones 774 mil 37 pesos. En diciembre de ese año solicitó a los diputados endeudar a Chiapas por otros 5 mil 469 millones de pesos. Esta deuda se bursatilizó a través del grupo financiero Invex.
El más reciente crédito financiero que solicitó Sabines Guerrero al pleno del Congreso estatal fue de mil 25 millones 598 mil 382 pesos. Al igual que todos los montos anteriores más altos, se solicitó con un plazo máximo de amortización de 20 años con Banobras.
La solicitud al Congreso llegó el 15 de mayo de 2012; dos días después los diputados chiapanecos ya habían dado su anuencia.
Ese 17 de mayo el diputado local perredista Roberto Serrano Pino afirmaba que la deuda de Chiapas, antes de esta nueva solicitud, era de 9 mil 978.7 millones de pesos.
Sin embargo, al corte del primer trimestre de 2012 la Secretaría de Hacienda reportó en su página en internet una deuda chiapaneca de más de 15 mil 488 millones de pesos, a lo que se sumaron los más de mil millones autorizados en mayo: 16 mil 513 millones de pesos.
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