La democracia requiere frenar los poderes fácticos: consejero
Alonso Urrutia / La Jornada
En el balance de la elección y los requerimientos a futuro para la democracia mexicana, Alfredo Figueroa, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), advierte que un rubro fundamental es frenar la incidencia de los poderes fácticos, señaladamente la televisión, que causa impacto en el ejercicio del voto libre.
“Necesitamos pluralidad de medios no sólo para los momentos electorales. Si no damos un paso consecuente en esa dirección, vamos a seguir teniendo un déficit democrático en el país.
“Ciertamente no es un asunto que resuelva todo, pero es esencial, es un modelo de alta concentración que viene del antiguo régimen, que funciona con reglas no democráticas –no hay país en el mundo que tenga tal concentración, en dos personas, que deciden qué se puede ver– y uno se pregunta, ¿qué hace un ciudadano al que sólo le llega información por esta vía? ¿Con qué calidad ejerce su derecho al voto?
Es un ámbito que requiere reformarse, porque incide en el derecho a votar, al voto libre e informado, pues para que sea libre tiene que ser informado. Si no fortalecemos estos derechos, no fortaleceremos la democracia ni a los procesos electorales, y si distinguimos a lo electoral exclusivamente como la apuesta de la casilla, y la democracia, vamos a seguir diciendo que las casillas se instalan perfectamente y que los ciudadanos colaboran.
Figueroa sostiene como uno de los capítulos fundamentales a revisar para la próxima elección “la existencia de poderes al margen de los poderes constituidos, su presión a las instituciones del Estado y a los partidos políticos.
“Es preciso –agrega– revisar las redes que se han ido diseñando de esos poderes que tienen influencia en la vida pública y encontrar un destino democrático que nos lleve a discutir la pluralidad de los medios”.
En su consideración, la elección arrojó varios rubros que requerirían reformas legales, entre ellas, destacadamente, la fiscalización, no sólo por estar asociada a la polémica derivada del desfasamiento de los plazos entre la calificación presidencial y la revisión de los gastos de campaña presidencial.
A decir del consejero, en materia de equidad se avanzó en la última reforma en rubros como la restricción del activismo de los funcionarios en campañas electorales; se aseguró que gran parte de las quejas de los partidos se resolvieran en tiempos razonablemente breves, así como las garantías de acceso a los medios de comunicación mediante el nuevo modelo de comunicación.
Sin embargo, Figueroa admite que el ámbito de la fiscalización enfrenta errores de diseño, si bien no está claramente definido, el juzgador puede optar por otra ruta. Es claro, agrega, que el rebase de topes de campaña ahora no está previsto como causal de anulación, pero en las actuales condiciones es viable atender esto mediante la consideración de que hubo una violación grave y sistemática a los principios constitucionales de la elección.
–Más allá de esa posibilidad, ¿se requieren nuevas reformas?
–Se requieren reformas porque, entre otros aspectos, hay una indispensable que es obligada, ya que tiene que ver con las candidaturas independientes que habrá a partir de 2015. Pero también se tiene que revisar la fiscalización en su conjunto, los delitos electorales, la relación entre la autoridad electoral federal y las estatales, revisar la posibilidad de hacer una ley de partidos políticos.
“Es indispensable –añade– una discusión más seria sobre los procesos democráticos al interior de los partidos políticos, la selección de sus dirigentes y candidatos. No parece haber un bono de reconocimiento social en muchos casos. Si no ponemos reglas comunes, estamos dejando un capítulo de enorme importancia democrática fuera de la discusión.”
Para el consejero, otro de los rubros fuertemente cuestionados en la elección, el desempeño de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) como herramienta para prever la compra y coacción del voto, sí requeriría modificaciones sustanciales, entre otras, del catálogo de delitos y su tipificación, que debe aplicar esa autoridad.
En muchos casos son injustas las imputaciones que se le hacen a la Fepade, porque no tiene los instrumentos legales ni los tipos penales para atender las demandas que hoy tienen un esquema mucho más elaborado que cuando se constituyeron; hay un atraso relevante.
Lamentablemente, en las sucesivas reformas electorales, la Fepade no ha sido históricamente un ámbito de discusión o de atención especial, ojalá a la luz de esta elección se ponga la debida atención. Recuerdo cómo el ex titular de la Fepade José Luis Vargas planteaba con vehemencia la importancia de tener recursos humanos y materiales para atender un problema de esa magnitud, señala.
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