Salvador García Soto
En medio del ruido político y mediático de las denuncias diarias, los desmentidos y los amagos de demandas, el proceso de revisión, que determinará la validación o invalidez de la elección presidencial, sigue su curso jurídico. Metidos en sus oficinas del Tribunal Electoral federal, los magistrados que elaboran el dictamen con el que responderán a los 141 juicios de impugnación presentados por Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento Progresista, trabajan en la valoración y los argumentos con los que emitirán su fallo antes del 6 de septiembre.
Afuera las especulaciones campean. Hay versiones que dicen que el fallo ya está terminado y circula para su revisión entre los magistrados, cosa que desmienten asesores del Trife que aseguran que el documento aún está inacabado. Otra especie indica que la fecha del fallo, prevista en la ley hasta la primera semana de septiembre se adelantará y que la próxima semana podría conocerse el sentido de la decisión que tome la mayoría de magistrados. Eso también es desmentido por quienes participan en la elaboración del dictamen que hablan sí de una fecha anterior al plazo, “pero sólo por unos días”, es decir por la última semana de agosto.
Hay en los corrillos políticos y jurídicos la idea de que el Tribunal y los magistrados podrían no llegar al plazo que les fija la ley con la idea de que el 1 de septiembre, fecha que el Presidente saliente rinde su sexto y último Informe de gobierno, y también día en que se instala la nueva legislatura federal, hubiera ya presidente electo, si fuera el caso que se valida la elección y se desechan las impugnaciones para entregarle constancia de mayoría al ganador de los comicios del 1 de julio y declararlo electo.
Sin embargo, entre los magistrados nadie da una respuesta ni aproximada ni precisa y la única certeza es que el fallo, dice un asesor que participa en la elaboración, “estará en tiempo”. Las presiones para que se adelante la fecha del dictamen son reales y van desde los empresarios, que han tomado partido abierto contra las quejas de López Obrador, hasta los cabilderos y abogados de los partidos y los candidatos en disputa que consideran que alargar los tiempos hasta el plazo legal aumentaría la incertidumbre.
Sin embargo los tiempos de los magistrados no son necesariamente los de los políticos o de cualquier otro sector. El Tribunal ha decidido tomar el tiempo necesario para desahogar todas las pruebas -incluso las que se siguen presentando todos los días- y sustentar puntualmente el dictamen. De hecho en la página de internet de la institución (http://portal.te.gob.mx/) se puede encontrar información de cada acto que va realizando el Tribunal en el proceso de revisión y valoración de las pruebas y los juicios de inconformidad. “La idea es que todos los interesados y los ciudadanos puedan ir viendo nuestro actuar con lupa”, dice un funcionario del Trife.
Y es que los magistrados saben que cualquiera que sea el sentido de su fallo, efectivamente va a ser revisado con lupa y el antecedente nada positivo de 2006, cuando la Sala Superior de aquel tribunal declaró la validez de aquella elección a pesar de que reconoció que hubo violaciones graves a la ley que “no alteran el sentido del resultado”, es un elemento de presión real para los magistrados que tendrán que ser mucho más precisos y contundentes en sus argumentos para evitar las contradicciones y los cantinfleos de sus antecesores que pasarán a la historia como los autores de un fallo dudoso y polémico en lo jurídico y que, lejos de dar certeza a aquellos comicios, ahondó la división y la polarización en el país.
El fallo de estos magistrados ¿será distinto?
En medio del ruido político y mediático de las denuncias diarias, los desmentidos y los amagos de demandas, el proceso de revisión, que determinará la validación o invalidez de la elección presidencial, sigue su curso jurídico. Metidos en sus oficinas del Tribunal Electoral federal, los magistrados que elaboran el dictamen con el que responderán a los 141 juicios de impugnación presentados por Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento Progresista, trabajan en la valoración y los argumentos con los que emitirán su fallo antes del 6 de septiembre.
Afuera las especulaciones campean. Hay versiones que dicen que el fallo ya está terminado y circula para su revisión entre los magistrados, cosa que desmienten asesores del Trife que aseguran que el documento aún está inacabado. Otra especie indica que la fecha del fallo, prevista en la ley hasta la primera semana de septiembre se adelantará y que la próxima semana podría conocerse el sentido de la decisión que tome la mayoría de magistrados. Eso también es desmentido por quienes participan en la elaboración del dictamen que hablan sí de una fecha anterior al plazo, “pero sólo por unos días”, es decir por la última semana de agosto.
Hay en los corrillos políticos y jurídicos la idea de que el Tribunal y los magistrados podrían no llegar al plazo que les fija la ley con la idea de que el 1 de septiembre, fecha que el Presidente saliente rinde su sexto y último Informe de gobierno, y también día en que se instala la nueva legislatura federal, hubiera ya presidente electo, si fuera el caso que se valida la elección y se desechan las impugnaciones para entregarle constancia de mayoría al ganador de los comicios del 1 de julio y declararlo electo.
Sin embargo, entre los magistrados nadie da una respuesta ni aproximada ni precisa y la única certeza es que el fallo, dice un asesor que participa en la elaboración, “estará en tiempo”. Las presiones para que se adelante la fecha del dictamen son reales y van desde los empresarios, que han tomado partido abierto contra las quejas de López Obrador, hasta los cabilderos y abogados de los partidos y los candidatos en disputa que consideran que alargar los tiempos hasta el plazo legal aumentaría la incertidumbre.
Sin embargo los tiempos de los magistrados no son necesariamente los de los políticos o de cualquier otro sector. El Tribunal ha decidido tomar el tiempo necesario para desahogar todas las pruebas -incluso las que se siguen presentando todos los días- y sustentar puntualmente el dictamen. De hecho en la página de internet de la institución (http://portal.te.gob.mx/) se puede encontrar información de cada acto que va realizando el Tribunal en el proceso de revisión y valoración de las pruebas y los juicios de inconformidad. “La idea es que todos los interesados y los ciudadanos puedan ir viendo nuestro actuar con lupa”, dice un funcionario del Trife.
Y es que los magistrados saben que cualquiera que sea el sentido de su fallo, efectivamente va a ser revisado con lupa y el antecedente nada positivo de 2006, cuando la Sala Superior de aquel tribunal declaró la validez de aquella elección a pesar de que reconoció que hubo violaciones graves a la ley que “no alteran el sentido del resultado”, es un elemento de presión real para los magistrados que tendrán que ser mucho más precisos y contundentes en sus argumentos para evitar las contradicciones y los cantinfleos de sus antecesores que pasarán a la historia como los autores de un fallo dudoso y polémico en lo jurídico y que, lejos de dar certeza a aquellos comicios, ahondó la división y la polarización en el país.
El fallo de estos magistrados ¿será distinto?
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