Congresistas estadounidenses envían advertencia al director general de la marca para que colabore con la investigación de sus operaciones. Pero ahora no sólo hablan de sobornos en México, también de evasión fiscal y lavado de dinero.
Hugo Gutiérrez
La presión para San Pedro por el caso Wal-Mart toma nuevos bríos, luego de que el Congreso de los Estados Unidos envió un ultimátum al CEO de la cadena comercial.
Los congresistas le exigen que colabore con la investigación de la Cámara estadounidense sobre las prácticas de soborno, pero ahora también sobre evasión de impuestos y lavado de dinero.
El pasado martes 14 de agosto, los legisladores norteamericanos enviaron un ultimátum al director general ejecutivo de Wal-Mart, Michael T. Duke.
En la misiva, los congresistas de las comisiones de Seguimiento a las Reformas de Gobierno, así como de Energía y de Comercio, le dan una última oportunidad al CEO de la cadena para que colabore con la investigación.
Esta presión extraordinaria que está ejerciendo el Congreso estadounidense sobre la cadena se transmite a los ex funcionarios del Municipio de San Pedro, el más próspero del área metropolitana de Monterrey, que permitieron que se estableciera un almacén en una zona prohibida por el reglamento municipal.
La tienda fue abierta en una de las principales avenidas de San Pedro, en Gómez Morín, con una autorización que el ahora ex alcalde Fernando Margáin dice desconocer, pero que fue expedida además sin la aprobación del Cabildo del Ayuntamiento.
La investigación del Congreso estadounidense no ha dado un paso atrás, desde que The New York Times dio a conocer el testimonio de un hombre que trabajó en la cadena y que habló de sobornos a las autoridades de México y de otros países para el establecimiento de comercios.
En esta carta, que firman los congresistas Elijah E. Cummings y Henry A. Waxman, le dicen a Duke que no han recibido respuesta a sus demandas de colaboración para la investigación.
Pero incluso, no solamente hablan de que la cadena habría dado sobornos para conseguir sus permisos urbanísticos y establecer sus comercio, sino hasta de lavado de dinero.
Literalmente le dicen al CEO de la marca comercial: “Le escribimos para darle una oportunidad final para responder a nuestras solicitudes de información sobre los alegatos de que su compañía violó las prácticas para el extranjero sobre actos de corrupción…
“En el curso de la investigación, nosotros hemos encontrado en lo concerniente a Wal-Mart potenciales violaciones a las prácticas para el extranjero sobre actos de corrupción, sin límite en sus operaciones en México, pero que son de naturaleza global.
Y más adelante continúan: “Obtuvimos documentos internos de la compañía, incluyendo reportes de auditoría interna, de otras fuentes que sugieren que Wal-Mart pudo haber acordado temas relacionados no solo con el soborno, sino también conductas financieras cuestionables, incluyendo la evasión fiscal y el lavado de dinero en México”.
Esta misiva crea una nueva presión para la cadena, porque los congresistas dan como plazo el próximo 28 de agosto para que el CEO de la cadena, Duke, colabore dando toda la información que le solicitan para la investigación.
De no hacerlo, le advierten que darán a conocer públicamente todos los documentos y la información que han encontrado respecto a las prácticas de corrupción en el extranjero de la marca Wal-Mart.
En San Pedro ponen 'barbas a remojar'
En mayo pasado The New York Times publicó exactamente lo que todos sospecharon en el municipio más próspero del área metropolitana de Monterrey: que la transnacional paga sobornos para lograr autorizaciones de uso del suelo y de construcción.
El periodista David Barstow publicó las declaraciones de Sergio Cicero Zapata, un abogado que trabajó para Wal-Mart hasta 2004.
Cicero Zapata era el encargado de obtener los permisos de desarrollo urbano para la expansión de la firma en México.
Fernando Margáin, quien era el alcalde de la administración que expidió la autorización, ha asegurado que nunca estuvo enterado del permiso otorgado para la tienda Walmart en San Pedro.
Pero el dicho del ex Senador panista es algo difícil de creer.
No sólo porque suena poco creíble que un alcalde se haya desligado de esta forma de la expedición de la licencia de uso de suelo que necesitaba Wal-Mart para instalarse en la avenida Gómez Morín.
Sino que además el permiso municipal concedido fue firmado en su momento por el socio de Fernando Margáin Berlanga en su bufete jurídico, quien además se ha desempeñado como su representante legal personal.
La autorización fue firmada por Javier Maiz Martínez, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro en la administración encabezada por Margáin.
El permiso está suscrito además por Imelda Patricia Chapa Garza, quien fungía como directora de Administración y Control Urbano de la dependencia municipal.
Pero hay un ingrediente especial y revelador en la autorización entregada por San Pedro con fecha del 30 de septiembre del 2009.
Es un visto bueno, un VoBo, que no forma parte del procedimiento usual en las autorizaciones expedidas de uso de suelo.
Lo otorga Eduardo Javier Elías Gallardo, entonces director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro.
Se trata de un abogado del prestigiado despacho Thompson & Knight, firma que en Monterrey era encabezada en ese momento por Margáin.
Pero Elías Gallardo era más que un socio del ex alcalde.
En varios asuntos personales de Margáin, Elías Gallardo se desempeñó como su apoderado legal y abogado.
En el 2006 cuando inició su gestión, Margáin lo designó primero como su director de Ingresos y después lo nombró Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Desde esa dependencia se abrieron las puertas para Wal-Mart, empresa que actualmente es investigada por las autoridades de Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir permisos en México.
El permiso para Wal-Mart se entregó como parte del expediente número US-16780/2008, y fue resuelto el 30 de septiembre del 2009.
La solicitud fue presentada por José Ignacio Vera Zorrilla, apoderado especial de Banorte, institución que tenía el carácter de fiduciaria en la operación de compra-venta.
“Se autoriza a la persona moral denominada Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte”, reza el documento.
“La licencia de uso de suelo habitacional multifamiliar, comercial y de servicio para los giros específicos señalados en el considerando número III del presente acuerdo respecto al predio ubicado en la Avenida Manuel Gómez Morín, sin número, esquina con la calle María de los Ángeles, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León”.
El predio de 49 mil 652 metros cuadrados, ubicado en Gómez Morín y Privada María de los Ángeles, fue vendido ya con licencia de uso de suelo al fondo de inversiones que a su vez renta el terreno a Wal-Mart.
Es por todo este enredo que la investigación y el ultimátum de los congresistas estadounidenses, además de ser una presión para Wal-Mart, lo es para el ex alcalde de San Pedro Fernando Margáin.
Hugo Gutiérrez
La presión para San Pedro por el caso Wal-Mart toma nuevos bríos, luego de que el Congreso de los Estados Unidos envió un ultimátum al CEO de la cadena comercial.
Los congresistas le exigen que colabore con la investigación de la Cámara estadounidense sobre las prácticas de soborno, pero ahora también sobre evasión de impuestos y lavado de dinero.
El pasado martes 14 de agosto, los legisladores norteamericanos enviaron un ultimátum al director general ejecutivo de Wal-Mart, Michael T. Duke.
En la misiva, los congresistas de las comisiones de Seguimiento a las Reformas de Gobierno, así como de Energía y de Comercio, le dan una última oportunidad al CEO de la cadena para que colabore con la investigación.
Esta presión extraordinaria que está ejerciendo el Congreso estadounidense sobre la cadena se transmite a los ex funcionarios del Municipio de San Pedro, el más próspero del área metropolitana de Monterrey, que permitieron que se estableciera un almacén en una zona prohibida por el reglamento municipal.
La tienda fue abierta en una de las principales avenidas de San Pedro, en Gómez Morín, con una autorización que el ahora ex alcalde Fernando Margáin dice desconocer, pero que fue expedida además sin la aprobación del Cabildo del Ayuntamiento.
La investigación del Congreso estadounidense no ha dado un paso atrás, desde que The New York Times dio a conocer el testimonio de un hombre que trabajó en la cadena y que habló de sobornos a las autoridades de México y de otros países para el establecimiento de comercios.
En esta carta, que firman los congresistas Elijah E. Cummings y Henry A. Waxman, le dicen a Duke que no han recibido respuesta a sus demandas de colaboración para la investigación.
Pero incluso, no solamente hablan de que la cadena habría dado sobornos para conseguir sus permisos urbanísticos y establecer sus comercio, sino hasta de lavado de dinero.
Literalmente le dicen al CEO de la marca comercial: “Le escribimos para darle una oportunidad final para responder a nuestras solicitudes de información sobre los alegatos de que su compañía violó las prácticas para el extranjero sobre actos de corrupción…
“En el curso de la investigación, nosotros hemos encontrado en lo concerniente a Wal-Mart potenciales violaciones a las prácticas para el extranjero sobre actos de corrupción, sin límite en sus operaciones en México, pero que son de naturaleza global.
Y más adelante continúan: “Obtuvimos documentos internos de la compañía, incluyendo reportes de auditoría interna, de otras fuentes que sugieren que Wal-Mart pudo haber acordado temas relacionados no solo con el soborno, sino también conductas financieras cuestionables, incluyendo la evasión fiscal y el lavado de dinero en México”.
Esta misiva crea una nueva presión para la cadena, porque los congresistas dan como plazo el próximo 28 de agosto para que el CEO de la cadena, Duke, colabore dando toda la información que le solicitan para la investigación.
De no hacerlo, le advierten que darán a conocer públicamente todos los documentos y la información que han encontrado respecto a las prácticas de corrupción en el extranjero de la marca Wal-Mart.
En San Pedro ponen 'barbas a remojar'
En mayo pasado The New York Times publicó exactamente lo que todos sospecharon en el municipio más próspero del área metropolitana de Monterrey: que la transnacional paga sobornos para lograr autorizaciones de uso del suelo y de construcción.
El periodista David Barstow publicó las declaraciones de Sergio Cicero Zapata, un abogado que trabajó para Wal-Mart hasta 2004.
Cicero Zapata era el encargado de obtener los permisos de desarrollo urbano para la expansión de la firma en México.
Fernando Margáin, quien era el alcalde de la administración que expidió la autorización, ha asegurado que nunca estuvo enterado del permiso otorgado para la tienda Walmart en San Pedro.
Pero el dicho del ex Senador panista es algo difícil de creer.
No sólo porque suena poco creíble que un alcalde se haya desligado de esta forma de la expedición de la licencia de uso de suelo que necesitaba Wal-Mart para instalarse en la avenida Gómez Morín.
Sino que además el permiso municipal concedido fue firmado en su momento por el socio de Fernando Margáin Berlanga en su bufete jurídico, quien además se ha desempeñado como su representante legal personal.
La autorización fue firmada por Javier Maiz Martínez, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro en la administración encabezada por Margáin.
El permiso está suscrito además por Imelda Patricia Chapa Garza, quien fungía como directora de Administración y Control Urbano de la dependencia municipal.
Pero hay un ingrediente especial y revelador en la autorización entregada por San Pedro con fecha del 30 de septiembre del 2009.
Es un visto bueno, un VoBo, que no forma parte del procedimiento usual en las autorizaciones expedidas de uso de suelo.
Lo otorga Eduardo Javier Elías Gallardo, entonces director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro.
Se trata de un abogado del prestigiado despacho Thompson & Knight, firma que en Monterrey era encabezada en ese momento por Margáin.
Pero Elías Gallardo era más que un socio del ex alcalde.
En varios asuntos personales de Margáin, Elías Gallardo se desempeñó como su apoderado legal y abogado.
En el 2006 cuando inició su gestión, Margáin lo designó primero como su director de Ingresos y después lo nombró Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Desde esa dependencia se abrieron las puertas para Wal-Mart, empresa que actualmente es investigada por las autoridades de Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir permisos en México.
El permiso para Wal-Mart se entregó como parte del expediente número US-16780/2008, y fue resuelto el 30 de septiembre del 2009.
La solicitud fue presentada por José Ignacio Vera Zorrilla, apoderado especial de Banorte, institución que tenía el carácter de fiduciaria en la operación de compra-venta.
“Se autoriza a la persona moral denominada Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte”, reza el documento.
“La licencia de uso de suelo habitacional multifamiliar, comercial y de servicio para los giros específicos señalados en el considerando número III del presente acuerdo respecto al predio ubicado en la Avenida Manuel Gómez Morín, sin número, esquina con la calle María de los Ángeles, en este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León”.
El predio de 49 mil 652 metros cuadrados, ubicado en Gómez Morín y Privada María de los Ángeles, fue vendido ya con licencia de uso de suelo al fondo de inversiones que a su vez renta el terreno a Wal-Mart.
Es por todo este enredo que la investigación y el ultimátum de los congresistas estadounidenses, además de ser una presión para Wal-Mart, lo es para el ex alcalde de San Pedro Fernando Margáin.
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