Quito denuncia que la decisión sería una violación a su soberanía.
Las autoridades se preparan para afrontar una crisis legal y política.
La forma en que el fundador de Wikileaks abandonaría el país, principal interrogante.
Patricia Tubella / Paúl Mena Erazo / El País
El conflicto diplomático en torno a Julian Assange ha escalado este miércoles tras la amenaza de Reino Unido de entrar en la embajada de Ecuador en Londres si Quito no entrega al fundador de Wikileaks, que lleva casi dos meses como refugiado en la sede diplomática ecuatoriana y es requerido por Suecia para responder por supuestos delitos sexuales. El Gobierno de Ecuador, que anunciará este jueves si da asilo a Assange, ha afirmado que consideraría esa decisión como un "acto hostil e intolerable" y como una violación a su soberanía.
Aunque afirma que la decisión de entrar en la sede diplomática todavía no está tomada y que quiere una solución negociada, el Gobierno británico afirma que tiene derecho a detener a Assange. "Bajo la ley británica podemos notificarles con una semana de anticipación antes de entrar en la sede y la embajada ya no tendrá protección diplomática", ha afirmado un portavoz del Foreign Office.
El Gobierno de Ecuador se resiste a tomar una decisión (o a anunciarla) sobre el futuro del fundador de Wikileaks. El ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, ha asegurado en conferencia de prensa en Quito que responderá a la petición de asilo de Assange el jueves a las siete de la mañana hora local (12 horas GMT).
El canciller, además, ha denunciado las presiones del gobierno británico: "Hoy [miércoles] hemos recibido por parte de Reino Unido amenaza expresa y por escrito de que podrían asaltar nuestra embajada en Londres si Ecuador no entrega a Julian Assange", dijo Patiño, y anunció que su Gobierno responderá "con la mayor contundencia diplomática" a cualquier acción que pueda tomar el Gobierno británico que viole su Embajada. En ese sentido, dijo que su país solicitaría una reunión de Unasur y la OEA para responder a la amenaza de Londres. La Asamblea Nacional del país analiza este jueves, en una sesión extraordinaria, la comunicación enviada por el Reino Unido, informa EFE.
Patiño reiteró que el hecho de que una autoridad británica entre a la embajada del Ecuador en Londres sería una violación a los tratados internacionales.
Una portavoz del Ministerio británico de Exteriores dejo clara la postura de su Gobierno. "Hemos dejado claro en nuestras conversaciones con el Gobierno ecuatoriano que el Reino Unido tiene la obligación legal de extraditar a Assange a Suecia para que haga frente a las alegaciones de delitos sexuales". "Estamos decididos a cumplir esta obligación", añadió.
Cuando Julian Assange está a punto de cumplir el domingo los dos meses como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, las autoridades británicas se preparan para afrontar una crisis legal y política ante la eventualidad de que el país latinoamericano conceda asilo político al fundador de Wikileaks. La expectación ante la inminente respuesta del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pospuesta hasta después de la clausura de los Juegos Olímipicos de Londres, se ha visto acrecentada ante la filtración desde su propio gobierno de que va a ser positiva. De confirmarse ese gesto, quedará el interrogante de cómo podrá abandonar Assange la legación diplomática sin ser detenido por Scotland Yard.
El propio Correa tuvo que salir ayer al paso de la información de The Guardian sobre la existencia de un preacuerdo entre el exhacker australiano y las autoridades de Ecuador. Según la versión del diario británico, que cita fuentes de la administración ecuatoriana, fue el gobierno de Quito el que propuso a Assange esa salida, una vez agotados todos los recursos legales en el Reino Unido para evitar su extradición a Suecia, donde se le reclama para ser interrogado sobre cuatro supuestos delitos sexuales.
El pasado 19 de junio, Assange sorprendió incluso a los seguidores que han sufragado los costes legales de su proceso, plantándose en la embajada de Ecuador en la capital británica como solicitante de asilo político. Alegó ser objeto de una “persecución política” y la convicción de que su traslado al país nórdico abriría la vía para extraditarle a Estados Unidos, donde algunos sectores han solicitado su proceso por la filtración en Wikileaks de miles de cables secretos de sus sedes diplomáticas, si bien hasta la fecha no han sido presentados cargos en su contra. Desde entonces no ha salido del recinto, porque la policía metropolitana tiene orden de arrestarle por haber violado los términos de la libertad condicional, que le fue concedida a finales del año pasado.
Justo un mes después de aquella huida hacia adelante, el alma mater de Wikileaks recibía en la legación (y a demanda propia) la visita del inhabilitado juez español Baltasar Garzón, quien aceptó representarle como abogado por considerar que los derechos de su nuevo cliente se han visto lesionados. Si el presidente Correa acaba admitiendo la demanda de asilo, Garzón estima “impensable” que el Reino Unido no le concediera un salvoconducto para arribar a un aeropuerto londinense sin ser interceptado antes por agentes policiales británicos. Sin embargo, el Foreign Office arrojó ayer un jarro de agua fría sobre esas expectativas y emitió un comunicado en el que subrayaba “nuestra obligación legal de extraditar a Julian Assange a Suecia: estamos decididos a cumplirla”. El australiano, además, no tiene posibilidad de abandonar el edificio sin poner un pie en la calle, momento en que sería detenido por la policía londinense, dado que la embajada se encuentra situada en una primera planta sin conexión interior con el parking.
El veterano exjuez ha avalado las inquietudes de la madre de Assange, Christine, de que la vida de su hijo corre peligro si acaba recalando en territorio estadounidense, donde la mujer alega que ya se ha creado un gran jurado en Alexandria (Virginia), poblado principalmente por contratistas del ministerio de Defensa, para juzgarle por espionaje y conspiración, cargos que podrían acarrearle la pena de muerte de ser declarado culpable. Garzón considera que su representado está indefenso ante la falta de información sobre los delitos que supuestamente se le imputan en aquel país, “únicamente por dar publicidad a un abultado volumen de información que llegó a poder de Wikileaks”.
Las autoridades se preparan para afrontar una crisis legal y política.
La forma en que el fundador de Wikileaks abandonaría el país, principal interrogante.
Patricia Tubella / Paúl Mena Erazo / El País
El conflicto diplomático en torno a Julian Assange ha escalado este miércoles tras la amenaza de Reino Unido de entrar en la embajada de Ecuador en Londres si Quito no entrega al fundador de Wikileaks, que lleva casi dos meses como refugiado en la sede diplomática ecuatoriana y es requerido por Suecia para responder por supuestos delitos sexuales. El Gobierno de Ecuador, que anunciará este jueves si da asilo a Assange, ha afirmado que consideraría esa decisión como un "acto hostil e intolerable" y como una violación a su soberanía.
Aunque afirma que la decisión de entrar en la sede diplomática todavía no está tomada y que quiere una solución negociada, el Gobierno británico afirma que tiene derecho a detener a Assange. "Bajo la ley británica podemos notificarles con una semana de anticipación antes de entrar en la sede y la embajada ya no tendrá protección diplomática", ha afirmado un portavoz del Foreign Office.
El Gobierno de Ecuador se resiste a tomar una decisión (o a anunciarla) sobre el futuro del fundador de Wikileaks. El ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, ha asegurado en conferencia de prensa en Quito que responderá a la petición de asilo de Assange el jueves a las siete de la mañana hora local (12 horas GMT).
El canciller, además, ha denunciado las presiones del gobierno británico: "Hoy [miércoles] hemos recibido por parte de Reino Unido amenaza expresa y por escrito de que podrían asaltar nuestra embajada en Londres si Ecuador no entrega a Julian Assange", dijo Patiño, y anunció que su Gobierno responderá "con la mayor contundencia diplomática" a cualquier acción que pueda tomar el Gobierno británico que viole su Embajada. En ese sentido, dijo que su país solicitaría una reunión de Unasur y la OEA para responder a la amenaza de Londres. La Asamblea Nacional del país analiza este jueves, en una sesión extraordinaria, la comunicación enviada por el Reino Unido, informa EFE.
Patiño reiteró que el hecho de que una autoridad británica entre a la embajada del Ecuador en Londres sería una violación a los tratados internacionales.
Una portavoz del Ministerio británico de Exteriores dejo clara la postura de su Gobierno. "Hemos dejado claro en nuestras conversaciones con el Gobierno ecuatoriano que el Reino Unido tiene la obligación legal de extraditar a Assange a Suecia para que haga frente a las alegaciones de delitos sexuales". "Estamos decididos a cumplir esta obligación", añadió.
Cuando Julian Assange está a punto de cumplir el domingo los dos meses como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, las autoridades británicas se preparan para afrontar una crisis legal y política ante la eventualidad de que el país latinoamericano conceda asilo político al fundador de Wikileaks. La expectación ante la inminente respuesta del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pospuesta hasta después de la clausura de los Juegos Olímipicos de Londres, se ha visto acrecentada ante la filtración desde su propio gobierno de que va a ser positiva. De confirmarse ese gesto, quedará el interrogante de cómo podrá abandonar Assange la legación diplomática sin ser detenido por Scotland Yard.
El propio Correa tuvo que salir ayer al paso de la información de The Guardian sobre la existencia de un preacuerdo entre el exhacker australiano y las autoridades de Ecuador. Según la versión del diario británico, que cita fuentes de la administración ecuatoriana, fue el gobierno de Quito el que propuso a Assange esa salida, una vez agotados todos los recursos legales en el Reino Unido para evitar su extradición a Suecia, donde se le reclama para ser interrogado sobre cuatro supuestos delitos sexuales.
El pasado 19 de junio, Assange sorprendió incluso a los seguidores que han sufragado los costes legales de su proceso, plantándose en la embajada de Ecuador en la capital británica como solicitante de asilo político. Alegó ser objeto de una “persecución política” y la convicción de que su traslado al país nórdico abriría la vía para extraditarle a Estados Unidos, donde algunos sectores han solicitado su proceso por la filtración en Wikileaks de miles de cables secretos de sus sedes diplomáticas, si bien hasta la fecha no han sido presentados cargos en su contra. Desde entonces no ha salido del recinto, porque la policía metropolitana tiene orden de arrestarle por haber violado los términos de la libertad condicional, que le fue concedida a finales del año pasado.
Justo un mes después de aquella huida hacia adelante, el alma mater de Wikileaks recibía en la legación (y a demanda propia) la visita del inhabilitado juez español Baltasar Garzón, quien aceptó representarle como abogado por considerar que los derechos de su nuevo cliente se han visto lesionados. Si el presidente Correa acaba admitiendo la demanda de asilo, Garzón estima “impensable” que el Reino Unido no le concediera un salvoconducto para arribar a un aeropuerto londinense sin ser interceptado antes por agentes policiales británicos. Sin embargo, el Foreign Office arrojó ayer un jarro de agua fría sobre esas expectativas y emitió un comunicado en el que subrayaba “nuestra obligación legal de extraditar a Julian Assange a Suecia: estamos decididos a cumplirla”. El australiano, además, no tiene posibilidad de abandonar el edificio sin poner un pie en la calle, momento en que sería detenido por la policía londinense, dado que la embajada se encuentra situada en una primera planta sin conexión interior con el parking.
El veterano exjuez ha avalado las inquietudes de la madre de Assange, Christine, de que la vida de su hijo corre peligro si acaba recalando en territorio estadounidense, donde la mujer alega que ya se ha creado un gran jurado en Alexandria (Virginia), poblado principalmente por contratistas del ministerio de Defensa, para juzgarle por espionaje y conspiración, cargos que podrían acarrearle la pena de muerte de ser declarado culpable. Garzón considera que su representado está indefenso ante la falta de información sobre los delitos que supuestamente se le imputan en aquel país, “únicamente por dar publicidad a un abultado volumen de información que llegó a poder de Wikileaks”.
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