No hay fundamento “constitucional ni legal” para aceptar planteamiento de la coalición, señala Valdés.
Fabiola Martínez
México, DF. El consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó la solicitud del Movimiento Progresista para que se ordene un procedimiento extraordinario de fiscalización del que resulte un dictamen parcial de los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto.
Para sustentar su petición, la coalición de partidos de izquierda puntualizó que hay rezagos en las indagatorias de al menos once quejas vinculadas a presuntas erogaciones irregulares e ilegales del abanderado priísta.
Camerino Márquez, representante del PRD ante el IFE, explicó que el procedimiento extraordinario que propone la coalición no significa vulnerar la fiscalización en curso (revisión de los informes de partidos) y tampoco interfiere en el programa de fiscalización que acordó el consejo general en mayo pasado sino sería un mecanismo de información, fundamental en el juicio de inconformidad - contra la elección presidencial- que se desarrolla actualmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, aseveró que no hay fundamento “constitucional ni legal” para aceptar el planteamiento de la coalición de partidos de izquierda que postuló a Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, advirtió, una auditoría acelerada “vulneraría el marco legal”.
“Con base en lo anterior, el proyecto de acuerdo que está a nuestra consideración no genera certeza jurídica. Su aprobación modificaría procedimientos que ya están en curso y que, al no ser impugnados, han quedado en firme…Por ello, considero que existe un impedimento jurídico para alterar los plazos que este mismo consejo general aprobó”, señaló durante la sesión extraordinaria que se desarrolla esta tarde.
Dijo que el proyecto de acuerdo en referencia no genera certeza jurídica en la aplicación del acuerdo del consejo general, de mayo pasado, con base en el cual se fijaron las fechas para que los partidos y coaliciones entregaran informes de ingresos y egresos de campaña. Además, se autorizó que los informes de la Unidad de Fiscalización del IFE emita los resultados de sus indagatorias a más tardar el 30 enero de 2013.
Es decir, argumentó, aprobar la propuesta - de la coalición integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano- significaría adelantar cinco meses la fiscalización que prevé el código electoral, de ahí que se vulneraría el marco jurídico ya establecido, en particular el que prevé que los informes finales de ingresos-gastos de los contendientes deben ser entregados al IFE 60 días después de los comicios, lo cual deberá ocurrir el 8 de octubre entrante.
El representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez argumentó previamente que hay once quejas, relacionadas con gastos de campaña, de las que la Unidad de Fiscalización no he emitido por lo menos un dictamen preliminar.
En este supuesto están las quejas 15/12 y acumulados 16, 22 y 78/12 relacionadas con rebase de gastos de campaña de Peña Nieto; la primer queja que se presentó acerca de esta presunta irregularidad fue el 26 abril de 2012. En el informe circunstanciado respectivo se establece que el IFE tenía hasta 60 días para resolver, fecha que ya se cumplió.
De la queja 42 y acumulada 43 /12 de contratación de presunta propaganda contratada en el extranjero, por 56 millones de dólares, también se advirtió que la queja debía ser desahogada en dos meses, lapso que vence el 25 de agosto.
La 58/2012 se refiere a la presunta distribución de tarjetas Monex, así como la presentada por el PAN (132/2012) vinculada también a este expediente. La Comisión de Quejas detectó, en sólo dos días, la existencia de un fondeo de 70 millones de pesos para una serie de 9 mil 924 tarjetas.
Lo mismo la queja 57/2012 por los gastos del evento de Peña Nieto en el Estadio Azteca, así como una queja adicional por la distribución de tarjetas Soriana y la adquisición de propaganda encubierta con Televisa.
Resaltó que la propuesta del Movimiento Progresista prosperaría si hubiera voluntad y sensibilidad para transparentar el uso de recursos, en el contexto del juicio de inconformidad que se desarrolla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a razón de la solicitud de la coalición para que se invalide la elección.
Para los partidos de izquierda es fundamental que el IFE concluya las líneas de investigación en torno a la presunta triangulación irregular e ilegal de recursos para apuntalar la candidatura de Peña Nieto.
“Nos queda claro que estamos en el momento más relevante para despejar todas las dudas respecto de otras tarjetas como la Premium, del Partido Verde; “La Tamaulipeca”, entre otras, por lo que es de relevancia que se despeje cualquier desviación de recursos públicos”, subrayó Márquez.
Sin embargo, todos los consejeros emitieron posturas similares para rechazar el planteamiento de la coalición de izquierda; con diversos matices dijeron que no pueden vulnerar lineamientos jurídicos que, en su momento, la coalición no impugnó, además de que el proceso se desahoga en tiempo y forma, sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes.
El consejero Valdés añadió que no percibe elementos legales para emplazar a la Unidad de Fiscalización a emitir un procedimiento extraordinario en cinco días, porque se trata de una instancia con autonomía técnica.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) plantea que los partidos y coaliciones deben entregar sus informes finales de ingresos y gastos de las campañas electorales a más tardar durante los 60 días siguientes a la jornada electoral.
En el proceso electoral 2011-2012 este plazo se cumple el próximo 8 de octubre; en esos informes, los institutos políticos entregarán todos los documentos necesarios para corroborar sus gastos.
Los informes finales de los partidos políticos y coaliciones es un “requisito imprescindible” – subrayó Valdés- para que la Unidad de Fiscalización obtenga las observaciones definitivas que resulten de las tres etapas de este proceso de fiscalización anticipada.
Por lo anterior, dijo, el Código posibilita reducir el proceso de revisión para hacer una fiscalización más expedita “mas no encuentro fundamento para que se apruebe un dictamen provisional que contenga conclusiones parciales que no estén sustentada en la propia información que los partidos políticos desen aportar en términos de la ley electoral.
De ahí que aseguró que el consejo general del IFE sólo debe emitir un dictamen consolidado y un proyecto de resolución apegada a derecho.
Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI, manifestó que los argumentos de los consejeros son suficientemente sólidos. Al referirse implícitamente a los argumentos de la coalición de izquierda que ha entregado también al Tribunal Electoral expresó que “estamos ante una gran estridencia y nula evidencia”.
Comentó que la propuesta de modificar fechas y establecer “juicios sumarios” contradicen el propio actuar del Movimiento Progresista “y del candidato perdedor López Obrador” quien, dijo, protestó en su momento por requerimientos “fuera de los preceptos legales” que le hizo la Unidad de Fiscalización y llevó el caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El debate continúa; después de dos rondas de intervenciones, los nueve consejeros han manifestado que votarán en contra del acuerdo propuesto por el Movimiento Progresista.
Fabiola Martínez
México, DF. El consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó la solicitud del Movimiento Progresista para que se ordene un procedimiento extraordinario de fiscalización del que resulte un dictamen parcial de los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto.
Para sustentar su petición, la coalición de partidos de izquierda puntualizó que hay rezagos en las indagatorias de al menos once quejas vinculadas a presuntas erogaciones irregulares e ilegales del abanderado priísta.
Camerino Márquez, representante del PRD ante el IFE, explicó que el procedimiento extraordinario que propone la coalición no significa vulnerar la fiscalización en curso (revisión de los informes de partidos) y tampoco interfiere en el programa de fiscalización que acordó el consejo general en mayo pasado sino sería un mecanismo de información, fundamental en el juicio de inconformidad - contra la elección presidencial- que se desarrolla actualmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, aseveró que no hay fundamento “constitucional ni legal” para aceptar el planteamiento de la coalición de partidos de izquierda que postuló a Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, advirtió, una auditoría acelerada “vulneraría el marco legal”.
“Con base en lo anterior, el proyecto de acuerdo que está a nuestra consideración no genera certeza jurídica. Su aprobación modificaría procedimientos que ya están en curso y que, al no ser impugnados, han quedado en firme…Por ello, considero que existe un impedimento jurídico para alterar los plazos que este mismo consejo general aprobó”, señaló durante la sesión extraordinaria que se desarrolla esta tarde.
Dijo que el proyecto de acuerdo en referencia no genera certeza jurídica en la aplicación del acuerdo del consejo general, de mayo pasado, con base en el cual se fijaron las fechas para que los partidos y coaliciones entregaran informes de ingresos y egresos de campaña. Además, se autorizó que los informes de la Unidad de Fiscalización del IFE emita los resultados de sus indagatorias a más tardar el 30 enero de 2013.
Es decir, argumentó, aprobar la propuesta - de la coalición integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano- significaría adelantar cinco meses la fiscalización que prevé el código electoral, de ahí que se vulneraría el marco jurídico ya establecido, en particular el que prevé que los informes finales de ingresos-gastos de los contendientes deben ser entregados al IFE 60 días después de los comicios, lo cual deberá ocurrir el 8 de octubre entrante.
El representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez argumentó previamente que hay once quejas, relacionadas con gastos de campaña, de las que la Unidad de Fiscalización no he emitido por lo menos un dictamen preliminar.
En este supuesto están las quejas 15/12 y acumulados 16, 22 y 78/12 relacionadas con rebase de gastos de campaña de Peña Nieto; la primer queja que se presentó acerca de esta presunta irregularidad fue el 26 abril de 2012. En el informe circunstanciado respectivo se establece que el IFE tenía hasta 60 días para resolver, fecha que ya se cumplió.
De la queja 42 y acumulada 43 /12 de contratación de presunta propaganda contratada en el extranjero, por 56 millones de dólares, también se advirtió que la queja debía ser desahogada en dos meses, lapso que vence el 25 de agosto.
La 58/2012 se refiere a la presunta distribución de tarjetas Monex, así como la presentada por el PAN (132/2012) vinculada también a este expediente. La Comisión de Quejas detectó, en sólo dos días, la existencia de un fondeo de 70 millones de pesos para una serie de 9 mil 924 tarjetas.
Lo mismo la queja 57/2012 por los gastos del evento de Peña Nieto en el Estadio Azteca, así como una queja adicional por la distribución de tarjetas Soriana y la adquisición de propaganda encubierta con Televisa.
Resaltó que la propuesta del Movimiento Progresista prosperaría si hubiera voluntad y sensibilidad para transparentar el uso de recursos, en el contexto del juicio de inconformidad que se desarrolla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a razón de la solicitud de la coalición para que se invalide la elección.
Para los partidos de izquierda es fundamental que el IFE concluya las líneas de investigación en torno a la presunta triangulación irregular e ilegal de recursos para apuntalar la candidatura de Peña Nieto.
“Nos queda claro que estamos en el momento más relevante para despejar todas las dudas respecto de otras tarjetas como la Premium, del Partido Verde; “La Tamaulipeca”, entre otras, por lo que es de relevancia que se despeje cualquier desviación de recursos públicos”, subrayó Márquez.
Sin embargo, todos los consejeros emitieron posturas similares para rechazar el planteamiento de la coalición de izquierda; con diversos matices dijeron que no pueden vulnerar lineamientos jurídicos que, en su momento, la coalición no impugnó, además de que el proceso se desahoga en tiempo y forma, sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes.
El consejero Valdés añadió que no percibe elementos legales para emplazar a la Unidad de Fiscalización a emitir un procedimiento extraordinario en cinco días, porque se trata de una instancia con autonomía técnica.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) plantea que los partidos y coaliciones deben entregar sus informes finales de ingresos y gastos de las campañas electorales a más tardar durante los 60 días siguientes a la jornada electoral.
En el proceso electoral 2011-2012 este plazo se cumple el próximo 8 de octubre; en esos informes, los institutos políticos entregarán todos los documentos necesarios para corroborar sus gastos.
Los informes finales de los partidos políticos y coaliciones es un “requisito imprescindible” – subrayó Valdés- para que la Unidad de Fiscalización obtenga las observaciones definitivas que resulten de las tres etapas de este proceso de fiscalización anticipada.
Por lo anterior, dijo, el Código posibilita reducir el proceso de revisión para hacer una fiscalización más expedita “mas no encuentro fundamento para que se apruebe un dictamen provisional que contenga conclusiones parciales que no estén sustentada en la propia información que los partidos políticos desen aportar en términos de la ley electoral.
De ahí que aseguró que el consejo general del IFE sólo debe emitir un dictamen consolidado y un proyecto de resolución apegada a derecho.
Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI, manifestó que los argumentos de los consejeros son suficientemente sólidos. Al referirse implícitamente a los argumentos de la coalición de izquierda que ha entregado también al Tribunal Electoral expresó que “estamos ante una gran estridencia y nula evidencia”.
Comentó que la propuesta de modificar fechas y establecer “juicios sumarios” contradicen el propio actuar del Movimiento Progresista “y del candidato perdedor López Obrador” quien, dijo, protestó en su momento por requerimientos “fuera de los preceptos legales” que le hizo la Unidad de Fiscalización y llevó el caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El debate continúa; después de dos rondas de intervenciones, los nueve consejeros han manifestado que votarán en contra del acuerdo propuesto por el Movimiento Progresista.
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