José Juan Reyes / El Economista
En opinión de Samuel González Ruiz, especialista en seguridad nacional y delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República (PGR) debe valorar si cuenta con las pruebas suficientes y sólidas para obtener la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) quiere obtener de un juez federal este documento, para lo cual estarían incluidas al menos otras 20 personas, quienes estarían involucradas en delitos relacionados con la delincuencia organizada, por la presunta operación de recursos de procedencia ilícita.
González Ruiz, especialista en seguridad nacional y extitular de la UEDO, mencionó que después del ingreso de dos sospechosos de ser prestanombres de Yarrington al penal de Puente Grande, Jalisco, es previsible que se les dicte auto de formal prisión.
Aconsejó que las acciones contra Yarrington esperen, pues se debe verificar que hay evidencia para ir tras el priísta. “Hay que conocer las pruebas que salieron de Estados Unidos y las que salieron de México. También tienen que verificar que la PGR haya hecho bien su trabajo”.
A menos de cuatro meses para que concluya la presente administración federal panista y llegue al poder el PRI, Samuel González mencionó que hay tempo suficiente para desahogar este asunto, “hay que ver -de ser el caso- cómo sigue con la siguiente administración”.
Recientemente, el exgobernador amplió su demanda de amparo, pues un juzgado federal especializado reconoció que la PGR solicitó órdenes de cateo para revisar diversas propiedades.
El miércoles se confirmó que los excolaboradores de Yarrington, Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga, fueron ingresados al penal de máxima seguridad de Jalisco.
En tanto, Sonia de Pau García se apegó al programa de testigo colaborador y presuntamente proporcionará información relacionada con la red de lavado de dinero.
Se aceptó su inclusión en dicho programa porque conocía operaciones presuntamente ilegales de su exesposo Fernando Cano Martínez, empresario en el ramo inmobiliario y medios de comunicación en Tamaulipas.
En opinión de Samuel González Ruiz, especialista en seguridad nacional y delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República (PGR) debe valorar si cuenta con las pruebas suficientes y sólidas para obtener la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) quiere obtener de un juez federal este documento, para lo cual estarían incluidas al menos otras 20 personas, quienes estarían involucradas en delitos relacionados con la delincuencia organizada, por la presunta operación de recursos de procedencia ilícita.
González Ruiz, especialista en seguridad nacional y extitular de la UEDO, mencionó que después del ingreso de dos sospechosos de ser prestanombres de Yarrington al penal de Puente Grande, Jalisco, es previsible que se les dicte auto de formal prisión.
Aconsejó que las acciones contra Yarrington esperen, pues se debe verificar que hay evidencia para ir tras el priísta. “Hay que conocer las pruebas que salieron de Estados Unidos y las que salieron de México. También tienen que verificar que la PGR haya hecho bien su trabajo”.
A menos de cuatro meses para que concluya la presente administración federal panista y llegue al poder el PRI, Samuel González mencionó que hay tempo suficiente para desahogar este asunto, “hay que ver -de ser el caso- cómo sigue con la siguiente administración”.
Recientemente, el exgobernador amplió su demanda de amparo, pues un juzgado federal especializado reconoció que la PGR solicitó órdenes de cateo para revisar diversas propiedades.
El miércoles se confirmó que los excolaboradores de Yarrington, Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga, fueron ingresados al penal de máxima seguridad de Jalisco.
En tanto, Sonia de Pau García se apegó al programa de testigo colaborador y presuntamente proporcionará información relacionada con la red de lavado de dinero.
Se aceptó su inclusión en dicho programa porque conocía operaciones presuntamente ilegales de su exesposo Fernando Cano Martínez, empresario en el ramo inmobiliario y medios de comunicación en Tamaulipas.
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