Apro
La procuradora general de la República, Marisela Morales, rechazó que la consignación de seis militares, entre ellos el exsubsecretario de la Defensa Nacional, general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, responda a intereses políticos o a venganzas de carácter personal.
“La Procuraduría General de la República (PGR) actúa con respeto, apegada al derecho, con seriedad y responsabilidad, y en ese sentido hemos realizado cada una de las diligencias. No existe ningún tipo de interés que no sea aplicar la ley como está en la propia Constitución mandatado”, dijo.
La funcionaria federal señaló la PGR ha actuado con transparencia informando de aquellas determinaciones que ha tomado el Ministerio Público, primero para detener y arraigar a los militares –acusados de proteger al cártel de los hermanos Beltrán Leyva– y después para consignarlos.
“Hemos trabajado para darle transparencia, lo más que se ha podido, porque evidentemente las investigaciones tienen sigilo, pero bueno, cuando se solicitan medidas cautelares, cuando estas cuestiones se van ya al órgano jurisdiccional, pues también ahí ya es algo que se hace público y nosotros en la medida en que hemos podido hemos transparentado la actuación del Ministerio Público y con total apego a la ley y con responsabilidad hemos actuado”, puntualizó.
Entrevistada en la Universidad Iberoamericana, donde firmó un convenio de colaboración para la capacitación de personal de la PGR en juicios orales, Morales subrayó que en las pesquisas contra los militares colaboró la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que participó en algunas detenciones y ayudó con el intercambio de información.
La víspera, los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Rubén Pérez Ramírez y Ricardo Escorcia Vargas, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, recibieron el auto de formal prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
El juez tercero de Distrito en materia penal de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, consideró que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de los seis militares, quienes se encuentran internados en el penal de El Altiplano, en el Estado de México.
Y debido a que los delitos que se les imputan están tipificados como graves, ninguno podrá obtener libertad bajo fianza.
La noche de ayer, el juez estableció que con los elementos de prueba que constan en el expediente, “se desprenden indicios suficientes que comprobaron el cuerpo del delito de delincuencia organizada y que hacen probable la responsabilidad penal de los ahora procesados en su comisión”.
Asimismo, destacó que constan informes que señalan que como servidores públicos, los militares “favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como Los Beltrán Leyva con la que se les relaciona”.
El juez dio inicio a la etapa de instrucción tras dictar el auto de formal prisión, a fin de que las partes puedan ofrecer las pruebas que consideren pertinentes.
La procuradora general de la República, Marisela Morales, rechazó que la consignación de seis militares, entre ellos el exsubsecretario de la Defensa Nacional, general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, responda a intereses políticos o a venganzas de carácter personal.
“La Procuraduría General de la República (PGR) actúa con respeto, apegada al derecho, con seriedad y responsabilidad, y en ese sentido hemos realizado cada una de las diligencias. No existe ningún tipo de interés que no sea aplicar la ley como está en la propia Constitución mandatado”, dijo.
La funcionaria federal señaló la PGR ha actuado con transparencia informando de aquellas determinaciones que ha tomado el Ministerio Público, primero para detener y arraigar a los militares –acusados de proteger al cártel de los hermanos Beltrán Leyva– y después para consignarlos.
“Hemos trabajado para darle transparencia, lo más que se ha podido, porque evidentemente las investigaciones tienen sigilo, pero bueno, cuando se solicitan medidas cautelares, cuando estas cuestiones se van ya al órgano jurisdiccional, pues también ahí ya es algo que se hace público y nosotros en la medida en que hemos podido hemos transparentado la actuación del Ministerio Público y con total apego a la ley y con responsabilidad hemos actuado”, puntualizó.
Entrevistada en la Universidad Iberoamericana, donde firmó un convenio de colaboración para la capacitación de personal de la PGR en juicios orales, Morales subrayó que en las pesquisas contra los militares colaboró la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que participó en algunas detenciones y ayudó con el intercambio de información.
La víspera, los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Rubén Pérez Ramírez y Ricardo Escorcia Vargas, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, recibieron el auto de formal prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
El juez tercero de Distrito en materia penal de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, consideró que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de los seis militares, quienes se encuentran internados en el penal de El Altiplano, en el Estado de México.
Y debido a que los delitos que se les imputan están tipificados como graves, ninguno podrá obtener libertad bajo fianza.
La noche de ayer, el juez estableció que con los elementos de prueba que constan en el expediente, “se desprenden indicios suficientes que comprobaron el cuerpo del delito de delincuencia organizada y que hacen probable la responsabilidad penal de los ahora procesados en su comisión”.
Asimismo, destacó que constan informes que señalan que como servidores públicos, los militares “favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como Los Beltrán Leyva con la que se les relaciona”.
El juez dio inicio a la etapa de instrucción tras dictar el auto de formal prisión, a fin de que las partes puedan ofrecer las pruebas que consideren pertinentes.
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