La dupla gobierno-barones
Impunidad, ¿hasta cuándo?
Carlos Fernández-Vega / México SA
Desde tiempos de Carlos Salinas, autor de las "reformas" al sector, la minería reporta un crecimiento sostenido en dos vertientes: por una parte, concesiones a granel, las fortunas de los barones (nacionales y extranjeros) del ramo, la depredación ecológica con la que explotan sus concesiones y la impunidad que el gobierno federal les garantiza; por otra, la miseria, inseguridad e insalubridad en las que desempeñan sus labores los trabajadores mineros, con su elevada cuan creciente cuota de muerte, junto con la ausencia de beneficios para ellos, y para los municipios y estados en los que se extrae la riqueza. Se trata, pues, del saqueo permanente de la nación, y entre las patas se llevan la vida de no pocos mexicanos.
Millones y millones de hectáreas (más de una cuarta parte del territorio nacional) han sido concesionadas al capital privado por el gobierno federal, pero no sólo eso. Cuatro gobiernos al hilo (de Salinas a Calderón) les han servido la mesa a los barones de la minería: desde el regalo de empresas del Estado (como Cananea), el pago simbólico por hectárea concesionada (de 5 pesos el más bajo; de 111 pesos el más alto, y que igual utilizan para otros fines, como el desarrollo de centros turísticos que nada tienen que ver con el objeto de tal concesión), la abierta violación en materia ecológica, la exención fiscal y el nulo beneficio para las arcas nacionales, hasta la comisión de crímenes industriales (como en Pasta de Conchos, de Germán Larrea y su Grupo México), las ilegales cuan infrahumanas condiciones laborales que nunca son registradas por las siempre vigilantes "autoridades" correspondientes y la persecución de líderes sindicales que no se doblan ante los caprichos del dinero. Eso y mucho más ha consentido el gobierno federal a los depredadores barones de la minería que operan en México.
Año tras año, y muerte tras muerte, el gobierno federal ha salido en defensa de estos pillos de cuello blanco, a quienes todo les facilita. Por ejemplo, han transcurrido más de seis años desde la tragedia en Pasta de Conchos, y los únicos que han pagado son los mineros muertos que permanecen sepultados en el fondo de la mina y sus familias. Germán Larrea y sus esbirros siguen tan campantes. Y los llamados "pocitos", en los que mueren los mineros, mientras políticos y empresarios hacen negocio.
Años y más años han transcurrido y, no obstante el impedimento legal, la minera San Xavier, en San Luis Potosí, está decidida a arrasar con el escudo del estado. Caballo Blanco, en Veracruz, viola todas las disposiciones legales y, en contubernio con la Semarnat, mantiene la devastación en la zona en la que opera. El puntual rechazo de la sociedad movilizada no ha podido con las sucias maniobras de las empresas canadienses que arrasan con la ecología para explotar las zonas auríferas en Baja California Sur, y etcétera, etcétera, porque este tipo de casos se registran en toda la República agujereada, mientras la supuesta "autoridad" se lava las manos, pues sólo atiende las exigencias del gran capital.
Allí está el reciente caso de los seis mineros muertos, más un herido, en la mina VII de la Unidad Mimosa, en Progreso, Coahuila, propiedad del consorcio privado (antes propiedad del Estado) Altos Hornos de México, que preside Alonso Ancira Elizondo, uno de los pillos de cuello blanco. Menos de dos semanas atrás murieron otros siete mineros en un "pocito clandestino" en Coahuila, propiedad de Minera El Progreso (cuyos dueños son un ex alcalde priísta, Federico Quintanilla Riojas, y el empresario Eduardo Morales). Nada ha sucedido salvo apresuradas –en el segundo de los casos citados– "cancelaciones de las concesiones".
Por lo que toca a Alonso Ancira, rápidamente anunció que mantendrá “fuera de operación la Mina VII de la Unidad Mimosa, en la cual el pasado viernes se suscitó un accidente por desprendimiento del manto de carbón, a raíz del cual lamentablemente fallecieron seis trabajadores… Si bien la mina es segura y plenamente operable, permanecerá cerrada hasta la restitución de la confianza en el personal… Aunque no se pueden determinar los alcances de este paro no programado, en el corto plazo la producción de las siderúrgicas de Altos Hornos de México no se verá afectada, dado que el carbón necesario para la operación de los altos hornos de la empresa en Monclova será suplido por otras unidades mineras”. El citado empresario aduce razones de "confianza del personal", pero todo indica que la decisión va por otro lado: ganar tiempo para tapar el homicidio industrial, para lo cual cuenta con la mejor disposición de la "autoridad", y para evitar que los mineros le alcancen el cuello.
Lo anterior, porque los trabajadores del carbón ocuparon pacíficamente los accesos a la citada Mina VII, Progreso, Coahuila, y se instalaron en paro permanente hasta que la empresa les garantice condiciones de seguridad, de acuerdo con el sindicato nacional que preside Napoleón Gómez Urrutia, que detalló que "ante la irresponsabilidad y negligencia de las empresas en las tragedias en dos minas de la región carbonífera de Coahuila, que en las últimas dos semanas llevó a la muerte a 13 mineros del carbón, un grupo de más de 500 trabajadores decidieron tomar pacíficamente el acceso a la Mina VII de El Progreso, Coahuila, en protesta por la falta de seguridad y por la ausencia de verdaderas medidas de protección por parte de la empresa, que impidan nuevos accidentes".
Los trabajadores que protestan son miembros de la sección 303 del Sindicato Nacional de Mineros, “que en los últimos años fue usurpada por ‘charros’ al servicio de Ancira Elizondo, los cuales no protegen ni defienden los intereses de los trabajadores, sino que sirven a la empresa y a sí mismos. Esta misma semana se presentará una denuncia penal de ‘homicidio de comisión por omisión’, contra los funcionarios públicos responsables, los directivos, los accionistas y los miembros del consejo de administración de Mimosa y del Grupo Acerero del Norte, por la negligencia criminal e irresponsabilidad”. Pero Ancira asegura que cierra la mina por razones de "restitución de la confianza en el personal". ¿Hasta cuándo la impunidad?
Las rebanadas del pastel
El "nuevo PRI" no deja de presumir el cobre: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa (juveniles dinosaurios tricolores) serán los coordinadores parlamentarios en las cámaras de diputados y senadores, respectivamente. Y por si alguien dudara, otro chamaco, Pedro Joaquín Coldwell, jura que "los legisladores electos del Revolucionario Institucional los eligieron por unanimidad".
Impunidad, ¿hasta cuándo?
Carlos Fernández-Vega / México SA
Desde tiempos de Carlos Salinas, autor de las "reformas" al sector, la minería reporta un crecimiento sostenido en dos vertientes: por una parte, concesiones a granel, las fortunas de los barones (nacionales y extranjeros) del ramo, la depredación ecológica con la que explotan sus concesiones y la impunidad que el gobierno federal les garantiza; por otra, la miseria, inseguridad e insalubridad en las que desempeñan sus labores los trabajadores mineros, con su elevada cuan creciente cuota de muerte, junto con la ausencia de beneficios para ellos, y para los municipios y estados en los que se extrae la riqueza. Se trata, pues, del saqueo permanente de la nación, y entre las patas se llevan la vida de no pocos mexicanos.
Millones y millones de hectáreas (más de una cuarta parte del territorio nacional) han sido concesionadas al capital privado por el gobierno federal, pero no sólo eso. Cuatro gobiernos al hilo (de Salinas a Calderón) les han servido la mesa a los barones de la minería: desde el regalo de empresas del Estado (como Cananea), el pago simbólico por hectárea concesionada (de 5 pesos el más bajo; de 111 pesos el más alto, y que igual utilizan para otros fines, como el desarrollo de centros turísticos que nada tienen que ver con el objeto de tal concesión), la abierta violación en materia ecológica, la exención fiscal y el nulo beneficio para las arcas nacionales, hasta la comisión de crímenes industriales (como en Pasta de Conchos, de Germán Larrea y su Grupo México), las ilegales cuan infrahumanas condiciones laborales que nunca son registradas por las siempre vigilantes "autoridades" correspondientes y la persecución de líderes sindicales que no se doblan ante los caprichos del dinero. Eso y mucho más ha consentido el gobierno federal a los depredadores barones de la minería que operan en México.
Año tras año, y muerte tras muerte, el gobierno federal ha salido en defensa de estos pillos de cuello blanco, a quienes todo les facilita. Por ejemplo, han transcurrido más de seis años desde la tragedia en Pasta de Conchos, y los únicos que han pagado son los mineros muertos que permanecen sepultados en el fondo de la mina y sus familias. Germán Larrea y sus esbirros siguen tan campantes. Y los llamados "pocitos", en los que mueren los mineros, mientras políticos y empresarios hacen negocio.
Años y más años han transcurrido y, no obstante el impedimento legal, la minera San Xavier, en San Luis Potosí, está decidida a arrasar con el escudo del estado. Caballo Blanco, en Veracruz, viola todas las disposiciones legales y, en contubernio con la Semarnat, mantiene la devastación en la zona en la que opera. El puntual rechazo de la sociedad movilizada no ha podido con las sucias maniobras de las empresas canadienses que arrasan con la ecología para explotar las zonas auríferas en Baja California Sur, y etcétera, etcétera, porque este tipo de casos se registran en toda la República agujereada, mientras la supuesta "autoridad" se lava las manos, pues sólo atiende las exigencias del gran capital.
Allí está el reciente caso de los seis mineros muertos, más un herido, en la mina VII de la Unidad Mimosa, en Progreso, Coahuila, propiedad del consorcio privado (antes propiedad del Estado) Altos Hornos de México, que preside Alonso Ancira Elizondo, uno de los pillos de cuello blanco. Menos de dos semanas atrás murieron otros siete mineros en un "pocito clandestino" en Coahuila, propiedad de Minera El Progreso (cuyos dueños son un ex alcalde priísta, Federico Quintanilla Riojas, y el empresario Eduardo Morales). Nada ha sucedido salvo apresuradas –en el segundo de los casos citados– "cancelaciones de las concesiones".
Por lo que toca a Alonso Ancira, rápidamente anunció que mantendrá “fuera de operación la Mina VII de la Unidad Mimosa, en la cual el pasado viernes se suscitó un accidente por desprendimiento del manto de carbón, a raíz del cual lamentablemente fallecieron seis trabajadores… Si bien la mina es segura y plenamente operable, permanecerá cerrada hasta la restitución de la confianza en el personal… Aunque no se pueden determinar los alcances de este paro no programado, en el corto plazo la producción de las siderúrgicas de Altos Hornos de México no se verá afectada, dado que el carbón necesario para la operación de los altos hornos de la empresa en Monclova será suplido por otras unidades mineras”. El citado empresario aduce razones de "confianza del personal", pero todo indica que la decisión va por otro lado: ganar tiempo para tapar el homicidio industrial, para lo cual cuenta con la mejor disposición de la "autoridad", y para evitar que los mineros le alcancen el cuello.
Lo anterior, porque los trabajadores del carbón ocuparon pacíficamente los accesos a la citada Mina VII, Progreso, Coahuila, y se instalaron en paro permanente hasta que la empresa les garantice condiciones de seguridad, de acuerdo con el sindicato nacional que preside Napoleón Gómez Urrutia, que detalló que "ante la irresponsabilidad y negligencia de las empresas en las tragedias en dos minas de la región carbonífera de Coahuila, que en las últimas dos semanas llevó a la muerte a 13 mineros del carbón, un grupo de más de 500 trabajadores decidieron tomar pacíficamente el acceso a la Mina VII de El Progreso, Coahuila, en protesta por la falta de seguridad y por la ausencia de verdaderas medidas de protección por parte de la empresa, que impidan nuevos accidentes".
Los trabajadores que protestan son miembros de la sección 303 del Sindicato Nacional de Mineros, “que en los últimos años fue usurpada por ‘charros’ al servicio de Ancira Elizondo, los cuales no protegen ni defienden los intereses de los trabajadores, sino que sirven a la empresa y a sí mismos. Esta misma semana se presentará una denuncia penal de ‘homicidio de comisión por omisión’, contra los funcionarios públicos responsables, los directivos, los accionistas y los miembros del consejo de administración de Mimosa y del Grupo Acerero del Norte, por la negligencia criminal e irresponsabilidad”. Pero Ancira asegura que cierra la mina por razones de "restitución de la confianza en el personal". ¿Hasta cuándo la impunidad?
Las rebanadas del pastel
El "nuevo PRI" no deja de presumir el cobre: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa (juveniles dinosaurios tricolores) serán los coordinadores parlamentarios en las cámaras de diputados y senadores, respectivamente. Y por si alguien dudara, otro chamaco, Pedro Joaquín Coldwell, jura que "los legisladores electos del Revolucionario Institucional los eligieron por unanimidad".
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