El niño ahogado y el gobierno
Intocados, los barones mineros
Carlos Fernández-Vega / México SA
Como parte del clásico "ahogado el niño se tapa (una pequeña porción) el pozo", ayer las secretarías de Economía y del Trabajo anunciaron con bombo y platillo que "se suspenderán (provisional y/o definitivamente) las actividades mineras en los lotes donde se ubican 32 centros de trabajo en Coahuila, por haber violado las normas de seguridad laboral", de acuerdo con los titulares de dichas dependencias, Bruno Ferrari y Rosalinda Vélez, respectivamente, quienes no especificaron cuáles son las empresas presuntamente sancionadas.
Con tal decisión, y tras la muerte de 14 mineros en las últimas dos semanas y sólo en el estado de Coahuila, la "autoridad" pretende convencer al respetable de que se mantiene vigilante, actuante y celosa del cumplimiento de la ley sectorial, la cual, dicho sea de paso, es un traje a la medida de los grandes consorcios a los que el par de gobiernos panistas "concesionaron" alrededor de una cuarta parte del territorio nacional para su explotación minera. Y los sastres han sido el gobierno federal y el Congreso.
Para el caso concreto de Coahuila, la información oficial (léase de la Secretaría de Economía) revela que hasta junio de 2011 alrededor de 23 por ciento del territorio estatal (algo así como 3.5 millones de hectáreas) ha sido "concesionado" al capital privado –nacional y extranjero– para la exploración y explotación minera, es decir, para que se queden con la riqueza de la nación sin que ésta reciba nada a cambio. Sólo en el primer semestre del año pasado el gobierno federal otorgó 2 mil 62 concesiones a dichos corporativos, fundamentalmente mexicanos, canadienses y estadunidenses.
Más de seis años han transcurrido desde la tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila, y ni con el pétalo de una rosa han sido molestados los responsables (Germán Larrea y su Grupo México) de la muerte de más de 60 mineros. ¿Dónde estaban, están, las secretarías de Economía y del Trabajo para evitar lo evitable? Ahora anuncian el cierre temporal o definitivo de 32 centros de trabajo en la entidad, por violaciones a las normas de seguridad laboral, es decir, las mismas que por el arco del triunfo se pasaron, y se siguen pasando, el citado empresario y los demás barones de la minería.
El santísimo secretario Ferrari dijo (sic): "me voy a atrever a citar incluso un ejemplo, un caso que muestra la importancia de esto es el lamentable accidente que sucedió en el pozo de carbón propiedad de la mina La Escondida fracción II, Fracción E explotada por Mineral el Progreso SA de CV (patrón), cuyo titular de la concesión es David Armando Morales Yutani, en la que se incurrió en acciones, y hay que decirlo con todas sus letras, es importante que lo sepa la opinión pública, acciones como el registro post mortem ante el IMSS de los trabajadores que lamentablemente perdieron la vida. Se registró después de que estas personas estaban muertas, es decir, no habían, primero, no había registradas, y segundo, se registró a las mismas después de que habían muerto. Sin embargo, démonos cuenta que por ejemplo esto, que lo tendrá que atender el Seguro Social, en principio ni siquiera configuraría un delito grave, aunque podríamos estar hablando de un fraude", es decir, exactamente lo que sucedió con los trabajadores de Pasta de Conchos.
Por su parte, la secretaria Vélez detalló que "por lo que se refiere a la región carbonífera en Coahuila, hemos pasado de 5 a 25 plazas de inspector (federal del trabajo), es decir, hemos quintuplicado el número de ellos". Es una excelente noticia, sobre todo cuando se sabe que el territorio concesionado al capital privado en esa entidad se aproxima a 3.5 millones de hectáreas, de tal suerte que a cada uno de esos inspectores de la Secretaría del Trabajo le corresponden supervisar, cuando menos, 140 mil hectáreas al año, o lo que es lo mismo, 383.56 hectáreas por día, incluidos sábados, domingos y días festivos.
¿Qué están obligados a supervisar esos 25 inspectores federales en el estado de Coahuila? Pues entre otras cosas, 28 regiones mineras, tres cuencas carboníferas, ocho subcuencas, 14 distritos mineros, 45 plantas de beneficio de minerales no metálicos y 11 de minerales metálicos, cuando menos. La tarea es titánica, si se considera que su deber es supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, especialmente aquellas relativas a la seguridad laboral. Y con un buen sobre de parte de las empresas concesionadas, dirán –como en Pasta de Conchos, en 2006– que todo está de maravilla, pues los corporativos son fanáticos del cumplimiento de la ley.
Lo mismo sucede en el resto de la República concesionada: la STPS incrementó su plantilla de inspectores federales de 218 al inicio de la presente administración a 776 en 2012. A estas alturas, más de 51 millones de hectáreas del territorio nacional han sido concesionadas al capital minero privado para explotación minera, de tal suerte que a cada uno de esos inspectores federales les tocaría supervisar cerca de 66 mil hectáreas por año. A ver cuándo acaban de hacer su chamba, y sobre todo con qué calidad la hacen. En síntesis, los barones de la minería seguirán impunes, que para eso están los parches de ocasión, y las esforzadas, vigilantes y veloces autoridades.
Las rebanadas del pastel
De un generoso lector con amplísima experiencia en el sector minero (27 años de servicio en el gobierno, elaborando estadísticas y estudios sobre esta relevante actividad productiva), cuyo nombre, por obvias razones, se omite: “un tema importante que se utiliza para difundir los grandes beneficios que tiene la minería es la inversión; un proyecto minero de mediana magnitud se dice que tendrá una inversión de dos mil o más millones de dólares, lo que es verdad, pero su impacto será mucho menor a lo que se dice por la siguiente razón: el inversionista le pagará gran parte de esa cantidad al que tiene la concesión –seguramente una empresa extranjera– pero será en otro país, Canadá, por lo que esos recursos nunca entrarán a México. Esto se puede constatar al verificar los montos de la inversión extranjera directa con los datos de inversión que reportan tanto la Secretaría de Economía como la Cámara Minera de México. Hay que agregar que los grandes equipos mineros son importados al 100 por ciento, y al ser de tecnología de punta son automatizados, por lo que no se tendrá un gran beneficio en la generación de empleos. Existen muchas irregularidades en la regulación minera: por ejemplo, no existe un reglamento de la ley minera vigente. El último data de hace más de 25 años. También es importante mencionar que no se publicó durante el presente sexenio el Programa Sectorial para la minería tal como establece la ley de planeación y muchas cosas más”.
Intocados, los barones mineros
Carlos Fernández-Vega / México SA
Como parte del clásico "ahogado el niño se tapa (una pequeña porción) el pozo", ayer las secretarías de Economía y del Trabajo anunciaron con bombo y platillo que "se suspenderán (provisional y/o definitivamente) las actividades mineras en los lotes donde se ubican 32 centros de trabajo en Coahuila, por haber violado las normas de seguridad laboral", de acuerdo con los titulares de dichas dependencias, Bruno Ferrari y Rosalinda Vélez, respectivamente, quienes no especificaron cuáles son las empresas presuntamente sancionadas.
Con tal decisión, y tras la muerte de 14 mineros en las últimas dos semanas y sólo en el estado de Coahuila, la "autoridad" pretende convencer al respetable de que se mantiene vigilante, actuante y celosa del cumplimiento de la ley sectorial, la cual, dicho sea de paso, es un traje a la medida de los grandes consorcios a los que el par de gobiernos panistas "concesionaron" alrededor de una cuarta parte del territorio nacional para su explotación minera. Y los sastres han sido el gobierno federal y el Congreso.
Para el caso concreto de Coahuila, la información oficial (léase de la Secretaría de Economía) revela que hasta junio de 2011 alrededor de 23 por ciento del territorio estatal (algo así como 3.5 millones de hectáreas) ha sido "concesionado" al capital privado –nacional y extranjero– para la exploración y explotación minera, es decir, para que se queden con la riqueza de la nación sin que ésta reciba nada a cambio. Sólo en el primer semestre del año pasado el gobierno federal otorgó 2 mil 62 concesiones a dichos corporativos, fundamentalmente mexicanos, canadienses y estadunidenses.
Más de seis años han transcurrido desde la tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila, y ni con el pétalo de una rosa han sido molestados los responsables (Germán Larrea y su Grupo México) de la muerte de más de 60 mineros. ¿Dónde estaban, están, las secretarías de Economía y del Trabajo para evitar lo evitable? Ahora anuncian el cierre temporal o definitivo de 32 centros de trabajo en la entidad, por violaciones a las normas de seguridad laboral, es decir, las mismas que por el arco del triunfo se pasaron, y se siguen pasando, el citado empresario y los demás barones de la minería.
El santísimo secretario Ferrari dijo (sic): "me voy a atrever a citar incluso un ejemplo, un caso que muestra la importancia de esto es el lamentable accidente que sucedió en el pozo de carbón propiedad de la mina La Escondida fracción II, Fracción E explotada por Mineral el Progreso SA de CV (patrón), cuyo titular de la concesión es David Armando Morales Yutani, en la que se incurrió en acciones, y hay que decirlo con todas sus letras, es importante que lo sepa la opinión pública, acciones como el registro post mortem ante el IMSS de los trabajadores que lamentablemente perdieron la vida. Se registró después de que estas personas estaban muertas, es decir, no habían, primero, no había registradas, y segundo, se registró a las mismas después de que habían muerto. Sin embargo, démonos cuenta que por ejemplo esto, que lo tendrá que atender el Seguro Social, en principio ni siquiera configuraría un delito grave, aunque podríamos estar hablando de un fraude", es decir, exactamente lo que sucedió con los trabajadores de Pasta de Conchos.
Por su parte, la secretaria Vélez detalló que "por lo que se refiere a la región carbonífera en Coahuila, hemos pasado de 5 a 25 plazas de inspector (federal del trabajo), es decir, hemos quintuplicado el número de ellos". Es una excelente noticia, sobre todo cuando se sabe que el territorio concesionado al capital privado en esa entidad se aproxima a 3.5 millones de hectáreas, de tal suerte que a cada uno de esos inspectores de la Secretaría del Trabajo le corresponden supervisar, cuando menos, 140 mil hectáreas al año, o lo que es lo mismo, 383.56 hectáreas por día, incluidos sábados, domingos y días festivos.
¿Qué están obligados a supervisar esos 25 inspectores federales en el estado de Coahuila? Pues entre otras cosas, 28 regiones mineras, tres cuencas carboníferas, ocho subcuencas, 14 distritos mineros, 45 plantas de beneficio de minerales no metálicos y 11 de minerales metálicos, cuando menos. La tarea es titánica, si se considera que su deber es supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, especialmente aquellas relativas a la seguridad laboral. Y con un buen sobre de parte de las empresas concesionadas, dirán –como en Pasta de Conchos, en 2006– que todo está de maravilla, pues los corporativos son fanáticos del cumplimiento de la ley.
Lo mismo sucede en el resto de la República concesionada: la STPS incrementó su plantilla de inspectores federales de 218 al inicio de la presente administración a 776 en 2012. A estas alturas, más de 51 millones de hectáreas del territorio nacional han sido concesionadas al capital minero privado para explotación minera, de tal suerte que a cada uno de esos inspectores federales les tocaría supervisar cerca de 66 mil hectáreas por año. A ver cuándo acaban de hacer su chamba, y sobre todo con qué calidad la hacen. En síntesis, los barones de la minería seguirán impunes, que para eso están los parches de ocasión, y las esforzadas, vigilantes y veloces autoridades.
Las rebanadas del pastel
De un generoso lector con amplísima experiencia en el sector minero (27 años de servicio en el gobierno, elaborando estadísticas y estudios sobre esta relevante actividad productiva), cuyo nombre, por obvias razones, se omite: “un tema importante que se utiliza para difundir los grandes beneficios que tiene la minería es la inversión; un proyecto minero de mediana magnitud se dice que tendrá una inversión de dos mil o más millones de dólares, lo que es verdad, pero su impacto será mucho menor a lo que se dice por la siguiente razón: el inversionista le pagará gran parte de esa cantidad al que tiene la concesión –seguramente una empresa extranjera– pero será en otro país, Canadá, por lo que esos recursos nunca entrarán a México. Esto se puede constatar al verificar los montos de la inversión extranjera directa con los datos de inversión que reportan tanto la Secretaría de Economía como la Cámara Minera de México. Hay que agregar que los grandes equipos mineros son importados al 100 por ciento, y al ser de tecnología de punta son automatizados, por lo que no se tendrá un gran beneficio en la generación de empleos. Existen muchas irregularidades en la regulación minera: por ejemplo, no existe un reglamento de la ley minera vigente. El último data de hace más de 25 años. También es importante mencionar que no se publicó durante el presente sexenio el Programa Sectorial para la minería tal como establece la ley de planeación y muchas cosas más”.
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