Alejandra Cullen Benítez
México tiene un problema sistémico. A nivel federal o estatal, los incentivos de la burocracia inducen los abusos en las intervenciones gubernamentales. El recorrido por algunas reservas ecológicas de Chihuahua dan una idea de este tipo de disrupciones.
Chihuahua tiene regiones espectaculares, pero sorprende que, a pesar de sus cercanía con EUA, predominen la falta de sistemas y el atraso institucional.
La capital es un mal collage de edificios del porfiriato, el comercio popular, la ausencia de desarrollo urbano y el abandono institucional. Mientras, Creel esta rodeada de reservas ecológicas, cuyo cuidado destaca el tema de esta columna.
La reserva de Cusarare, con una cascada de 40 metros de ancho, el valle de los hongos, el de las ranas y el de los monjes están a cargo de los tarahumaras. Todas están limpias, con caminos de terracería bien delimitados. Los vendedores de artesanías están distribuidos para garantizar mercado para todos sin abrumar al turista. La entrada cuesta 25 pesos y los recursos se destinan a la comunidad.
A unas tres horas se encuentra Basaseachic. En medio de un bosque conífero espectacular se encuentra una de las cascadas más grandes de Latinoamérica. La reserva depende del gobierno federal. Parte del bosque fue “invadido”. Construyeron un hotel a costa del espacio protegido. A decir de los locales, las autoridades clausuraron la obra al percatarse del abuso (cuando el hotel estaba casi terminado). Los caminos de acceso a los miradores tienen cemento. La entrada cuesta 50 pesos por adulto que se centralizan y los vendedores están agrupados y solo venden golosinas.
El tercer ejemplo es el de barrancas del cobre, que es, sin duda, uno de los lugares más bellos e impresionantes del país. Su cuidado esta a cargo del gobierno del estado. El turismo se concentra en el conjunto de tirolesa y teleférico. Para acceder desde la estación de tren hay una carretera de dos carriles. Actualmente, la venta de artesanías se distribuye entre la estación de tren, la entrada del hotel Divisadero y la zona del teleférico. El acceso a la reserva vale 25 pesos por persona que recauda el gobierno chihuahuense.
A pesar del bajo flujo turístico (excepto en semana santa), el gobierno estatal decidió ampliar la carretera y, abrirse paso dentro del bosque que bordea el cañón. Junto a la caseta de acceso, construyeron un conjunto abultado de casitas de cemento mal orientadas para centralizar a los vendedores de artesanías y mantenerlos fuera del conjunto del teleférico (el más rentable) que esperan controlar.
Estos tres ejemplos muestran distintas visiones de cuidado de las reservas naturales. La intervención gubernamental trae consigo: el uso intensivo de cemento (aún cuando no es necesario) a costa de los materiales locales; el descuido de las comunidades indígenas; los impedimentos gubernamentales para que estos aprovechen la derrama económica del turismo; y sobre todo, la corrupción que facilita invasiones y el abuso y agotamiento del territorio.
Estas observaciones no buscan desdeñar el rol del gobierno sino señalar un problema sistémico que aumenta nuestra vulnerabilidad y la del territorio. La diferencia en el cuidado de las reservas que dan las autoridades y las comunidades ejemplifica un problema de diseño institucional. La población, por falta de fuerza, de conciencia o de masa crítica, no logra obligar a las autoridades a actuar en su beneficio. Por falta de pesos y contrapesos estamos a merced de las voluntades de los burócratas.
México tiene un problema sistémico. A nivel federal o estatal, los incentivos de la burocracia inducen los abusos en las intervenciones gubernamentales. El recorrido por algunas reservas ecológicas de Chihuahua dan una idea de este tipo de disrupciones.
Chihuahua tiene regiones espectaculares, pero sorprende que, a pesar de sus cercanía con EUA, predominen la falta de sistemas y el atraso institucional.
La capital es un mal collage de edificios del porfiriato, el comercio popular, la ausencia de desarrollo urbano y el abandono institucional. Mientras, Creel esta rodeada de reservas ecológicas, cuyo cuidado destaca el tema de esta columna.
La reserva de Cusarare, con una cascada de 40 metros de ancho, el valle de los hongos, el de las ranas y el de los monjes están a cargo de los tarahumaras. Todas están limpias, con caminos de terracería bien delimitados. Los vendedores de artesanías están distribuidos para garantizar mercado para todos sin abrumar al turista. La entrada cuesta 25 pesos y los recursos se destinan a la comunidad.
A unas tres horas se encuentra Basaseachic. En medio de un bosque conífero espectacular se encuentra una de las cascadas más grandes de Latinoamérica. La reserva depende del gobierno federal. Parte del bosque fue “invadido”. Construyeron un hotel a costa del espacio protegido. A decir de los locales, las autoridades clausuraron la obra al percatarse del abuso (cuando el hotel estaba casi terminado). Los caminos de acceso a los miradores tienen cemento. La entrada cuesta 50 pesos por adulto que se centralizan y los vendedores están agrupados y solo venden golosinas.
El tercer ejemplo es el de barrancas del cobre, que es, sin duda, uno de los lugares más bellos e impresionantes del país. Su cuidado esta a cargo del gobierno del estado. El turismo se concentra en el conjunto de tirolesa y teleférico. Para acceder desde la estación de tren hay una carretera de dos carriles. Actualmente, la venta de artesanías se distribuye entre la estación de tren, la entrada del hotel Divisadero y la zona del teleférico. El acceso a la reserva vale 25 pesos por persona que recauda el gobierno chihuahuense.
A pesar del bajo flujo turístico (excepto en semana santa), el gobierno estatal decidió ampliar la carretera y, abrirse paso dentro del bosque que bordea el cañón. Junto a la caseta de acceso, construyeron un conjunto abultado de casitas de cemento mal orientadas para centralizar a los vendedores de artesanías y mantenerlos fuera del conjunto del teleférico (el más rentable) que esperan controlar.
Estos tres ejemplos muestran distintas visiones de cuidado de las reservas naturales. La intervención gubernamental trae consigo: el uso intensivo de cemento (aún cuando no es necesario) a costa de los materiales locales; el descuido de las comunidades indígenas; los impedimentos gubernamentales para que estos aprovechen la derrama económica del turismo; y sobre todo, la corrupción que facilita invasiones y el abuso y agotamiento del territorio.
Estas observaciones no buscan desdeñar el rol del gobierno sino señalar un problema sistémico que aumenta nuestra vulnerabilidad y la del territorio. La diferencia en el cuidado de las reservas que dan las autoridades y las comunidades ejemplifica un problema de diseño institucional. La población, por falta de fuerza, de conciencia o de masa crítica, no logra obligar a las autoridades a actuar en su beneficio. Por falta de pesos y contrapesos estamos a merced de las voluntades de los burócratas.
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