Francisco Garfias
Manuel Alvear Sevilla es el alcalde priista de Ébano, un municipio petrolero de San Luis Potosí que colinda con Tamaulipas. Su primer año de gestión lo pasó tranquilo. Había normalidad y un mínimo de seguridad. Era un “oasis, paz y tranquilidad” para citar al ya clásico Fausto Vallejo.
Pero vinieron lo pleitos entre las bandas del crimen organizado. La división de Los Zetas. Las alianzas de una parte de ese cartel con otras bandas. La seguridad se esfumó. La violencia subió. El miedo cundió entre los alrededor de 40 mil habitantes del municipio. El alcalde no fue la excepción. Sin rubor acepta que se trasladó a la capital potosina durante su segundo año de gestión. Desde allí gobierna por internet. “Las cosas se pusieron muy difíciles”, justifica.
Aplicó la máxima de que más vale aquí corrió, que aquí murió.
Desde entonces se convirtió en un presidente municipal que “gobierna por internet.”
Ese es el México en el que vivimos en 2012.
Alvear fue uno de los alcaldes del PRI, electos y en funciones, que asistieron ayer al cónclave con Enrique Peña Nieto, celebrado en los salones del hotel Meliá de Reforma. Hubo cuatro discursos. El de Salvador Manzur, alcalde de Boca del Río, Veracruz; el de Bárbara Botello, recién electa alcaldesa en León; el de Pedro Joaquín Coldwell, presidente del PRI; y el de Enrique Peña Nieto.
Ni una sola mención a los asesinatos de Édgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, San Luis Potosí; y de su coordinador de campaña, Juan Francisco Hernández Colunga.
¿Miedo a meterse en temas escabrosos? ¿Olvido deliberado?
Le preguntamos a Manzur, presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, los motivos del silencio. “No es el propósito de esta reunión”, justificó el hombrecito.
Un pobre argumento. Que le dediquen un minuto de silencio a uno de sus alcaldes asesinados no parece que desvíe ningún tema, por importante que sea.
Manzur, quien se la pasó más en el cotorreo con Peña que en el seguimiento del encuentro —a lo mejor le daba explicaciones sobre la derrota del PRI en su distrito— (dos a uno) nos dijo:
“Aquí vamos a hablar sobre el tema del fortalecimiento municipal. Vivimos en un ambiente de mucha reducción del ámbito municipal respecto al entorno internacional”, mencionó.
Y puso el ejemplo de los recursos: cuando el promedio internacional de los que ejercen los municipios es 20 o 25%, aquí en México es de cuatro por ciento. Estamos muy rezagados en términos de fortalecimiento municipal.
“Los alcaldes, los gobernadores. Todos los que hacemos acciones contra el crimen organizado estamos en riesgo. Cerca de 30 alcaldes han muerto. Es muy lamentable”, nos dijo, por separado, el amenazado alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso.
“¿La balacera del viernes pasado enfrente del Tec en San Luis? ¿El asesinato del alcalde de Matehuala? Terrible, lo que nunca habíamos vivido en San Luís Potosí”, nos comentó Victoria Labastida, alcaldesa con licencia de esa entidad.
Hace poco escuché al presidente Calderón presumir públicamente todo lo que ha hecho por los duranguenses, estado pobre que necesita grandes apoyos federales.
Ojalá pudiéramos decir lo mismo de San Luis Potosí, pero no es el caso. El estado de Ponciano Arriaga, del padre Peñalosa, de Francisco González Bocanegra, es de los más abandonados por el Ejecutivo Federal, según legisladores del PRI. El gobernador de la entidad, Fernando Toranzo, ha sido recibido una sola vez por el presidente Calderón, según el senador Carlos Jiménez Macías.
En Los Pinos hicieron oídos sordos a los llamados de auxilio del gobierno local que hubo, hay que decirlo, apenas en julio pasado, pero antes del macabro hallazgo de 14 cuerpos en una camioneta de servicios y de la balacera que dejó otros siete muertos. ¿Considerarán a los potosinos ciudadanos de segunda? Es pregunta.
Jiménez Macías lo dijo muy claro en la tribuna de la Comisión Permanente “Los potosinos sentimos que el gobierno federal está ausente”, recalcó.
Otro legislador potosino, José Ramón Martel, logró que todas las fracciones aprobaran un punto de acuerdo contra la violencia en la entidad.
Los prietos en el arroz fueron el diputado petista Jaime Cárdenas y otra desconocida legisladora de ese partido, sentaditos en su cómoda curul, que sin enfrentar el menor riesgo, votaron en contra del texto.
Les molestaba que el punto de acuerdo no especificara que el Ejército no puede ser enviado a San Luís Potosí para defender a los sufridos ciudadanos “porque es inconstitucional”.
El texto aprobado condena el asesinato del alcalde de Matehuala y su coordinador de campaña, y exhorta a las autoridades federales y locales a coordinarse, con el objeto de que se optimicen las acciones para combatir el crimen organizado en esa entidad.
Ricardo Monreal, PT y, Rubén Camarillo, PAN, sí firmaron, pero dejaron claro que el gobernador Toranzo no está exento de responsabilidad en el recrudecimiento de la violencia en San Luís Potosí.
Manuel Alvear Sevilla es el alcalde priista de Ébano, un municipio petrolero de San Luis Potosí que colinda con Tamaulipas. Su primer año de gestión lo pasó tranquilo. Había normalidad y un mínimo de seguridad. Era un “oasis, paz y tranquilidad” para citar al ya clásico Fausto Vallejo.
Pero vinieron lo pleitos entre las bandas del crimen organizado. La división de Los Zetas. Las alianzas de una parte de ese cartel con otras bandas. La seguridad se esfumó. La violencia subió. El miedo cundió entre los alrededor de 40 mil habitantes del municipio. El alcalde no fue la excepción. Sin rubor acepta que se trasladó a la capital potosina durante su segundo año de gestión. Desde allí gobierna por internet. “Las cosas se pusieron muy difíciles”, justifica.
Aplicó la máxima de que más vale aquí corrió, que aquí murió.
Desde entonces se convirtió en un presidente municipal que “gobierna por internet.”
Ese es el México en el que vivimos en 2012.
Alvear fue uno de los alcaldes del PRI, electos y en funciones, que asistieron ayer al cónclave con Enrique Peña Nieto, celebrado en los salones del hotel Meliá de Reforma. Hubo cuatro discursos. El de Salvador Manzur, alcalde de Boca del Río, Veracruz; el de Bárbara Botello, recién electa alcaldesa en León; el de Pedro Joaquín Coldwell, presidente del PRI; y el de Enrique Peña Nieto.
Ni una sola mención a los asesinatos de Édgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, San Luis Potosí; y de su coordinador de campaña, Juan Francisco Hernández Colunga.
¿Miedo a meterse en temas escabrosos? ¿Olvido deliberado?
Le preguntamos a Manzur, presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, los motivos del silencio. “No es el propósito de esta reunión”, justificó el hombrecito.
Un pobre argumento. Que le dediquen un minuto de silencio a uno de sus alcaldes asesinados no parece que desvíe ningún tema, por importante que sea.
Manzur, quien se la pasó más en el cotorreo con Peña que en el seguimiento del encuentro —a lo mejor le daba explicaciones sobre la derrota del PRI en su distrito— (dos a uno) nos dijo:
“Aquí vamos a hablar sobre el tema del fortalecimiento municipal. Vivimos en un ambiente de mucha reducción del ámbito municipal respecto al entorno internacional”, mencionó.
Y puso el ejemplo de los recursos: cuando el promedio internacional de los que ejercen los municipios es 20 o 25%, aquí en México es de cuatro por ciento. Estamos muy rezagados en términos de fortalecimiento municipal.
“Los alcaldes, los gobernadores. Todos los que hacemos acciones contra el crimen organizado estamos en riesgo. Cerca de 30 alcaldes han muerto. Es muy lamentable”, nos dijo, por separado, el amenazado alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso.
“¿La balacera del viernes pasado enfrente del Tec en San Luis? ¿El asesinato del alcalde de Matehuala? Terrible, lo que nunca habíamos vivido en San Luís Potosí”, nos comentó Victoria Labastida, alcaldesa con licencia de esa entidad.
Hace poco escuché al presidente Calderón presumir públicamente todo lo que ha hecho por los duranguenses, estado pobre que necesita grandes apoyos federales.
Ojalá pudiéramos decir lo mismo de San Luis Potosí, pero no es el caso. El estado de Ponciano Arriaga, del padre Peñalosa, de Francisco González Bocanegra, es de los más abandonados por el Ejecutivo Federal, según legisladores del PRI. El gobernador de la entidad, Fernando Toranzo, ha sido recibido una sola vez por el presidente Calderón, según el senador Carlos Jiménez Macías.
En Los Pinos hicieron oídos sordos a los llamados de auxilio del gobierno local que hubo, hay que decirlo, apenas en julio pasado, pero antes del macabro hallazgo de 14 cuerpos en una camioneta de servicios y de la balacera que dejó otros siete muertos. ¿Considerarán a los potosinos ciudadanos de segunda? Es pregunta.
Jiménez Macías lo dijo muy claro en la tribuna de la Comisión Permanente “Los potosinos sentimos que el gobierno federal está ausente”, recalcó.
Otro legislador potosino, José Ramón Martel, logró que todas las fracciones aprobaran un punto de acuerdo contra la violencia en la entidad.
Los prietos en el arroz fueron el diputado petista Jaime Cárdenas y otra desconocida legisladora de ese partido, sentaditos en su cómoda curul, que sin enfrentar el menor riesgo, votaron en contra del texto.
Les molestaba que el punto de acuerdo no especificara que el Ejército no puede ser enviado a San Luís Potosí para defender a los sufridos ciudadanos “porque es inconstitucional”.
El texto aprobado condena el asesinato del alcalde de Matehuala y su coordinador de campaña, y exhorta a las autoridades federales y locales a coordinarse, con el objeto de que se optimicen las acciones para combatir el crimen organizado en esa entidad.
Ricardo Monreal, PT y, Rubén Camarillo, PAN, sí firmaron, pero dejaron claro que el gobernador Toranzo no está exento de responsabilidad en el recrudecimiento de la violencia en San Luís Potosí.
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