Jenaro Villamil / Apro
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó los “actos de barbarie” cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación, especialmente en contra del Grupo Reforma, que en los últimos 20 días ha sufrido tres agresiones, y los ataques a DIPSA, la única empresa distribuidora de medios impresos en Nuevo León.
Los legisladores exhortaron al Ejecutivo federal para que facilite a los comunicadores el acceso a los instrumentos y mecanismos de protección para su función, además de proteger a los comunicadores, tal como establece la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada recientemente.
Al mismo tiempo, convocó a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) , Marisela Morales, a que abra las investigaciones que sean necesarias a nivel federal, “a fin de acelerar los resultados para la captura de los responsables de los ataques” en contra de Grupo Reforma.
La propuesta fue planteada por el diputado priista Rogelio Cerda e incluye solicitar medidas para garantizar la vida, la integridad física y la seguridad de quienes laboran en el periódico El Norte, del mismo grupo editorial.
Durante la discusión, el legislador federal priista y exprocurador Humberto Benítez consideró “inadmisible” que “vivamos en un país secuestrado en varias entidades por la delincuencia organizada”.
Mencionó los casos de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. En esta última entidad, han sido asesinados seis comunicadores en este año.
Benítez Treviño cuestionó: “De qué sirve que el pasado 21 de junio se haya publicado la ley aprobada el 30 de abril para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, cuando se vive en una atmósfera de miedo fundado, de temor justificado, y cuando la ONU ha dicho que México es el segundo país más peligroso del mundo” para ejercer el periodismo.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó los “actos de barbarie” cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación, especialmente en contra del Grupo Reforma, que en los últimos 20 días ha sufrido tres agresiones, y los ataques a DIPSA, la única empresa distribuidora de medios impresos en Nuevo León.
Los legisladores exhortaron al Ejecutivo federal para que facilite a los comunicadores el acceso a los instrumentos y mecanismos de protección para su función, además de proteger a los comunicadores, tal como establece la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada recientemente.
Al mismo tiempo, convocó a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) , Marisela Morales, a que abra las investigaciones que sean necesarias a nivel federal, “a fin de acelerar los resultados para la captura de los responsables de los ataques” en contra de Grupo Reforma.
La propuesta fue planteada por el diputado priista Rogelio Cerda e incluye solicitar medidas para garantizar la vida, la integridad física y la seguridad de quienes laboran en el periódico El Norte, del mismo grupo editorial.
Durante la discusión, el legislador federal priista y exprocurador Humberto Benítez consideró “inadmisible” que “vivamos en un país secuestrado en varias entidades por la delincuencia organizada”.
Mencionó los casos de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. En esta última entidad, han sido asesinados seis comunicadores en este año.
Benítez Treviño cuestionó: “De qué sirve que el pasado 21 de junio se haya publicado la ley aprobada el 30 de abril para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, cuando se vive en una atmósfera de miedo fundado, de temor justificado, y cuando la ONU ha dicho que México es el segundo país más peligroso del mundo” para ejercer el periodismo.
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