La infiltración del crimen organizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un "foco rojo" que debe de llevar a las autoridades del Poder Judicial de la Federación, y de ese órgano en particular, a implementar más y mejores controles de confianza a los empleados, como sucede en los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.
El Universal
Especialistas en seguridad consultados por El Universal explicaron que la investigación que condujo la Procuraduría General de la República (PGR), al detectar la infiltración en el máximo tribunal del país, por parte del cártel de Sinaloa —de Joaquín "El Chapo" Guzmán—, es evidencia del poder de operación que tienen los grupos de la delincuencia organizada para penetrar a las instituciones de gobierno.
Así lo indicaron ante la detención e inicio del proceso penal en contra de de Juan Carlos de la Barrera Vite, secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, quien trabajaba para la ponencia del ministro Sergio Valls —hasta el momento de su captura el 29 de julio pasado—, por entregar al cártel información de testigos protegidos que había en expedientes.
El experto de la UNAM en seguridad nacional, Javier Oliva, recordó que los cárteles han incrementado su poder de operación debido a la protección que les otorgan las propias instituciones gubernamentales.
"La posibilidad de que existan funcionarios de distintos niveles de gobierno vulnerados por el crimen organizado no debería llamar la atención en sentido estricto. Es una de sus formas de operar, de hecho el crimen organizado prospera mientras hay protección de ciertos niveles, ya sea local o federal, a sus actividades", asegura Oliva.
Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), señaló que "si se prueba la capacidad corruptora del crimen organizado en la Suprema Corte, seguimos viendo que las estrategias para enfrentarlo no solamente no lo han debilitado, sino que continúa fortaleciéndose. Es una evidencia más del poder de la delincuencia organizada para capturar y corromper sectores, personas e instituciones".
Javier Oliva señaló por su parte, que si bien este no es el primer caso de infiltración que se registra en las instituciones de gobierno, este abre la posibilidad de que la SCJN modifique su sistema de seguridad interno.
El experto de la UNAM destacó que "debe de ser una llamada de alerta importante para volver un poco más rígidos los controles al interior de la Suprema Corte de Justicia. Pensar en exámenes de confianza de alguna naturaleza, como parte fundamental en la lucha contra el narcotráfico y deben de estar contemplados como pasa en los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno".
El Universal
Especialistas en seguridad consultados por El Universal explicaron que la investigación que condujo la Procuraduría General de la República (PGR), al detectar la infiltración en el máximo tribunal del país, por parte del cártel de Sinaloa —de Joaquín "El Chapo" Guzmán—, es evidencia del poder de operación que tienen los grupos de la delincuencia organizada para penetrar a las instituciones de gobierno.
Así lo indicaron ante la detención e inicio del proceso penal en contra de de Juan Carlos de la Barrera Vite, secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, quien trabajaba para la ponencia del ministro Sergio Valls —hasta el momento de su captura el 29 de julio pasado—, por entregar al cártel información de testigos protegidos que había en expedientes.
El experto de la UNAM en seguridad nacional, Javier Oliva, recordó que los cárteles han incrementado su poder de operación debido a la protección que les otorgan las propias instituciones gubernamentales.
"La posibilidad de que existan funcionarios de distintos niveles de gobierno vulnerados por el crimen organizado no debería llamar la atención en sentido estricto. Es una de sus formas de operar, de hecho el crimen organizado prospera mientras hay protección de ciertos niveles, ya sea local o federal, a sus actividades", asegura Oliva.
Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), señaló que "si se prueba la capacidad corruptora del crimen organizado en la Suprema Corte, seguimos viendo que las estrategias para enfrentarlo no solamente no lo han debilitado, sino que continúa fortaleciéndose. Es una evidencia más del poder de la delincuencia organizada para capturar y corromper sectores, personas e instituciones".
Javier Oliva señaló por su parte, que si bien este no es el primer caso de infiltración que se registra en las instituciones de gobierno, este abre la posibilidad de que la SCJN modifique su sistema de seguridad interno.
El experto de la UNAM destacó que "debe de ser una llamada de alerta importante para volver un poco más rígidos los controles al interior de la Suprema Corte de Justicia. Pensar en exámenes de confianza de alguna naturaleza, como parte fundamental en la lucha contra el narcotráfico y deben de estar contemplados como pasa en los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno".
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