Apro
El PRI solicitó a la Corte Central de California desechar la demanda promovida por el empresario mexico-estadunidense, José Aquino, contra tres cercanos colaboradores de Enrique Peña Nieto y tres empresarios mexicanos por un presunto fraude de 56 millones de pesos.
A través de sus abogados de San Diego, encabezados por Christopher Ludmer, el PRI argumenta que la demanda de Aquino “no tiene sustento”, fue presentada en una corte sin jurisdicción sobre los demandados, que el propósito de la misma fue “hostigar” a los demandados y desprestigiar a Peña Nieto, y que el fondod e la misma es meramente político.
El pasado 14 de junio, el empresario José Aquino, presidente de Frontera Television Network (FTN), presentó ante la Corte Central de California, una demanda en la que acusa por fraude a los priistas Erwin Lino, David López y Roberto Calleja –todos ellos del primer círculo de Peña Nieto–, y a, los empresarios Alejandro Carrillo Garza Sada, José Carrillo Chontkowsky, Hugo Vigues. El apellido de este último se escribe en Wiechers.
Según la querella interpuesta por Aquino, dichas personas negociaron con él en 2011 un contrato por 56 millones de dólares para promover en Estados Unidos la imagen del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, a través de su empresa de televisión FTN.
Asimismo, dice que Carrillo Garza Sada fungió como intermediario para el contrato de publicidad con FTN, pero que la campaña de publicidad no se concretó nunca y que Carrillo entregó documentación para el acuerdo, que nunca fue pagado.
Además, refiere que los documentos tampoco le fueron devueltos y que el PRI ha negado en todo momento la existencia de dicho contrato.
Sin embargo, la defensa de Erwin Lino, secretario particular de Peña Nieto; David López, secretario de Comunicación del PRI, y Roberto Calleja, secretario de Propaganda del tricolor, presentó ante la Corte Central los siguientes argumentos, de acuerdo con información difundida por MVS Noticias, primera emisión.
–La demanda fue presentada con el objetivo ilícito de hostigar a los demandados y de generar publicidad negativa para ellos y su partido político, el PRI, haciéndolos aparecer como estafadores, poco antes de las elecciones del 1 de julio, donde el candidato de ese partido obtuvo la mayoría de los votos.
–La presentación y vigencia de la demanda se hizo para hostigar a los demandados y hacerlos incurrir en costos de litigación, honorarios de abogados y otros gastos.
–La presentación y vigencia de la demanda se hizo en degradación de las leyes existentes y aplicables, en ausencia de representantes legales y no para argumentar en buena fe alcances jurídicos.
–La presentación y vigencia de la demanda se basa en alegatos que carecen de respaldo probatorio.
–La presentación y vigencia de la demanda se hizo de mala fe, por lo que representa una demanda legal “frívola”.
–El demandante y sus abogados fracasaron en investigar los hechos antes de presentar la demanda.
–Los demandados tienen derecho a que la demanda en su contra sea desechada en su totalidad por prejuicio, así como a hacer reembolsados por el demandante por todos los costos y honorarios de abogados incurridos como resultado de esta demanda.
Según la información dada a conocer este viernes por MVS, la defensa de los priistas fue por demás explícito en sus argumentaciones sobre sobre los supuestos “móviles políticos” que encierra en el fondo la demanda del empresario Aquino.
Por cierto, en ese punto llama a Peña Nieto presidente electo, cuando la autoridad electoral aún no califique la elección presidencial.
“La demanda legal, presentada a menos de un mes ‘es un intento por anotarse puntos políticos en un país extranjero al usar inapropiadamente las cortes de los Estados Unidos para lanzar acusaciones difamatorias contra el partido político del presidente electo, Enrique Peña Nieto”.
A decir de la defensa de los priistas, no se buscó darle citatorio a los demandados; la queja es mezcla de clichés y de alegatos incomprensibles con clara motivación política; la demanda no plantea causa de acción, y la queja fue presentada en una Corte que carece de jurisdicción sobre los demandados y sobre el asunto en cuestión.
Además, alega que Frontera Television Network “no presentó evidencias” de las presuntas acciones de la campaña del PRI para extorsionar a José Aquino.
La solicitud del PRI será resuelta el próximo 17 de septiembre.
El PRI solicitó a la Corte Central de California desechar la demanda promovida por el empresario mexico-estadunidense, José Aquino, contra tres cercanos colaboradores de Enrique Peña Nieto y tres empresarios mexicanos por un presunto fraude de 56 millones de pesos.
A través de sus abogados de San Diego, encabezados por Christopher Ludmer, el PRI argumenta que la demanda de Aquino “no tiene sustento”, fue presentada en una corte sin jurisdicción sobre los demandados, que el propósito de la misma fue “hostigar” a los demandados y desprestigiar a Peña Nieto, y que el fondod e la misma es meramente político.
El pasado 14 de junio, el empresario José Aquino, presidente de Frontera Television Network (FTN), presentó ante la Corte Central de California, una demanda en la que acusa por fraude a los priistas Erwin Lino, David López y Roberto Calleja –todos ellos del primer círculo de Peña Nieto–, y a, los empresarios Alejandro Carrillo Garza Sada, José Carrillo Chontkowsky, Hugo Vigues. El apellido de este último se escribe en Wiechers.
Según la querella interpuesta por Aquino, dichas personas negociaron con él en 2011 un contrato por 56 millones de dólares para promover en Estados Unidos la imagen del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, a través de su empresa de televisión FTN.
Asimismo, dice que Carrillo Garza Sada fungió como intermediario para el contrato de publicidad con FTN, pero que la campaña de publicidad no se concretó nunca y que Carrillo entregó documentación para el acuerdo, que nunca fue pagado.
Además, refiere que los documentos tampoco le fueron devueltos y que el PRI ha negado en todo momento la existencia de dicho contrato.
Sin embargo, la defensa de Erwin Lino, secretario particular de Peña Nieto; David López, secretario de Comunicación del PRI, y Roberto Calleja, secretario de Propaganda del tricolor, presentó ante la Corte Central los siguientes argumentos, de acuerdo con información difundida por MVS Noticias, primera emisión.
–La demanda fue presentada con el objetivo ilícito de hostigar a los demandados y de generar publicidad negativa para ellos y su partido político, el PRI, haciéndolos aparecer como estafadores, poco antes de las elecciones del 1 de julio, donde el candidato de ese partido obtuvo la mayoría de los votos.
–La presentación y vigencia de la demanda se hizo para hostigar a los demandados y hacerlos incurrir en costos de litigación, honorarios de abogados y otros gastos.
–La presentación y vigencia de la demanda se hizo en degradación de las leyes existentes y aplicables, en ausencia de representantes legales y no para argumentar en buena fe alcances jurídicos.
–La presentación y vigencia de la demanda se basa en alegatos que carecen de respaldo probatorio.
–La presentación y vigencia de la demanda se hizo de mala fe, por lo que representa una demanda legal “frívola”.
–El demandante y sus abogados fracasaron en investigar los hechos antes de presentar la demanda.
–Los demandados tienen derecho a que la demanda en su contra sea desechada en su totalidad por prejuicio, así como a hacer reembolsados por el demandante por todos los costos y honorarios de abogados incurridos como resultado de esta demanda.
Según la información dada a conocer este viernes por MVS, la defensa de los priistas fue por demás explícito en sus argumentaciones sobre sobre los supuestos “móviles políticos” que encierra en el fondo la demanda del empresario Aquino.
Por cierto, en ese punto llama a Peña Nieto presidente electo, cuando la autoridad electoral aún no califique la elección presidencial.
“La demanda legal, presentada a menos de un mes ‘es un intento por anotarse puntos políticos en un país extranjero al usar inapropiadamente las cortes de los Estados Unidos para lanzar acusaciones difamatorias contra el partido político del presidente electo, Enrique Peña Nieto”.
A decir de la defensa de los priistas, no se buscó darle citatorio a los demandados; la queja es mezcla de clichés y de alegatos incomprensibles con clara motivación política; la demanda no plantea causa de acción, y la queja fue presentada en una Corte que carece de jurisdicción sobre los demandados y sobre el asunto en cuestión.
Además, alega que Frontera Television Network “no presentó evidencias” de las presuntas acciones de la campaña del PRI para extorsionar a José Aquino.
La solicitud del PRI será resuelta el próximo 17 de septiembre.
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