Gustavo Castillo y Jesús Aranda / La Jornada
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) consignó ante un juez federal a diez personas por delitos contra la salud y delincuencia organizada, entre ellos al menos tres generales, un teniente coronel y un mayor; por presuntos nexos con operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, destaca el general de división y ex subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Tomás Ángeles Dauahare, quien desde mediados de junio pasado denunció que el Ministerio Público Federal fabricaba testimonios para inculparlo de delitos que no cometió.
Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Marisela Morales Ibáñez, difundió que el juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, libró órdenes de aprehensión contra los militares que permanecieron más de 70 días bajo arraigo: el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, el mayor Iván Reyna Muñoz y los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas.
Se desconoce si ya fue detenido el general Rubén Pérez Ramírez, quien hasta mayo de 2011 fue comandante de la 22 Zona Militar con sede en Toluca, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de esa entidad, y la PGR, a diferencia de los otros generales, no había dado a conocer información de que existieran imputaciones en su contra.
Personal de la Policía Federal Ministerial trasladó a los militares desde el llamado Centro Nacional de Investigación –que se localiza en la colonia Doctores en la ciudad de México–, a prisiones federales de máxima seguridad. En el caso de los generales Ángeles, Dawe y Escorcia, fueron enviados al Altiplano (también conocido como La Palma o Almoloya), en tanto que de los otros trascendió que fueron enviados a Papantla, en Veracruz, sin que se conociera la situación jurídica del general Pérez Ramírez.
El caso se inició oficialmente el pasado 15 de mayo, cuando los generales Ángeles, Dawe y Escorcia fueron trasladados de sus domicilios a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y luego entregados a la Siedo por integrantes de la Policía Judicial Federal Militar; dos días más tarde, la PGR les notificó que un juzgado federal había concedido su arraigo por 40 días, y el 25 de junio les informó que el plazo se ampliaba a 80 días.
Días después de su detención, tanto los militares como sus familiares alegaron inocencia y dijeron que se fabricaban testimonios con ayuda de narcotraficantes que se convirtieron en testigos protegidos; asimismo, se hizo público que el mayor Iván Reyna Muñoz había declarado ante la PGR que Ángeles Dauahare tenía nexos con los Beltrán Leyva, pero posteriormente presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntos actos de intimidación y tortura de que fue objeto por parte de personal de la Siedo para acusar al divisionario.
Durante la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, la dependencia que encabeza Marisela Morales Ibáñez dio entrada a testimonios anónimos que no resultaron ciertos, como el de que el general Ángeles Dauahare favoreciera la venta de cocaína cuando fue director del Colegio Militar; que sostuvo encuentros en el sur de la ciudad de México con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y que entabló negociaciones con miembros de Los Zetas.
En el expediente con el cual se solicitaron las órdenes de aprehensión contra los militares existen imputaciones de los testigos protegidos identificados como Jennifer (cuyo nombre es Roberto López Nájera); Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande, operador del cártel Beltrán Leyva); La Barbie (Édgar Valdez Villarreal), y con declaraciones del mayor Arturo González Rodríguez, sujeto a proceso penal desde 2008 por reclutar militares en el Estado Mayor Presidencial para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Sin embargo, la Siedo señaló que “desahogó la diligencias necesarias para el desarrollo de esta investigación con pleno respeto a los derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico nacional y conforme a los elementos contenidos en la averiguación previa.
También informó que el juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales libró las órdenes de captura contra los militares y contra narcotraficantes como Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, quienes se desempeñaron como importantes operadores del cártel de los Beltrán Leyva.
Igualmente, se giró otra orden de aprehensión contra el colombiano Pedro Bermúdez Suaza, El Arquitecto, relacionado con una red de traficantes de cocaína de origen sudamericano que operaba en varios aeropuertos en México, entre los que destacaban las terminales de Cancún y Toluca. Además, fue el responsable de un vuelo que transportaba 3.7 toneladas de cocaína de Colombia a México, y que se desplomó en Tixkokob, Yucatán, en octubre de 2008.
Dentro de este proceso penal fue acusado Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco, El Denis o El 19, detenido en 2008 en Cancún por secuestro, pero ha sido considerado como el principal sospechoso del asesinato del comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, José Luis Soladana Ortiz, ocurrido en 2007, e involucrado en la ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y dos de sus colaboradores, en febrero de 2009, cuando el militar se desempeñaba como asesor en materia de seguridad pública en el municipio de Benito Juárez (Cancún).
“Apoyaron a narcos”
La PGR acusa a cinco militares de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, esto es, que supuestamente apoyaron las actividades del cártel Beltrán Leyva; en el caso del general de brigada Rubén Pérez Ramírez, se le imputan delitos contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.
En tanto, a Édgar Valdez y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco se les imputa delincuencia organizada, delitos contra la salud y homicidio calificado (este último ilícito sin precisar quién fue la víctima); a Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, y a Pedro Bermúdez Suaza se les menciona como probables responsables de delitos contra la salud en la modalidad de introducción de cocaína al país. Dos de los testigos protegidos y acusadores de los militares, El Indio y El Grande, ya fueron extraditados a Estados Unidos.
Al cierre de esta edición, la PGR no había informado si el general Rubén Pérez Ramírez ya se encuentra detenido.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) consignó ante un juez federal a diez personas por delitos contra la salud y delincuencia organizada, entre ellos al menos tres generales, un teniente coronel y un mayor; por presuntos nexos con operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, destaca el general de división y ex subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Tomás Ángeles Dauahare, quien desde mediados de junio pasado denunció que el Ministerio Público Federal fabricaba testimonios para inculparlo de delitos que no cometió.
Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Marisela Morales Ibáñez, difundió que el juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, libró órdenes de aprehensión contra los militares que permanecieron más de 70 días bajo arraigo: el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, el mayor Iván Reyna Muñoz y los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas.
Se desconoce si ya fue detenido el general Rubén Pérez Ramírez, quien hasta mayo de 2011 fue comandante de la 22 Zona Militar con sede en Toluca, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de esa entidad, y la PGR, a diferencia de los otros generales, no había dado a conocer información de que existieran imputaciones en su contra.
Personal de la Policía Federal Ministerial trasladó a los militares desde el llamado Centro Nacional de Investigación –que se localiza en la colonia Doctores en la ciudad de México–, a prisiones federales de máxima seguridad. En el caso de los generales Ángeles, Dawe y Escorcia, fueron enviados al Altiplano (también conocido como La Palma o Almoloya), en tanto que de los otros trascendió que fueron enviados a Papantla, en Veracruz, sin que se conociera la situación jurídica del general Pérez Ramírez.
El caso se inició oficialmente el pasado 15 de mayo, cuando los generales Ángeles, Dawe y Escorcia fueron trasladados de sus domicilios a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y luego entregados a la Siedo por integrantes de la Policía Judicial Federal Militar; dos días más tarde, la PGR les notificó que un juzgado federal había concedido su arraigo por 40 días, y el 25 de junio les informó que el plazo se ampliaba a 80 días.
Días después de su detención, tanto los militares como sus familiares alegaron inocencia y dijeron que se fabricaban testimonios con ayuda de narcotraficantes que se convirtieron en testigos protegidos; asimismo, se hizo público que el mayor Iván Reyna Muñoz había declarado ante la PGR que Ángeles Dauahare tenía nexos con los Beltrán Leyva, pero posteriormente presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntos actos de intimidación y tortura de que fue objeto por parte de personal de la Siedo para acusar al divisionario.
Durante la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, la dependencia que encabeza Marisela Morales Ibáñez dio entrada a testimonios anónimos que no resultaron ciertos, como el de que el general Ángeles Dauahare favoreciera la venta de cocaína cuando fue director del Colegio Militar; que sostuvo encuentros en el sur de la ciudad de México con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y que entabló negociaciones con miembros de Los Zetas.
En el expediente con el cual se solicitaron las órdenes de aprehensión contra los militares existen imputaciones de los testigos protegidos identificados como Jennifer (cuyo nombre es Roberto López Nájera); Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande, operador del cártel Beltrán Leyva); La Barbie (Édgar Valdez Villarreal), y con declaraciones del mayor Arturo González Rodríguez, sujeto a proceso penal desde 2008 por reclutar militares en el Estado Mayor Presidencial para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Sin embargo, la Siedo señaló que “desahogó la diligencias necesarias para el desarrollo de esta investigación con pleno respeto a los derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico nacional y conforme a los elementos contenidos en la averiguación previa.
También informó que el juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales libró las órdenes de captura contra los militares y contra narcotraficantes como Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, quienes se desempeñaron como importantes operadores del cártel de los Beltrán Leyva.
Igualmente, se giró otra orden de aprehensión contra el colombiano Pedro Bermúdez Suaza, El Arquitecto, relacionado con una red de traficantes de cocaína de origen sudamericano que operaba en varios aeropuertos en México, entre los que destacaban las terminales de Cancún y Toluca. Además, fue el responsable de un vuelo que transportaba 3.7 toneladas de cocaína de Colombia a México, y que se desplomó en Tixkokob, Yucatán, en octubre de 2008.
Dentro de este proceso penal fue acusado Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco, El Denis o El 19, detenido en 2008 en Cancún por secuestro, pero ha sido considerado como el principal sospechoso del asesinato del comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, José Luis Soladana Ortiz, ocurrido en 2007, e involucrado en la ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y dos de sus colaboradores, en febrero de 2009, cuando el militar se desempeñaba como asesor en materia de seguridad pública en el municipio de Benito Juárez (Cancún).
“Apoyaron a narcos”
La PGR acusa a cinco militares de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, esto es, que supuestamente apoyaron las actividades del cártel Beltrán Leyva; en el caso del general de brigada Rubén Pérez Ramírez, se le imputan delitos contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.
En tanto, a Édgar Valdez y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco se les imputa delincuencia organizada, delitos contra la salud y homicidio calificado (este último ilícito sin precisar quién fue la víctima); a Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, y a Pedro Bermúdez Suaza se les menciona como probables responsables de delitos contra la salud en la modalidad de introducción de cocaína al país. Dos de los testigos protegidos y acusadores de los militares, El Indio y El Grande, ya fueron extraditados a Estados Unidos.
Al cierre de esta edición, la PGR no había informado si el general Rubén Pérez Ramírez ya se encuentra detenido.
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