Ezequiel Flores Contreras / Apro
La administración de Ángel Aguirre Rivero anunció que procederá penalmente contra el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo y cinco de sus excolaboradores, a quienes acusan de no comprobar más de mil 38 millones de pesos.
En un boletín emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) se indica que una auditoría practicada a la administración zeferinista detectó observaciones “financieras y físicas” en la construcción del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC), que albergaría las oficinas del gobierno del estado en el puerto de Acapulco.
La revisión quedó asentada en el expediente CGE-SA-OA-026/2012 y se realizó el 21 de febrero a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado por los periodos 2009, 2012 y 2011, relacionada con la obra en mención, refiere el comunicado oficial.
En la investigación emprendida por el gobierno de Aguirre en contra de su antecesor se detectó la falta de comprobación de recursos por un monto total de mil 38 millones, 674 mil 837 pesos con 97 centavos, tan sólo en esa obra que la administración de Torreblanca dejó inconclusa.
Entre las irregularidades se encuentra la emisión de dos acuerdos por los cuales el exgobernador autorizó a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) contratar y ejecutar la obra “sin que dicha dependencia tenga facultades expresas en la ley para ello”, ya que esa facultad es exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Más aún, detalla el boletín, para dicha obra inconclusa el Congreso local aprobó un presupuesto de mil 308 millones 869 mil 181 pesos con 65 centavos que fueron liberados y auditados.
De esta cantidad, existe un monto procedente por 660 millones, 766 mil 609 pesos con 90 centavos y un monto observado por 617 millones, 314 mil 31 pesos con un centavo.
Entre las observaciones que refleja la auditoría se destaca el hecho de que “existe diferencia entre el monto contratado y el monto estimado”.
También, destacan “pagos en exceso –conceptos estimados y no ejecutados en obra–; pagos improcedentes relacionados con precios extraordinarios y excedentes sin justificación; deficiencias técnicas en la ejecución de la obra, así como trabajos ejecutados sin que se presente el soporte documental”.
Por ello, la administración de Aguirre señaló como presuntos responsables al exgobernador Zeferino Torreblanca y cinco de sus colaboradores.
Se trata del exsecretario de Finanzas y Administración, Ricardo Cabrera Morín; el exsubsecretario de Administración, José Antonio Bajos Valverde; la exdirectora general de Administración y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración, Patricia Margarita Díaz Hernández; el exdirector general de Administración y Desarrollo de Personal, Enrique Félix Narciso Pasta Muñúzuri, y la excoordinadora regional en Acapulco, Sandra Luz Flores Jiménez.
La administración de Ángel Aguirre Rivero anunció que procederá penalmente contra el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo y cinco de sus excolaboradores, a quienes acusan de no comprobar más de mil 38 millones de pesos.
En un boletín emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) se indica que una auditoría practicada a la administración zeferinista detectó observaciones “financieras y físicas” en la construcción del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC), que albergaría las oficinas del gobierno del estado en el puerto de Acapulco.
La revisión quedó asentada en el expediente CGE-SA-OA-026/2012 y se realizó el 21 de febrero a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado por los periodos 2009, 2012 y 2011, relacionada con la obra en mención, refiere el comunicado oficial.
En la investigación emprendida por el gobierno de Aguirre en contra de su antecesor se detectó la falta de comprobación de recursos por un monto total de mil 38 millones, 674 mil 837 pesos con 97 centavos, tan sólo en esa obra que la administración de Torreblanca dejó inconclusa.
Entre las irregularidades se encuentra la emisión de dos acuerdos por los cuales el exgobernador autorizó a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) contratar y ejecutar la obra “sin que dicha dependencia tenga facultades expresas en la ley para ello”, ya que esa facultad es exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Más aún, detalla el boletín, para dicha obra inconclusa el Congreso local aprobó un presupuesto de mil 308 millones 869 mil 181 pesos con 65 centavos que fueron liberados y auditados.
De esta cantidad, existe un monto procedente por 660 millones, 766 mil 609 pesos con 90 centavos y un monto observado por 617 millones, 314 mil 31 pesos con un centavo.
Entre las observaciones que refleja la auditoría se destaca el hecho de que “existe diferencia entre el monto contratado y el monto estimado”.
También, destacan “pagos en exceso –conceptos estimados y no ejecutados en obra–; pagos improcedentes relacionados con precios extraordinarios y excedentes sin justificación; deficiencias técnicas en la ejecución de la obra, así como trabajos ejecutados sin que se presente el soporte documental”.
Por ello, la administración de Aguirre señaló como presuntos responsables al exgobernador Zeferino Torreblanca y cinco de sus colaboradores.
Se trata del exsecretario de Finanzas y Administración, Ricardo Cabrera Morín; el exsubsecretario de Administración, José Antonio Bajos Valverde; la exdirectora general de Administración y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración, Patricia Margarita Díaz Hernández; el exdirector general de Administración y Desarrollo de Personal, Enrique Félix Narciso Pasta Muñúzuri, y la excoordinadora regional en Acapulco, Sandra Luz Flores Jiménez.
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