Salvador García Soto
Los fantasmas del pasado siempre vuelven y en el caso de Acteal, familiares de las víctimas decidieron brincar la frontera en busca de justicia. Con la demanda en contra del ex presidente Ernesto Zedillo, en una Corte de Conetticut, buscan revivir este caso que en México se detuvo en el encarcelamiento de los indígenas que asesinaron a otros 45 indígenas, pero nunca se llegó a las responsabilidades y omisiones políticas detrás de esa masacre que, según la denuncia en cuestión, pudo evitarse y fue producto de una “conspiración política”.
La hipótesis del expediente de 53 páginas, que se litiga en la Corte de Distrito de Hartford contra el ex presidente mexicano, es que Zedillo y varios personajes de su administración, entre los que mencionan a Emilio Chuayffet, Jorge Madrazo y Liébano Sáenz, supieron de antemano, por información del CISEN y del Ejército, que en la zona de Acteal existía el riesgo de enfrentamientos entre grupos afines al EZLN y comunidades indígenas, donde habían sido entrenados y armados por el Ejército grupos paramilitares antizapatistas.
El texto de la denuncia, del que tiene copia esta columna, afirma que entre mayo y septiembre de 1997, Zedillo fue enterado de la violencia en Chenalhó, donde decenas de comunidades zapatistas habían sido desplazadas por grupos paramilitares que los hostigaban. El 30 de septiembre de aquel año, dice el texto, los habitantes de Chenhaló enviaron una carta al presidente Zedillo y al gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, informándoles de la violencia, secuestros y presencia de grupos armados, pidiendo su urgente intervención.
Después de narrar a detalle cómo ocurrió la masacre de 45 indígenas en la capilla de la comunidad de Las Abejas, en la denuncia se lee un apartado titulado “La conducta de Zedillo durante la masacre”, donde narra que aquel 22 de diciembre Emilio Chuayffet acudió a notificarle al presidente que la masacre estaba ocurriendo. “Zedillo estaba grabando un mensaje navideño a la nación, cuando fue notificado de la masacre de Acteal, ocasionando que sólo interrumpiera la grabación por un momento”, dice la demanda que se discute en EU.
Aun informado el presidente, añade el texto, la masacre continúo por varias horas sin que ninguna autoridad interviniera. Zedillo se reunió después de su grabación navideña con Felipe Calderón, entonces líder del PAN y a la postre presidente de México, y presentan como prueba la agenda oficial de aquel 22 de diciembre del entonces mandatario mexicano.
En el apartado “The Cover up”, la denuncia acusa a Zedillo y a su procurador Jorge Madrazo, así como a “otros personajes del gobierno mexicano” de haber “orquestado y participado en una conspiración” para borrar y ocultar cualquier conexión con la masacre de Acteal y eludir la responsabilidad que tuvieron en aquellos asesinatos. “Los actos de Zedillo (en esta masacre) fueron deliberados, intencionales, maliciosos y opresivos y deben ser castigados y obligado a pagar los daños”, concluyen los abogados demandantes.
NOTAS INDISCRETAS… Liébano Sáenz envío ayer este comunicado de la Procuraduría de Chiapas, fechado el 28 de noviembre de 2011: “La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), aclara que dado que las investigaciones en torno a los hechos ocurridos el 22 de diciembre en el poblado de Acteal no están concluidas, carece de veracidad la información publicada en torno a una supuesta responsabilidad penal atribuida a Ernesto Zedillo Ponce de León y Liébano Sáenz Ortiz. La PGJE subraya que el supuesto documento difundido, carece de veracidad y se desconocen sus orígenes y los fines que persiga”. Hasta ahí el boletín oficial. A Liébano lo mencionan en la denuncia de la Corte de Conetticut en un apartado sobre las investigaciones realizadas por el fiscal especial de Chiapas, Noé Maza, nombrado en 2007. El fiscal intentó tomarle declaración a Zedillo, a Emilio Chuayffet y a Liébano Sáenz, “jefe del staff de Zedillo cuando ocurrió la masacre”, pero a pesar de varios intentos por obtener sus declaraciones, una llamada de Amador Rodríguez Lozano, entonces ministro de Justicia de Chiapas, le advirtió que no tomara esos testimonios; el fiscal insistió sin conseguirlo. A la fecha, la Procuraduría de Chiapas dice no tener terminadas las investigaciones… Los dados repiten. Otra Escalera.
Los fantasmas del pasado siempre vuelven y en el caso de Acteal, familiares de las víctimas decidieron brincar la frontera en busca de justicia. Con la demanda en contra del ex presidente Ernesto Zedillo, en una Corte de Conetticut, buscan revivir este caso que en México se detuvo en el encarcelamiento de los indígenas que asesinaron a otros 45 indígenas, pero nunca se llegó a las responsabilidades y omisiones políticas detrás de esa masacre que, según la denuncia en cuestión, pudo evitarse y fue producto de una “conspiración política”.
La hipótesis del expediente de 53 páginas, que se litiga en la Corte de Distrito de Hartford contra el ex presidente mexicano, es que Zedillo y varios personajes de su administración, entre los que mencionan a Emilio Chuayffet, Jorge Madrazo y Liébano Sáenz, supieron de antemano, por información del CISEN y del Ejército, que en la zona de Acteal existía el riesgo de enfrentamientos entre grupos afines al EZLN y comunidades indígenas, donde habían sido entrenados y armados por el Ejército grupos paramilitares antizapatistas.
El texto de la denuncia, del que tiene copia esta columna, afirma que entre mayo y septiembre de 1997, Zedillo fue enterado de la violencia en Chenalhó, donde decenas de comunidades zapatistas habían sido desplazadas por grupos paramilitares que los hostigaban. El 30 de septiembre de aquel año, dice el texto, los habitantes de Chenhaló enviaron una carta al presidente Zedillo y al gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, informándoles de la violencia, secuestros y presencia de grupos armados, pidiendo su urgente intervención.
Después de narrar a detalle cómo ocurrió la masacre de 45 indígenas en la capilla de la comunidad de Las Abejas, en la denuncia se lee un apartado titulado “La conducta de Zedillo durante la masacre”, donde narra que aquel 22 de diciembre Emilio Chuayffet acudió a notificarle al presidente que la masacre estaba ocurriendo. “Zedillo estaba grabando un mensaje navideño a la nación, cuando fue notificado de la masacre de Acteal, ocasionando que sólo interrumpiera la grabación por un momento”, dice la demanda que se discute en EU.
Aun informado el presidente, añade el texto, la masacre continúo por varias horas sin que ninguna autoridad interviniera. Zedillo se reunió después de su grabación navideña con Felipe Calderón, entonces líder del PAN y a la postre presidente de México, y presentan como prueba la agenda oficial de aquel 22 de diciembre del entonces mandatario mexicano.
En el apartado “The Cover up”, la denuncia acusa a Zedillo y a su procurador Jorge Madrazo, así como a “otros personajes del gobierno mexicano” de haber “orquestado y participado en una conspiración” para borrar y ocultar cualquier conexión con la masacre de Acteal y eludir la responsabilidad que tuvieron en aquellos asesinatos. “Los actos de Zedillo (en esta masacre) fueron deliberados, intencionales, maliciosos y opresivos y deben ser castigados y obligado a pagar los daños”, concluyen los abogados demandantes.
NOTAS INDISCRETAS… Liébano Sáenz envío ayer este comunicado de la Procuraduría de Chiapas, fechado el 28 de noviembre de 2011: “La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), aclara que dado que las investigaciones en torno a los hechos ocurridos el 22 de diciembre en el poblado de Acteal no están concluidas, carece de veracidad la información publicada en torno a una supuesta responsabilidad penal atribuida a Ernesto Zedillo Ponce de León y Liébano Sáenz Ortiz. La PGJE subraya que el supuesto documento difundido, carece de veracidad y se desconocen sus orígenes y los fines que persiga”. Hasta ahí el boletín oficial. A Liébano lo mencionan en la denuncia de la Corte de Conetticut en un apartado sobre las investigaciones realizadas por el fiscal especial de Chiapas, Noé Maza, nombrado en 2007. El fiscal intentó tomarle declaración a Zedillo, a Emilio Chuayffet y a Liébano Sáenz, “jefe del staff de Zedillo cuando ocurrió la masacre”, pero a pesar de varios intentos por obtener sus declaraciones, una llamada de Amador Rodríguez Lozano, entonces ministro de Justicia de Chiapas, le advirtió que no tomara esos testimonios; el fiscal insistió sin conseguirlo. A la fecha, la Procuraduría de Chiapas dice no tener terminadas las investigaciones… Los dados repiten. Otra Escalera.
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