Salvador García Soto
Cualquiera que hubiera apostado, antes del 1 de julio, a que Andrés Manuel López Obrador impugnaría las elecciones y desconocería el resultado, hubiera ganado doble contra sencillo. El comportamiento del candidato de las izquierdas no sólo era predecible sino que encaja perfectamente en el perfil del líder social y el activista que es, en esencia, López Obrador.
Aunque en sentido estricto el tabasqueño está en su derecho a impugnar las elecciones y lo ha hecho hasta ahora por los cauces legales, falta ver qué tanta solidez tienen sus pruebas y qué tanto puede documentar sus denuncias de irregularidades en la elección presidencial que, ya lo dejó más que claro, llevará hasta los tribunales en busca de la anulación de una cantidad de casillas -79% según su denuncia de ayer- en las que pide revisar la votación.
Pero será el IFE el que termine fijando el total de casillas en que se recontarán los votos que, todo indica se fijará hoy en 40 mil, suficientes para demostrar si hubo o no las irregularidades denunciadas por el Movimiento Progresista y si podrían ser causal de nulidad de los votos.
¿Hasta dónde piensa llegar esta vez Andrés Manuel? Hasta donde le dé la ruta legal. No hay condiciones esta vez, y lo sabe el tabasqueño, para pensar en un movimiento de resistencia fuera de la legalidad. No habrá, dicen en su equipo cercano, toma de Reforma ni de espacios públicos y ese método de protesta está descartado.
La estrategia lopezobradorista está trazada en dos fases: Fase 1, recuento de votos, que concluye el domingo con la decisión del IFE de otorgar la constancia de mayoría, y Fase 2, impugnación ante el Tribunal Electoral para pedir anulación de los comicios por causales como el rebasamiento de topes de campaña, falta de equidad y financiamiento paralelo de la campaña del PRI, entre otros argumentos.
La moderación que muestra López Obrador no es toda por decisión propia, mucho tiene que ver el PRD y la presión de los perredistas que ganaron la segunda fuerza en la Cámara de Diputados y una importante fracción en el Senado, además de varias gubernaturas y carro casi completo en el DF. Todos esos perredistas, futuros gobernadores y legisladores, que ven el mayor avance de la izquierda mexicana en su historia, no están dispuestos a desperdiciar ese enorme capital político conquistado en esta elección y le han pedido, casi exigido a AMLO que si quiere que lo acompañen en su lucha y no lo dejen solo, tendrá que ser estrictamente por la vía legal.
Así que, por ahora, la batalla que se avecina será jurídica. Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Peña Nieto, reconocía ayer el derecho que tiene López Obrador de impugnar la elección, pero advertía que también el PRI está preparado para defender su triunfo “limpio” con el ejército de abogados electorales que armó ese partido.
Eso en la parte legal, porque en la parte política el duelo comenzó la noche del 1 de julio: Peña Nieto y el aparato, por demostrar que la elección ya terminó y que hay un ganador indiscutible y un futuro presidente, reconocido por los poderes formales dentro y fuera del país; y AMLO, por cuestionar los resultados y defender el derecho a disentir. ¿Cuál de las posiciones ganará ambas batallas?
NOTAS INDISCRETAS… La votación del domingo arrojó nuevos datos sobre la distribución geográfica del voto. Todos los partidos perdieron bastiones tradicionales, pero ganaron nuevos. Es el caso del PAN que perdió semilleros como Jalisco y Morelos, pero a cambio le quitó al PRI Tamaulipas y Nuevo León, este último por rechazo al gobierno de Rodrigo Medina. El PRD confirma Tabasco con el triunfo de Arturo Núñez y suma Morelos, además de reafirmarse como primera fuerza en el sureste. El PRI crece en el norte y obtiene Jalisco, pero también termina de volver tricolor a Zacatecas, que le dio a Peña 54% de la votación estatal, por encima porcentualmente del Estado de México que sólo le dio 45% del total de votos locales… Se baten los dados. Acecha Serpiente.
Cualquiera que hubiera apostado, antes del 1 de julio, a que Andrés Manuel López Obrador impugnaría las elecciones y desconocería el resultado, hubiera ganado doble contra sencillo. El comportamiento del candidato de las izquierdas no sólo era predecible sino que encaja perfectamente en el perfil del líder social y el activista que es, en esencia, López Obrador.
Aunque en sentido estricto el tabasqueño está en su derecho a impugnar las elecciones y lo ha hecho hasta ahora por los cauces legales, falta ver qué tanta solidez tienen sus pruebas y qué tanto puede documentar sus denuncias de irregularidades en la elección presidencial que, ya lo dejó más que claro, llevará hasta los tribunales en busca de la anulación de una cantidad de casillas -79% según su denuncia de ayer- en las que pide revisar la votación.
Pero será el IFE el que termine fijando el total de casillas en que se recontarán los votos que, todo indica se fijará hoy en 40 mil, suficientes para demostrar si hubo o no las irregularidades denunciadas por el Movimiento Progresista y si podrían ser causal de nulidad de los votos.
¿Hasta dónde piensa llegar esta vez Andrés Manuel? Hasta donde le dé la ruta legal. No hay condiciones esta vez, y lo sabe el tabasqueño, para pensar en un movimiento de resistencia fuera de la legalidad. No habrá, dicen en su equipo cercano, toma de Reforma ni de espacios públicos y ese método de protesta está descartado.
La estrategia lopezobradorista está trazada en dos fases: Fase 1, recuento de votos, que concluye el domingo con la decisión del IFE de otorgar la constancia de mayoría, y Fase 2, impugnación ante el Tribunal Electoral para pedir anulación de los comicios por causales como el rebasamiento de topes de campaña, falta de equidad y financiamiento paralelo de la campaña del PRI, entre otros argumentos.
La moderación que muestra López Obrador no es toda por decisión propia, mucho tiene que ver el PRD y la presión de los perredistas que ganaron la segunda fuerza en la Cámara de Diputados y una importante fracción en el Senado, además de varias gubernaturas y carro casi completo en el DF. Todos esos perredistas, futuros gobernadores y legisladores, que ven el mayor avance de la izquierda mexicana en su historia, no están dispuestos a desperdiciar ese enorme capital político conquistado en esta elección y le han pedido, casi exigido a AMLO que si quiere que lo acompañen en su lucha y no lo dejen solo, tendrá que ser estrictamente por la vía legal.
Así que, por ahora, la batalla que se avecina será jurídica. Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Peña Nieto, reconocía ayer el derecho que tiene López Obrador de impugnar la elección, pero advertía que también el PRI está preparado para defender su triunfo “limpio” con el ejército de abogados electorales que armó ese partido.
Eso en la parte legal, porque en la parte política el duelo comenzó la noche del 1 de julio: Peña Nieto y el aparato, por demostrar que la elección ya terminó y que hay un ganador indiscutible y un futuro presidente, reconocido por los poderes formales dentro y fuera del país; y AMLO, por cuestionar los resultados y defender el derecho a disentir. ¿Cuál de las posiciones ganará ambas batallas?
NOTAS INDISCRETAS… La votación del domingo arrojó nuevos datos sobre la distribución geográfica del voto. Todos los partidos perdieron bastiones tradicionales, pero ganaron nuevos. Es el caso del PAN que perdió semilleros como Jalisco y Morelos, pero a cambio le quitó al PRI Tamaulipas y Nuevo León, este último por rechazo al gobierno de Rodrigo Medina. El PRD confirma Tabasco con el triunfo de Arturo Núñez y suma Morelos, además de reafirmarse como primera fuerza en el sureste. El PRI crece en el norte y obtiene Jalisco, pero también termina de volver tricolor a Zacatecas, que le dio a Peña 54% de la votación estatal, por encima porcentualmente del Estado de México que sólo le dio 45% del total de votos locales… Se baten los dados. Acecha Serpiente.
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