Animal Político
La Jornada publica hoy que la operación denunciada por los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para transferir fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monex encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, aseguraron especialistas. En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de la vigilancia del sistema financiero, confirmó a La Jornada que está haciendo su trabajo de supervisión, aunque esgrimió la obligación que tiene de proteger el secreto bancario para no pronunciarse en específico sobre las operaciones realizadas por Monex.
Este intermediario bancario fue señalado por los partidos Acción Nacional (PAN) y los que integran la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para transferir a la campaña de Peña Nieto recursos que exceden el monto permitido por la ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales. Los días previos a la elección presidencial del primero de julio, el PAN y las izquierdas denunciaron por separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el PRI recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex. Según esa denuncia, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. El monto involucrado, 160 millones de pesos, rebasa la aportación máxima que un particular puede hacer como donativo electoral.
Ayer, la periodista Carmen Aristegui reveló en su noticiario que los domicilios fiscales a los que facturó Monex a Inizzio y Epfra, ambos en la colonia Polanco de la ciudad de México, no corresponden a esas empresas. La operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, consideró el diputado federal Mario di Costanzo, quien como integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro participó en la discusión y elaboración de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la más actualizada legislación contra lavado de dinero, en vigor desde este año. Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades, dijo a este diario.
Apuntó: Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del PRI. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero.
La Jornada publica hoy que la operación denunciada por los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para transferir fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monex encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, aseguraron especialistas. En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de la vigilancia del sistema financiero, confirmó a La Jornada que está haciendo su trabajo de supervisión, aunque esgrimió la obligación que tiene de proteger el secreto bancario para no pronunciarse en específico sobre las operaciones realizadas por Monex.
Este intermediario bancario fue señalado por los partidos Acción Nacional (PAN) y los que integran la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para transferir a la campaña de Peña Nieto recursos que exceden el monto permitido por la ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales. Los días previos a la elección presidencial del primero de julio, el PAN y las izquierdas denunciaron por separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el PRI recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex. Según esa denuncia, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. El monto involucrado, 160 millones de pesos, rebasa la aportación máxima que un particular puede hacer como donativo electoral.
Ayer, la periodista Carmen Aristegui reveló en su noticiario que los domicilios fiscales a los que facturó Monex a Inizzio y Epfra, ambos en la colonia Polanco de la ciudad de México, no corresponden a esas empresas. La operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, consideró el diputado federal Mario di Costanzo, quien como integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro participó en la discusión y elaboración de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la más actualizada legislación contra lavado de dinero, en vigor desde este año. Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades, dijo a este diario.
Apuntó: Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del PRI. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero.
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