Pedro Zamora / Apro
Dos consejeras del Distrito 01 del Instituto Federal Electoral (IFE) con sede en esta ciudad, solicitaron al Consejo General de ese organismo investigar las denuncias sobre el presunto fraude en la elección presidencial y castigar a los responsables.
Mediante un oficio dirigido el pasado lunes 9 al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, las consejeras Esperanza Salazar Zenil y Olga Leticia Carrillo Alvarado expresaron que si bien los señalamientos por sí solos no son pruebas de delitos o fallas del sistema, la percepción que se ha generado sobre el IFE y del proceso electoral amerita atención y acción decisiva de las instituciones electorales.
“Sin importar si sea poca o mucha la validez de las acusaciones, su volumen y la gravedad son en sí mismas una crisis política que cuestiona la legitimidad de nuestro sistema político entero”, advirtieron.
Tras reconocer el trabajo y el esfuerzo de ciudadanos, trabajadores, colaboradores y consejeros del IFE para sacar adelante el proceso electoral de la manera más transparente posible, consideraron que ello no fue suficiente, pues “una nube de desconfianza e incertidumbre de que el fraude se fraguó en otras esferas a nivel local y nacional nos baña a todas y todos por igual”, por lo que “estamos convencidas de que no debemos callarnos ante tan abrumadora exigencia social”, apuntaron.
En su documento, Salazar y Carrillo hicieron un recuento de 17 tipos de anomalías, calificadas por ellas mismas como “señales de alerta y descontento”, denunciadas por ciudadanos a través de redes sociales, marchas, declaraciones ante medios de comunicación y directamente ante ellas.
Las consejeras se refirieron a videos sobre compra de votos a cambio de dinero, reportes de entrega de regalos por parte del PRI –entre ellos tarjetas electrónicas de las tiendas Soriana–, así como acarreo de votantes de buena parte del país, como lo documentó la organización Alianza Cívica, entre otras organizaciones.
Asimismo, las consejeras aludieron “reportes de coerción del voto por medio de intimidación, amenazas de consecuencias laborales o amenazas de violencia física afuera de las casillas” en algunos estados del país y la violación al secreto del voto mediante la utilización de niños que acompañaban a adultos hasta la casilla.
Otras incidencias señaladas por Esperanza Salazar y Olga Carrillo fueron “la percepción de un gasto excesivo y hasta ilegal de campañas, junto con la impresión de que el Instituto Federal Electoral no actuó asertivamente para investigar ni frenarlo, a pesar de que se denunció a tiempo”, así como el favoritismo de los medios hacia un candidato, aunado a la manipulación de las encuestas y su uso como propaganda.
Las consejeras enunciaron, asimismo, otros factores que, en su opinión, ensuciaron la elección: violencia en algunas regiones del país, robo de urnas, pago a representantes de casilla, pasividad del IFE y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ante las denuncias, boletas sobrantes, folios duplicados, paquetes electorales en manos de simpatizantes de partidos políticos y desconfianza en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Salazar Zenil y Carrillo Alvarado destacaron la necesidad de las autoridades electorales de despejar dudas porque, de lo contrario, advirtieron, quedará la impresión de que el IFE es un sistema de lavado de votos”, donde “lo que entra al sistema –votos comprados, manipulación de la percepción pública, coerción, acarreo–, es maquillado con un proceso intermedio validado por el trabajo de los funcionarios de casillas y los consejos distritales y locales para darle legitimidad y brillo”.
En consecuencia, añadieron, “esto convertiría a los funcionarios de casilla y a todos los ciudadanos que laboramos de buena fe en el IFE, tanto en víctimas como facilitadores de un gran engaño en el cual el ciudadano inconscientemente ayuda a servidores públicos corruptos para llegar a puestos de poder”.
Subrayaron:
“Nos negamos a ser señaladas en la calle de corruptas, así como a permitir que sean señalados nuestras compañeras y compañeros con quienes compartimos estos intensos meses de trabajo y de quienes nos consta sacrificaron hasta su salud por cumplir con el compromiso que la sociedad les encomendó”.
El oficio fue remitido con copia para el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Juan Ramírez Ramos, consejero presidente del Consejo Distrital 01 en Colima; las consejeras y consejeros distritales, el movimiento “YoSoy132” en Colima, y el movimiento 2 de Julio en Colima.
Dos consejeras del Distrito 01 del Instituto Federal Electoral (IFE) con sede en esta ciudad, solicitaron al Consejo General de ese organismo investigar las denuncias sobre el presunto fraude en la elección presidencial y castigar a los responsables.
Mediante un oficio dirigido el pasado lunes 9 al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, las consejeras Esperanza Salazar Zenil y Olga Leticia Carrillo Alvarado expresaron que si bien los señalamientos por sí solos no son pruebas de delitos o fallas del sistema, la percepción que se ha generado sobre el IFE y del proceso electoral amerita atención y acción decisiva de las instituciones electorales.
“Sin importar si sea poca o mucha la validez de las acusaciones, su volumen y la gravedad son en sí mismas una crisis política que cuestiona la legitimidad de nuestro sistema político entero”, advirtieron.
Tras reconocer el trabajo y el esfuerzo de ciudadanos, trabajadores, colaboradores y consejeros del IFE para sacar adelante el proceso electoral de la manera más transparente posible, consideraron que ello no fue suficiente, pues “una nube de desconfianza e incertidumbre de que el fraude se fraguó en otras esferas a nivel local y nacional nos baña a todas y todos por igual”, por lo que “estamos convencidas de que no debemos callarnos ante tan abrumadora exigencia social”, apuntaron.
En su documento, Salazar y Carrillo hicieron un recuento de 17 tipos de anomalías, calificadas por ellas mismas como “señales de alerta y descontento”, denunciadas por ciudadanos a través de redes sociales, marchas, declaraciones ante medios de comunicación y directamente ante ellas.
Las consejeras se refirieron a videos sobre compra de votos a cambio de dinero, reportes de entrega de regalos por parte del PRI –entre ellos tarjetas electrónicas de las tiendas Soriana–, así como acarreo de votantes de buena parte del país, como lo documentó la organización Alianza Cívica, entre otras organizaciones.
Asimismo, las consejeras aludieron “reportes de coerción del voto por medio de intimidación, amenazas de consecuencias laborales o amenazas de violencia física afuera de las casillas” en algunos estados del país y la violación al secreto del voto mediante la utilización de niños que acompañaban a adultos hasta la casilla.
Otras incidencias señaladas por Esperanza Salazar y Olga Carrillo fueron “la percepción de un gasto excesivo y hasta ilegal de campañas, junto con la impresión de que el Instituto Federal Electoral no actuó asertivamente para investigar ni frenarlo, a pesar de que se denunció a tiempo”, así como el favoritismo de los medios hacia un candidato, aunado a la manipulación de las encuestas y su uso como propaganda.
Las consejeras enunciaron, asimismo, otros factores que, en su opinión, ensuciaron la elección: violencia en algunas regiones del país, robo de urnas, pago a representantes de casilla, pasividad del IFE y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ante las denuncias, boletas sobrantes, folios duplicados, paquetes electorales en manos de simpatizantes de partidos políticos y desconfianza en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Salazar Zenil y Carrillo Alvarado destacaron la necesidad de las autoridades electorales de despejar dudas porque, de lo contrario, advirtieron, quedará la impresión de que el IFE es un sistema de lavado de votos”, donde “lo que entra al sistema –votos comprados, manipulación de la percepción pública, coerción, acarreo–, es maquillado con un proceso intermedio validado por el trabajo de los funcionarios de casillas y los consejos distritales y locales para darle legitimidad y brillo”.
En consecuencia, añadieron, “esto convertiría a los funcionarios de casilla y a todos los ciudadanos que laboramos de buena fe en el IFE, tanto en víctimas como facilitadores de un gran engaño en el cual el ciudadano inconscientemente ayuda a servidores públicos corruptos para llegar a puestos de poder”.
Subrayaron:
“Nos negamos a ser señaladas en la calle de corruptas, así como a permitir que sean señalados nuestras compañeras y compañeros con quienes compartimos estos intensos meses de trabajo y de quienes nos consta sacrificaron hasta su salud por cumplir con el compromiso que la sociedad les encomendó”.
El oficio fue remitido con copia para el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Juan Ramírez Ramos, consejero presidente del Consejo Distrital 01 en Colima; las consejeras y consejeros distritales, el movimiento “YoSoy132” en Colima, y el movimiento 2 de Julio en Colima.
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