Raymundo Riva Palacio
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, tardó mucho tiempo en aceptar públicamente que dentro del Poder Judicial que encabeza, había jueces que como afirmaba el presidente Felipe Calderón, estaban en malos pasos. La semana pasada vino el punto de inflexión cuando, con su ayuda, el andamiaje de protección en uno de los casos paradigmáticos en la guerra contra las drogas, el llamado Michoacanazo, comenzó a desmantelarse.
Efraín Cázares López, clave en que el caso del Michoacanazo, iniciado en junio de 2009 al ser detenidos 35 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy y alcaldes del estado por presunta relación con el narcotráfico, pidió licencia el miércoles como juez del Primer Distrito en Morelia; el jueves, la PGR intervino el juzgado; el viernes fue detenido por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada y, el mismo día, el Consejo de la Judicatura lo suspendió indefinidamente.
En el caso de el Michoacanazo, los abogados defensores lograron que el caso se trasladara de Nayarit a Morelia, donde Cázares López liberó a 12 de ellos, disolvió las acusaciones en contra de todos, y otorgó el amparo para que el medio hermano del gobernador, Julio César Godoy, pudiera protestar como diputado federal, tuviera tiempo para huir de la justicia. Les construyó un santuario judicial en Morelia, y los liberó mediante tecnicismos.
El entonces procurador general, Arturo Chávez, dijo que al menos en 32 casos había “suficiente evidencia” para procesarlos, pero el juez desestimó las pruebas, que incluían grabaciones telefónicas que inculpaban a la mayoría. Por ejemplo, rechazó 42 grabaciones de Godoy con Servando Martínez, “La Tuta”, donde hablaban de instrucciones de asesinatos, fosas clandestinas y peticiones para el entonces gobernador, al tiempo que pasó a ser de su propiedad una residencia de más de un millón de dólares, de acuerdo con información en la PGR.
El Michoacanazo, que ha servido para argumentar la judicialización de la política –se dio un mes antes de las elecciones federales-, nunca se cerró. El punto débil para volver a entrar resultó ser Cázares López, cuya caída, silenciada por el enorme ruido electoral, es la reapertura del caso de narcopolítica más importante en la historia de México por el número de personas involucradas, la profundidad de la penetración del narcotráfico y la amplitud de la protección institucional.
Michoacán es el punto que aceleró la decisión del presidente Calderón para iniciar la guerra contra el narcotráfico. Un informe del CISEN de 2007 mostraba la protección institucional en 37 de los 112 municipios michoacanos, donde varios de los detenidos en 2009, como Uriel Farías, presidente municipal de Tepaltepec, aparecía como el protector del Cártel del Pacífico en esa región, ligado en ese momento a una rama de la Familia Michoacana.
Antes de ser candidato a diputado, Julio César Godoy fue presidente municipal en Lázaro Cárdenas, el punto de entrada de los precursores químicos con los que se obtiene la metanfetamina, y que es donde se vinculó a “La Tuta”, a la que llamaba “tío”, que tras el descabezamiento de la vieja Familia Michoacana, fundó con los remanentes la organización que hoy se llama “Los Caballeros Templarios”. El ex gobernador Godoy nunca ha reconocido que el gobierno federal le advirtió sobre la penetración del narcotráfico en su entorno, pero sí ignoró las advertencias de que algunas personas muy cercanas a él estaban bajo sospecha de vínculos criminales. Algunas de ellas cayeron en el Michoacanazo, y otras más aún siguen en la cárcel.
El inicio del proceso de Cázares López coincide con el proceso electoral, pero está lejos de estar vinculado a el. Desde el otoño pasado se abrió la investigación en contra del juez, que se descuidó en el campo de sus finanzas personales, de acuerdo con ex funcionarios que conocieron los detalles iniciales de la averiguación. Hace tiempo el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró que el caso no se había cerrado, y se burlaron de él. Hoy se probó que era cierto. Pero a diferencia de ese entonces, con el respaldo del jefe del Poder Judicial, que finalmente eliminó las trabas que ayudaban a la impunidad.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, tardó mucho tiempo en aceptar públicamente que dentro del Poder Judicial que encabeza, había jueces que como afirmaba el presidente Felipe Calderón, estaban en malos pasos. La semana pasada vino el punto de inflexión cuando, con su ayuda, el andamiaje de protección en uno de los casos paradigmáticos en la guerra contra las drogas, el llamado Michoacanazo, comenzó a desmantelarse.
Efraín Cázares López, clave en que el caso del Michoacanazo, iniciado en junio de 2009 al ser detenidos 35 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy y alcaldes del estado por presunta relación con el narcotráfico, pidió licencia el miércoles como juez del Primer Distrito en Morelia; el jueves, la PGR intervino el juzgado; el viernes fue detenido por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada y, el mismo día, el Consejo de la Judicatura lo suspendió indefinidamente.
En el caso de el Michoacanazo, los abogados defensores lograron que el caso se trasladara de Nayarit a Morelia, donde Cázares López liberó a 12 de ellos, disolvió las acusaciones en contra de todos, y otorgó el amparo para que el medio hermano del gobernador, Julio César Godoy, pudiera protestar como diputado federal, tuviera tiempo para huir de la justicia. Les construyó un santuario judicial en Morelia, y los liberó mediante tecnicismos.
El entonces procurador general, Arturo Chávez, dijo que al menos en 32 casos había “suficiente evidencia” para procesarlos, pero el juez desestimó las pruebas, que incluían grabaciones telefónicas que inculpaban a la mayoría. Por ejemplo, rechazó 42 grabaciones de Godoy con Servando Martínez, “La Tuta”, donde hablaban de instrucciones de asesinatos, fosas clandestinas y peticiones para el entonces gobernador, al tiempo que pasó a ser de su propiedad una residencia de más de un millón de dólares, de acuerdo con información en la PGR.
El Michoacanazo, que ha servido para argumentar la judicialización de la política –se dio un mes antes de las elecciones federales-, nunca se cerró. El punto débil para volver a entrar resultó ser Cázares López, cuya caída, silenciada por el enorme ruido electoral, es la reapertura del caso de narcopolítica más importante en la historia de México por el número de personas involucradas, la profundidad de la penetración del narcotráfico y la amplitud de la protección institucional.
Michoacán es el punto que aceleró la decisión del presidente Calderón para iniciar la guerra contra el narcotráfico. Un informe del CISEN de 2007 mostraba la protección institucional en 37 de los 112 municipios michoacanos, donde varios de los detenidos en 2009, como Uriel Farías, presidente municipal de Tepaltepec, aparecía como el protector del Cártel del Pacífico en esa región, ligado en ese momento a una rama de la Familia Michoacana.
Antes de ser candidato a diputado, Julio César Godoy fue presidente municipal en Lázaro Cárdenas, el punto de entrada de los precursores químicos con los que se obtiene la metanfetamina, y que es donde se vinculó a “La Tuta”, a la que llamaba “tío”, que tras el descabezamiento de la vieja Familia Michoacana, fundó con los remanentes la organización que hoy se llama “Los Caballeros Templarios”. El ex gobernador Godoy nunca ha reconocido que el gobierno federal le advirtió sobre la penetración del narcotráfico en su entorno, pero sí ignoró las advertencias de que algunas personas muy cercanas a él estaban bajo sospecha de vínculos criminales. Algunas de ellas cayeron en el Michoacanazo, y otras más aún siguen en la cárcel.
El inicio del proceso de Cázares López coincide con el proceso electoral, pero está lejos de estar vinculado a el. Desde el otoño pasado se abrió la investigación en contra del juez, que se descuidó en el campo de sus finanzas personales, de acuerdo con ex funcionarios que conocieron los detalles iniciales de la averiguación. Hace tiempo el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró que el caso no se había cerrado, y se burlaron de él. Hoy se probó que era cierto. Pero a diferencia de ese entonces, con el respaldo del jefe del Poder Judicial, que finalmente eliminó las trabas que ayudaban a la impunidad.
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