Carlos Ramírez / Indicador Político
Ante la finalización del sexenio calderonista y la falta de definición de los candidatos presidenciales sobre el tema de seguridad y narcotráfico para el próximo sexenio, el Gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una estrategia unilateral de defensa de sus intereses nacionales en México.
Sólo que la Casa Blanca, muy a su estilo imperial de ignorar la realidad de su propia situación como el país consumidor de droga número uno del mundo, está dañando la estrategia mexicana de lucha contra el crimen organizado. Y no sólo por declaraciones contra la estructura mexicana de seguridad, sino por el hecho de también ocultar que los cárteles de la droga en México sobreviven por la protección de intereses de sectores instalados en el país consumidor.
El caso de los ataques contra vehículos de la empresa Sabritas motivó que la propietaria PepsiCo eludiera las razones de los ataques -acusaciones de colaboración con las fuerzas de seguridad- y orientara sus críticas contra las Fuerzas Armadas que son hoy la última línea de defensa en Michoacán, donde el narco se instaló durante gobiernos perredistas y el gobierno priísta aparece incapaz de combatir el problema de raíz.
Los señalamientos del representante de la PepsiCo contra el ejército por presuntas violaciones de derechos humanos resultaron paradójicos con la decisión oficial el sábado de desplazar partidas militares para resguardar instalaciones de Sabritas en Michoacán. Y el asunto está más complicado porque la empresa PepsiCo ha sido denunciada internacionalmente por violar derechos humanos y éticos al usar restos de fetos abortados para investigaciones sobre efectos de sus productos en el consumidor. El uso de esos fetos ha sido para productos “de más sabor y con menos calorías”; una de las denuncias principales contra PepsiCo salió de un accionista que protestó ante la junta directiva.
Las declaraciones de PepsiCo contra la estrategia mexicana de seguridad han tenido el aval del Gobierno de los EU. Sin embargo, lo que menos quieren en los EU es que México gane la batalla contra los cárteles de la droga porque un cierre del suministro de estupefacientes provenientes de México provocaría violencia incontrolable de los casi 25 millones de consumidores estadounidenses, sobre todo en las zonas de apartheid de mil ciudades de los EU donde viven y comercian la droga sin que la Policía de ese país se atreva a ingresar.
Ahí es donde se percibe otra paradoja: La estrategia mexicana contra los cárteles de la droga se realizó por presiones de Washington; sin embargo, en los EU se localizan los tres principales problemas que tienen que ver con las bandas criminales: El consumo de 25 millones de adictos estadunidenses, el tráfico de armas de los EU hacia los cárteles y la administración de los narcodólares en el sistema financiero estadounidense. El 90% del armamento criminal asegurado por el Ejército mexicano --115 mil armas, más de 9 mil granadas y casi 12 millones de cartuchos-- provienen de los EU, por lo que las agresiones contra la transnacional Sabritas-PepsiCo se dieron con armas estadounidenses.
A ello se agrega otro de los temas que en los EU ignoran en sus medios de comunicación controlados por los grandes intereses financieros y de seguridad nacional: la corrupción de miembros de los sistemas policiacos, financieros y judiciales de los EU. Los datos son conocidos:
--El fracaso de la Operación Rápido y Furioso aprobada por el procurador de justicia de Obama y que le dio armas al cártel de El Chapo, armas por cierto que fueron usadas para asesinar a agentes aduanales en México.
--En marzo del 2012 dos militares estadounidenses fueron acusados de vender armas y entrenamiento a Los Zetas.
--En mayo de este año se revelaron datos de investigaciones abiertas por casos de corrupción en la oficina de aduanas de los EU, en cuyos puestos fronterizos cruzan cargamentos de droga.
--En ocho años se han arrestado al menos a 130 agentes de Aduanas de los EU por corrupción, tráfico de drogas, contrabando de personas, lavado de dinero y conspiración criminal. Lo grave del asunto es que el las oficinas de seguridad nacional de los EU existe el temor de que grupos terroristas se infiltren a los EU justamente por las aduanas.
--En marzo del 2009 se reveló que la Border Patrol, Aduanas y policías estatales habían recibido sobornos de cárteles mexicanos.
--En diciembre de 2011 la DEA --la polémica agencia antidrogas de los EU-- participó en operaciones de lavado de dinero de organizaciones criminales mexicanas, con el argumento de que se trataba de seguir las rutas del dinero; sin embargo, cárteles mexicanos en efecto lavaron dinero a su favor con la DEA y hasta ahora no se tienen datos de arrestos derivados de esas operaciones.
El tema se ha cruzado con las campañas presidenciales mexicanas. Y aunque existe la certeza de que los candidatos presidenciales mexicanos eluden definiciones de seguridad porque carecen de alternativa y van a continuar el modelo de Calderón pero no se atreven a decirlo por temor a perder votos, de todos modos los EU se quieren meter como factor de seguridad en los temas de la elección presidencial mexicana pero en función de los intereses de Washington.
A ello se agrega un dato revelador: La confianza social en el Ejército subió de 29% a mediados del 2010 a 46%, y se colocó como la institución más reconocida, según encuesta de Ulises Beltrán y Asociados. De ahí el interés de los EU de mimar a una institución vital para la estabilidad de México y medrar con la desconfianza.
(Hoy lunes, a las 10 de la noche, en Canal 40, el programa “Política Incómoda”, conducido por Carlos Ramírez, con el tema: “Segundo debate: Balconeada de secretos del poder”.).
Ante la finalización del sexenio calderonista y la falta de definición de los candidatos presidenciales sobre el tema de seguridad y narcotráfico para el próximo sexenio, el Gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una estrategia unilateral de defensa de sus intereses nacionales en México.
Sólo que la Casa Blanca, muy a su estilo imperial de ignorar la realidad de su propia situación como el país consumidor de droga número uno del mundo, está dañando la estrategia mexicana de lucha contra el crimen organizado. Y no sólo por declaraciones contra la estructura mexicana de seguridad, sino por el hecho de también ocultar que los cárteles de la droga en México sobreviven por la protección de intereses de sectores instalados en el país consumidor.
El caso de los ataques contra vehículos de la empresa Sabritas motivó que la propietaria PepsiCo eludiera las razones de los ataques -acusaciones de colaboración con las fuerzas de seguridad- y orientara sus críticas contra las Fuerzas Armadas que son hoy la última línea de defensa en Michoacán, donde el narco se instaló durante gobiernos perredistas y el gobierno priísta aparece incapaz de combatir el problema de raíz.
Los señalamientos del representante de la PepsiCo contra el ejército por presuntas violaciones de derechos humanos resultaron paradójicos con la decisión oficial el sábado de desplazar partidas militares para resguardar instalaciones de Sabritas en Michoacán. Y el asunto está más complicado porque la empresa PepsiCo ha sido denunciada internacionalmente por violar derechos humanos y éticos al usar restos de fetos abortados para investigaciones sobre efectos de sus productos en el consumidor. El uso de esos fetos ha sido para productos “de más sabor y con menos calorías”; una de las denuncias principales contra PepsiCo salió de un accionista que protestó ante la junta directiva.
Las declaraciones de PepsiCo contra la estrategia mexicana de seguridad han tenido el aval del Gobierno de los EU. Sin embargo, lo que menos quieren en los EU es que México gane la batalla contra los cárteles de la droga porque un cierre del suministro de estupefacientes provenientes de México provocaría violencia incontrolable de los casi 25 millones de consumidores estadounidenses, sobre todo en las zonas de apartheid de mil ciudades de los EU donde viven y comercian la droga sin que la Policía de ese país se atreva a ingresar.
Ahí es donde se percibe otra paradoja: La estrategia mexicana contra los cárteles de la droga se realizó por presiones de Washington; sin embargo, en los EU se localizan los tres principales problemas que tienen que ver con las bandas criminales: El consumo de 25 millones de adictos estadunidenses, el tráfico de armas de los EU hacia los cárteles y la administración de los narcodólares en el sistema financiero estadounidense. El 90% del armamento criminal asegurado por el Ejército mexicano --115 mil armas, más de 9 mil granadas y casi 12 millones de cartuchos-- provienen de los EU, por lo que las agresiones contra la transnacional Sabritas-PepsiCo se dieron con armas estadounidenses.
A ello se agrega otro de los temas que en los EU ignoran en sus medios de comunicación controlados por los grandes intereses financieros y de seguridad nacional: la corrupción de miembros de los sistemas policiacos, financieros y judiciales de los EU. Los datos son conocidos:
--El fracaso de la Operación Rápido y Furioso aprobada por el procurador de justicia de Obama y que le dio armas al cártel de El Chapo, armas por cierto que fueron usadas para asesinar a agentes aduanales en México.
--En marzo del 2012 dos militares estadounidenses fueron acusados de vender armas y entrenamiento a Los Zetas.
--En mayo de este año se revelaron datos de investigaciones abiertas por casos de corrupción en la oficina de aduanas de los EU, en cuyos puestos fronterizos cruzan cargamentos de droga.
--En ocho años se han arrestado al menos a 130 agentes de Aduanas de los EU por corrupción, tráfico de drogas, contrabando de personas, lavado de dinero y conspiración criminal. Lo grave del asunto es que el las oficinas de seguridad nacional de los EU existe el temor de que grupos terroristas se infiltren a los EU justamente por las aduanas.
--En marzo del 2009 se reveló que la Border Patrol, Aduanas y policías estatales habían recibido sobornos de cárteles mexicanos.
--En diciembre de 2011 la DEA --la polémica agencia antidrogas de los EU-- participó en operaciones de lavado de dinero de organizaciones criminales mexicanas, con el argumento de que se trataba de seguir las rutas del dinero; sin embargo, cárteles mexicanos en efecto lavaron dinero a su favor con la DEA y hasta ahora no se tienen datos de arrestos derivados de esas operaciones.
El tema se ha cruzado con las campañas presidenciales mexicanas. Y aunque existe la certeza de que los candidatos presidenciales mexicanos eluden definiciones de seguridad porque carecen de alternativa y van a continuar el modelo de Calderón pero no se atreven a decirlo por temor a perder votos, de todos modos los EU se quieren meter como factor de seguridad en los temas de la elección presidencial mexicana pero en función de los intereses de Washington.
A ello se agrega un dato revelador: La confianza social en el Ejército subió de 29% a mediados del 2010 a 46%, y se colocó como la institución más reconocida, según encuesta de Ulises Beltrán y Asociados. De ahí el interés de los EU de mimar a una institución vital para la estabilidad de México y medrar con la desconfianza.
(Hoy lunes, a las 10 de la noche, en Canal 40, el programa “Política Incómoda”, conducido por Carlos Ramírez, con el tema: “Segundo debate: Balconeada de secretos del poder”.).
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