Axel Didraksson
Causa de conflictos más que de soluciones, la aplicación acrítica de pruebas estándares, léase Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE) o Evaluación Universal al Magisterio, está movilizando a las secciones contrarias a la mafia apoderada del SNTE, y aun ha creado un gran descontento y confusión entre los docentes en unos 18 estados, la crítica de investigadores y expertos en educación, y el rechazo de padres de familia y de otros sectores de la sociedad que no han obtenido respuestas a sus observaciones respecto a la eficacia y la pertinencia de este tipo de pruebas.
Durante todo el sexenio se han impuesto la prueba ENLACE (la semana pasada se hizo en toda la educación básica), la correspondiente a la OCDE denominada Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), y, parcialmente, exámenes similares a sectores del magisterio (porque aún no se ha alcanzado consenso de a quiénes y cuándo se aplicará una Evaluación Universal), reflejos de una obsesiva política educativa que ha tenido de todo: tumbos, regaños, tóxicos espectáculos, dimes y diretes, cambios superficiales de secretarios, ocurrencias y despilfarros, pero ningún resultado educativo sustancial ni comprobable.
Desde la lejanía y la indiferencia con la que se ve la educación desde las oficinas de la SEP, nadie, ningún funcionario ha podido aclarar por qué después de tantas pruebas y exámenes no ha ocurrido el mejoramiento en la calidad de los procesos de aprendizaje, ni por qué cerca del 90% de los estudiantes de las escuelas públicas se encuentran muy por debajo de la media de conocimientos elementales en lectura y escritura, en razonamiento y en desempeño respecto de lo que durante años han estudiado, ni por qué hoy se tiene el terrible deterioro del sistema escolar, de su infraestructura, una mayor desigualdad en el acceso y permanencia en el sistema, e incluso una criminal irresponsabilidad en términos de las obligaciones constitucionales del Estado en materia de educación, que se ha conculcado en beneficio de los intereses familiares y políticos del SNTE y sus secuaces. Ninguna respuesta concreta. Pura demagogia.
Estas pruebas estándares, como lo han comprobado innumerables investigaciones especializadas, generan problemas mayúsculos cuando se aplican de forma indiscriminada, como lo hacen la SEP y el SNTE, porque crean prácticas que se reducen al pase de la prueba y a la obtención de los recursos asociados a ella; porque diferencian de forma arbitraria a escuelas, docentes y estudiantes dentro de rangos de eficacia absurdos, y porque están propiciando un jugoso negocio para las empresas que formulan y editan la prueba y para los que la venden de manera fraudulenta.
Peores aún son los resultados irreversibles educativos y pedagógicos, debido a que estas pruebas, como se ha demostrado profusamente de manera científica, son instrumentos que miden pero no comprenden las distintas realidades escolares, y ni siquiera los niveles educativos reales que tienen los maestros y los alumnos. Esto es así porque al estandarizar preguntas y respuestas cerradas no puede conocerse la riqueza de los aprendizajes y conocimientos que están alcanzando las distintas escuelas en su diversidad y en sus contextos, en la capacidad de razonamiento y deducción que ofrece y hace posible esta diversidad, y, por el contrario, se reproduce lo peor de los viejos esquemas de repetición y memorización, de control autoritario y vertical, y de imposición de un currículum irrelevante.
Cuando se estandariza, se pretende una homogeneidad lingüística, de prácticas sociales y culturales, de conocimientos y habilidades que ponen en desventaja sobre todo a los sectores siempre excluidos del sistema educativo –de manera amplia a los hijos de campesinos, de indígenas y de trabajadores de los barrios marginados de las ciudades–, con lo que se reproduce una mayor desigualdad pedagógica y social. Cuando se busca, peligrosamente, que estos instrumentos se generalicen, lo que tendremos enfrente será un sistema que estará concentrado en la preparación y el logro de las pruebas, pero no en elevar la calidad de lo que se enseña y aprende.
Felizmente, le queda poco tiempo a este gobierno para seguir atormentando a los docentes y alumnos con sus pruebas y amenazas de represión legal y laboral. Existen muchas más alternativas de evaluación cuantitativa y cualitativa que se pueden poner en marcha si ocurre un cambio en serio que haga posible transformar la SEP y dejar atrás estos años ominosos para la educación. Evaluación sí, pero para transformar la educación, no para golpear, amedrentar y diferenciar a los docentes y a las escuelas, y menos para hacer más ricos a los de por sí ostentosos líderes sindicales y burócratas de medio pelo.
Causa de conflictos más que de soluciones, la aplicación acrítica de pruebas estándares, léase Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE) o Evaluación Universal al Magisterio, está movilizando a las secciones contrarias a la mafia apoderada del SNTE, y aun ha creado un gran descontento y confusión entre los docentes en unos 18 estados, la crítica de investigadores y expertos en educación, y el rechazo de padres de familia y de otros sectores de la sociedad que no han obtenido respuestas a sus observaciones respecto a la eficacia y la pertinencia de este tipo de pruebas.
Durante todo el sexenio se han impuesto la prueba ENLACE (la semana pasada se hizo en toda la educación básica), la correspondiente a la OCDE denominada Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), y, parcialmente, exámenes similares a sectores del magisterio (porque aún no se ha alcanzado consenso de a quiénes y cuándo se aplicará una Evaluación Universal), reflejos de una obsesiva política educativa que ha tenido de todo: tumbos, regaños, tóxicos espectáculos, dimes y diretes, cambios superficiales de secretarios, ocurrencias y despilfarros, pero ningún resultado educativo sustancial ni comprobable.
Desde la lejanía y la indiferencia con la que se ve la educación desde las oficinas de la SEP, nadie, ningún funcionario ha podido aclarar por qué después de tantas pruebas y exámenes no ha ocurrido el mejoramiento en la calidad de los procesos de aprendizaje, ni por qué cerca del 90% de los estudiantes de las escuelas públicas se encuentran muy por debajo de la media de conocimientos elementales en lectura y escritura, en razonamiento y en desempeño respecto de lo que durante años han estudiado, ni por qué hoy se tiene el terrible deterioro del sistema escolar, de su infraestructura, una mayor desigualdad en el acceso y permanencia en el sistema, e incluso una criminal irresponsabilidad en términos de las obligaciones constitucionales del Estado en materia de educación, que se ha conculcado en beneficio de los intereses familiares y políticos del SNTE y sus secuaces. Ninguna respuesta concreta. Pura demagogia.
Estas pruebas estándares, como lo han comprobado innumerables investigaciones especializadas, generan problemas mayúsculos cuando se aplican de forma indiscriminada, como lo hacen la SEP y el SNTE, porque crean prácticas que se reducen al pase de la prueba y a la obtención de los recursos asociados a ella; porque diferencian de forma arbitraria a escuelas, docentes y estudiantes dentro de rangos de eficacia absurdos, y porque están propiciando un jugoso negocio para las empresas que formulan y editan la prueba y para los que la venden de manera fraudulenta.
Peores aún son los resultados irreversibles educativos y pedagógicos, debido a que estas pruebas, como se ha demostrado profusamente de manera científica, son instrumentos que miden pero no comprenden las distintas realidades escolares, y ni siquiera los niveles educativos reales que tienen los maestros y los alumnos. Esto es así porque al estandarizar preguntas y respuestas cerradas no puede conocerse la riqueza de los aprendizajes y conocimientos que están alcanzando las distintas escuelas en su diversidad y en sus contextos, en la capacidad de razonamiento y deducción que ofrece y hace posible esta diversidad, y, por el contrario, se reproduce lo peor de los viejos esquemas de repetición y memorización, de control autoritario y vertical, y de imposición de un currículum irrelevante.
Cuando se estandariza, se pretende una homogeneidad lingüística, de prácticas sociales y culturales, de conocimientos y habilidades que ponen en desventaja sobre todo a los sectores siempre excluidos del sistema educativo –de manera amplia a los hijos de campesinos, de indígenas y de trabajadores de los barrios marginados de las ciudades–, con lo que se reproduce una mayor desigualdad pedagógica y social. Cuando se busca, peligrosamente, que estos instrumentos se generalicen, lo que tendremos enfrente será un sistema que estará concentrado en la preparación y el logro de las pruebas, pero no en elevar la calidad de lo que se enseña y aprende.
Felizmente, le queda poco tiempo a este gobierno para seguir atormentando a los docentes y alumnos con sus pruebas y amenazas de represión legal y laboral. Existen muchas más alternativas de evaluación cuantitativa y cualitativa que se pueden poner en marcha si ocurre un cambio en serio que haga posible transformar la SEP y dejar atrás estos años ominosos para la educación. Evaluación sí, pero para transformar la educación, no para golpear, amedrentar y diferenciar a los docentes y a las escuelas, y menos para hacer más ricos a los de por sí ostentosos líderes sindicales y burócratas de medio pelo.
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