Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
¿Cómo y para qué es necesario corromper a ministros, magistrados y jueces? Está el método llano y liso, como se califica a la concesión del amparo: por coerción, amenaza y corrompiéndoles como hace la delincuencia organizada o alguno de los interesados en juicios ajenos a la materia penal.
La otra manera de corromper a los juzgadores, de tener sujetos a los ministros, es sutil, engañosa, capaz de disfrazarse de actitud éticamente correcta, de cumplimiento puntual de la ley, cuando lo que ocurre es que para atender a las sugerencias del Ejecutivo, para plegar la consciencia a la línea política al momento de dictar sentencia o acordar una resolución, se establece una separación tajante entre el significado judicial, moral y ético de la justicia y la ley, para poner la segunda sobre la primera y, de manera políticamente correcta, cumplir con el mandato constitucional obsecuentemente, con el propósito de servir a los intereses políticos o administrativos del gobierno.
Sería ingenuo pensar que la administración de justicia es impoluta, estrictamente apegada a Derecho. ¿Quién sabe qué pasa por la mente de un juzgador cuando debe decidir del futuro de una vida, del destino de una fortuna o un bien intangible, como pueden serlo los derechos de autor? La justicia y la ley no son sinónimo, pero es necesario establecer entre ambos términos una simbiosis, de lo contrario quien dicta sentencia corre el riesgo de enfermar de esquizofrenia. No hay equilibrio posible: o se es magnánimo y se inclina por la justicia, o se es implacable y se aplica la ley por sobre toda consideración de índole ética o moral.
Todo lo anterior viene a cuento, porque es momento de que la sociedad se pregunte en qué momento es que se corrompieron los juzgadores: ¿Cuándo emitieron sentencia, o cuando les revocaron dicha sentencia?
¿A quién gustaron las sentencias del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, juzgador histriónico, afectado de su propia importancia? El que Luis Echeverría Álvarez disfrute de su encierro y viva sin el estigma de haber sido declarado culpable de genocidio, se debe a una decisión suya, pero no podía hacer lo contrario; el que unos de los múltiples hijos identificados de Joaquín “El Chapo” Guzmán haya sido liberado, es su responsabilidad, pero no había pruebas suficientes que demostraran que Iván Archivaldo Guzmán es narcotraficante o lavador de dinero. Hasta este momento su pecado es disfrutar de la fortuna de su padre, o como en su momento escribió Carlos Marín, es culpable de portar “papá prohibido”.
Cuando el juez Efraín Cázares es sometido a escrutinio del CJF por sus supuestos nexos con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, o a Arturo Chávez Hernández, juez 13 de Distrito en Materia de Amparo Penal con sede en el DF, se le revoca su decisión por votación unánime de los magistrados José Luis Villa Juárez, Luis Pérez de la Fuente y Juan José Olvera, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo hacen con apego a la ley y la justicia, o se toman esas decisiones porque así lo exigen las condiciones políticas del momento y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Ministros, magistrados y jueces no saben cómo subordinar la ley a la justicia, pero sí subordinan a la política, la justicia y la ley.
¿Cómo y para qué es necesario corromper a ministros, magistrados y jueces? Está el método llano y liso, como se califica a la concesión del amparo: por coerción, amenaza y corrompiéndoles como hace la delincuencia organizada o alguno de los interesados en juicios ajenos a la materia penal.
La otra manera de corromper a los juzgadores, de tener sujetos a los ministros, es sutil, engañosa, capaz de disfrazarse de actitud éticamente correcta, de cumplimiento puntual de la ley, cuando lo que ocurre es que para atender a las sugerencias del Ejecutivo, para plegar la consciencia a la línea política al momento de dictar sentencia o acordar una resolución, se establece una separación tajante entre el significado judicial, moral y ético de la justicia y la ley, para poner la segunda sobre la primera y, de manera políticamente correcta, cumplir con el mandato constitucional obsecuentemente, con el propósito de servir a los intereses políticos o administrativos del gobierno.
Sería ingenuo pensar que la administración de justicia es impoluta, estrictamente apegada a Derecho. ¿Quién sabe qué pasa por la mente de un juzgador cuando debe decidir del futuro de una vida, del destino de una fortuna o un bien intangible, como pueden serlo los derechos de autor? La justicia y la ley no son sinónimo, pero es necesario establecer entre ambos términos una simbiosis, de lo contrario quien dicta sentencia corre el riesgo de enfermar de esquizofrenia. No hay equilibrio posible: o se es magnánimo y se inclina por la justicia, o se es implacable y se aplica la ley por sobre toda consideración de índole ética o moral.
Todo lo anterior viene a cuento, porque es momento de que la sociedad se pregunte en qué momento es que se corrompieron los juzgadores: ¿Cuándo emitieron sentencia, o cuando les revocaron dicha sentencia?
¿A quién gustaron las sentencias del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, juzgador histriónico, afectado de su propia importancia? El que Luis Echeverría Álvarez disfrute de su encierro y viva sin el estigma de haber sido declarado culpable de genocidio, se debe a una decisión suya, pero no podía hacer lo contrario; el que unos de los múltiples hijos identificados de Joaquín “El Chapo” Guzmán haya sido liberado, es su responsabilidad, pero no había pruebas suficientes que demostraran que Iván Archivaldo Guzmán es narcotraficante o lavador de dinero. Hasta este momento su pecado es disfrutar de la fortuna de su padre, o como en su momento escribió Carlos Marín, es culpable de portar “papá prohibido”.
Cuando el juez Efraín Cázares es sometido a escrutinio del CJF por sus supuestos nexos con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, o a Arturo Chávez Hernández, juez 13 de Distrito en Materia de Amparo Penal con sede en el DF, se le revoca su decisión por votación unánime de los magistrados José Luis Villa Juárez, Luis Pérez de la Fuente y Juan José Olvera, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo hacen con apego a la ley y la justicia, o se toman esas decisiones porque así lo exigen las condiciones políticas del momento y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Ministros, magistrados y jueces no saben cómo subordinar la ley a la justicia, pero sí subordinan a la política, la justicia y la ley.
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