Jorge Fernández Menéndez
Apenas el 10 de mayo pasado escribíamos aquí sobre los casos “resueltos” por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario de la Ciudad de México, Jesús Guadalupe Luna Altamirano que el 11 de abril de 2008 sostuvo que no había elementos para fincarle una responsabilidad penal a Iván Guzmán Salazar, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en los delitos de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Horas después El Chapito fue puesto en libertad. Había sido detenido en Zapopan, Jalisco, la madrugada del 14 de febrero de 2005 por un incidente de tránsito, y portaba una identidad falsa. “El juez Luna Altamirano”, escribíamos el 10 de mayo, “decidió dejarlo en libertad, una sentencia que se cumplió el 12 de abril de 2008, y desde entonces está prófugo. Apenas ayer la justicia estadunidense incorporó al Chapito en su lista de narcotraficantes con restricciones financieras y comerciales, incautando sus cuentas en Estados Unidos. Está acusado de lo mismo que lo habían acusado en México: lavado de dinero y delincuencia organizada”.
En ese mismo texto hablábamos de otros casos juzgados por el magistrado Luna Altamirano. Recordamos un caso de hace seis años: “Apenas el siete de noviembre pasado se presentó una queja en el Consejo de la Judicatura contra el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, porque dejó en libertad, el 31 de mayo de 2006, y de un plumazo, a 20 personas acusadas y condenadas en primera instancia por la operación con recursos de procedencia ilícita. Los acusados habían sido detenidos en una bodega en Boca del Río, Veracruz, cuando custodiaban tres millones 150 mil dólares, ocultos en un camión que llevaba el logotipo de Praxair, destinado aparentemente para el transporte de gas pero adaptado para el traslado de droga y dinero… (Los liberó) a pesar de que la detención fue parte de una larga labor de inteligencia y derivó de la detención previa, en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, de un tráiler similar, con el mismo logotipo, en el que se transportaban poco más de mil 700 paquetes de mariguana, con un peso superior a las cinco toneladas de esa droga… el juez consideró que no se podía demostrar que los detenidos supieran de la existencia de los más de tres millones de dólares ocultos en el camión que protegían y que, además, de saberlo, no se comprobaba que supieran que procedían de una fuente ilegal”.
También abordamos el caso de Sandra Ávila, La Reina del Sur, a quien el juez le otorgó un amparo y el del secuestro del empresario Carlos Antonio Pilgram Santos.
El 25 de mayo pasado, el juez Luna Altamirano envió al periódico Excélsior una larga carta, publicada el sábado 26, donde desmentía la información que aquí habíamos proporcionado. Respecto al caso del Chapito, decía que lo liberó solamente por las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y no por delincuencia organizada. En el caso de los 20 detenidos en Veracruz, reitera que él sólo recibió un parte informativo, según él, con información insuficiente. En el caso Pilgram dice que dejó en libertad sólo a un secuestrador, que era casualmente el jefe de la banda. En el caso de La Reina del Sur, dice que es “falaz la acusación” ya que “el suscrito sólo confirmó esa decisión ante las fallas técnicas del MP que recurrió la resolución”.
Termina el texto el juez Luna Altamirano diciendo que “requiero al periodista en cuestión (o sea un servidor) para que reconsidere sus infundados y ofensivos comentarios, pues de lo contrario, me veré en la necesidad de iniciar las acciones legales correspondientes ante el daño moral de que soy objeto, ante sus deshonrosas críticas”. Pues bien, no hace falta que el magistrado recurra a nada: apenas el viernes el Consejo de la Judicatura Federal suspendió en sus funciones al magistrado Luna Altamirano para continuar las investigaciones en su contra por sus “conductas irregulares”. A los casos que aquí habíamos señalado, según fuentes judiciales, se ha unido la revocación que el magistrado hizo a la formal prisión que se le había dictado a Arturo Culebro Arredondo, encargado, según la PGR, de las operaciones de lavado de dinero del cártel de los Beltrán Leyva y el Norte del Valle en Colombia. El pasado 4 de enero, luego del fallo del juez, Culebro tuvo que ser dejado en libertad.
Junto con él fue suspendido en sus funciones el juez Efraín Cázares López, quien otorgó el amparo que le permitió rendir protesta en la Cámara de Diputados y adquirir fuero a Julio César Godoy, que luego fue desaforado y que desde entonces está prófugo. También decretó la libertad de los funcionarios acusados de estar relacionados con el crimen organizado en el llamado michoacanazo. Los dos jueces están siendo hoy investigados por la PGR. Son las autoridades, no los periodistas, los que los acusan. No hay nada que rectificar.
Apenas el 10 de mayo pasado escribíamos aquí sobre los casos “resueltos” por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario de la Ciudad de México, Jesús Guadalupe Luna Altamirano que el 11 de abril de 2008 sostuvo que no había elementos para fincarle una responsabilidad penal a Iván Guzmán Salazar, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en los delitos de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Horas después El Chapito fue puesto en libertad. Había sido detenido en Zapopan, Jalisco, la madrugada del 14 de febrero de 2005 por un incidente de tránsito, y portaba una identidad falsa. “El juez Luna Altamirano”, escribíamos el 10 de mayo, “decidió dejarlo en libertad, una sentencia que se cumplió el 12 de abril de 2008, y desde entonces está prófugo. Apenas ayer la justicia estadunidense incorporó al Chapito en su lista de narcotraficantes con restricciones financieras y comerciales, incautando sus cuentas en Estados Unidos. Está acusado de lo mismo que lo habían acusado en México: lavado de dinero y delincuencia organizada”.
En ese mismo texto hablábamos de otros casos juzgados por el magistrado Luna Altamirano. Recordamos un caso de hace seis años: “Apenas el siete de noviembre pasado se presentó una queja en el Consejo de la Judicatura contra el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, porque dejó en libertad, el 31 de mayo de 2006, y de un plumazo, a 20 personas acusadas y condenadas en primera instancia por la operación con recursos de procedencia ilícita. Los acusados habían sido detenidos en una bodega en Boca del Río, Veracruz, cuando custodiaban tres millones 150 mil dólares, ocultos en un camión que llevaba el logotipo de Praxair, destinado aparentemente para el transporte de gas pero adaptado para el traslado de droga y dinero… (Los liberó) a pesar de que la detención fue parte de una larga labor de inteligencia y derivó de la detención previa, en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, de un tráiler similar, con el mismo logotipo, en el que se transportaban poco más de mil 700 paquetes de mariguana, con un peso superior a las cinco toneladas de esa droga… el juez consideró que no se podía demostrar que los detenidos supieran de la existencia de los más de tres millones de dólares ocultos en el camión que protegían y que, además, de saberlo, no se comprobaba que supieran que procedían de una fuente ilegal”.
También abordamos el caso de Sandra Ávila, La Reina del Sur, a quien el juez le otorgó un amparo y el del secuestro del empresario Carlos Antonio Pilgram Santos.
El 25 de mayo pasado, el juez Luna Altamirano envió al periódico Excélsior una larga carta, publicada el sábado 26, donde desmentía la información que aquí habíamos proporcionado. Respecto al caso del Chapito, decía que lo liberó solamente por las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y no por delincuencia organizada. En el caso de los 20 detenidos en Veracruz, reitera que él sólo recibió un parte informativo, según él, con información insuficiente. En el caso Pilgram dice que dejó en libertad sólo a un secuestrador, que era casualmente el jefe de la banda. En el caso de La Reina del Sur, dice que es “falaz la acusación” ya que “el suscrito sólo confirmó esa decisión ante las fallas técnicas del MP que recurrió la resolución”.
Termina el texto el juez Luna Altamirano diciendo que “requiero al periodista en cuestión (o sea un servidor) para que reconsidere sus infundados y ofensivos comentarios, pues de lo contrario, me veré en la necesidad de iniciar las acciones legales correspondientes ante el daño moral de que soy objeto, ante sus deshonrosas críticas”. Pues bien, no hace falta que el magistrado recurra a nada: apenas el viernes el Consejo de la Judicatura Federal suspendió en sus funciones al magistrado Luna Altamirano para continuar las investigaciones en su contra por sus “conductas irregulares”. A los casos que aquí habíamos señalado, según fuentes judiciales, se ha unido la revocación que el magistrado hizo a la formal prisión que se le había dictado a Arturo Culebro Arredondo, encargado, según la PGR, de las operaciones de lavado de dinero del cártel de los Beltrán Leyva y el Norte del Valle en Colombia. El pasado 4 de enero, luego del fallo del juez, Culebro tuvo que ser dejado en libertad.
Junto con él fue suspendido en sus funciones el juez Efraín Cázares López, quien otorgó el amparo que le permitió rendir protesta en la Cámara de Diputados y adquirir fuero a Julio César Godoy, que luego fue desaforado y que desde entonces está prófugo. También decretó la libertad de los funcionarios acusados de estar relacionados con el crimen organizado en el llamado michoacanazo. Los dos jueces están siendo hoy investigados por la PGR. Son las autoridades, no los periodistas, los que los acusan. No hay nada que rectificar.
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