Gloria Leticia Díaz / Apro
En su paso por el gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto incumplió las recomendaciones que hizo el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en relación con los abusos cometidos contra 47 mujeres en Atenco, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Además, informaron que ya enviaron a ese organismo un informe “sobre la impunidad que prevalece en el caso de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco, el 3 y 4 de mayo de 2006, tras un operativo policiaco que se caracterizó por el uso indiscriminado de la fuerza, en el que participaron uniformados estatales y federales.
Al respecto, el pasado 11 de mayo –durante un encuentro con estudiantes en la Universidad Iberoamericana–, el exgobernador mexiquense dijo: “Fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública como, además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
A sólo cuatro días de que se realicen las elecciones federales, el Centro Prodh y la OMCT dieron a conocer que enviaron al CEDAW un informe alternativo para que se tome en cuenta a la hora de aplicar el examen periódico sobre el cumplimiento de los convenios de no discriminación y eliminación de la violencia contra la mujer contraídos por México.
En un comunicado conjunto, las organizaciones recordaron que en el examen periódico anterior, hace seis años, el CEDAW pidió al Estado mexicano “asegurar que la Fiscalía Especial (para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres) tenga jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco, a fin de garantizar que se enjuicie y se castigue a los culpables”.
Sin embargo, añadieron, hasta ahora “ni un solo elemento policiaco ha sido sancionado penalmente por estas graves violaciones a derechos humanos” y, peor aún, “declinó competencia a favor de las autoridades ministeriales del Estado de México “, perpetrando la impunidad en el caso.
El Centro Prodh y la OMCT puntualizaron que desde que ocurrieron los hechos, denunciaron que en Atenco se cometió “tortura sexual, de acuerdo con los estándares internacionales”, por lo que se pidió la intervención del Comité contra la Tortura (CAT) desde 2006, “insistiendo en la necesidad de identificar y castigar a los culpables”.
Las organizaciones resaltaron que “a pesar de las recomendaciones de diversos organismos nacionales e internacionales, los avances por parte de las autoridades federales y estatales para hacer justicia a las mujeres de Atenco han sido prácticamente nulos”.
Asimismo, instaron al CEDAW a “recordar al Estado mexicano que está obligado a tomar todas las medidas pertinentes para que mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco en 2006 accedan a la justicia y a la reparación del daño”.
Añadieron:
“Procurar justicia en el caso de las mujeres agraviadas en Atenco significaría una oportunidad para las autoridades mexicanas de demostrar que están comprometidas a luchar contra la impunidad y a poner fin a la tortura y a los abusos sexuales contra mujeres en México”.
En su paso por el gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto incumplió las recomendaciones que hizo el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en relación con los abusos cometidos contra 47 mujeres en Atenco, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Además, informaron que ya enviaron a ese organismo un informe “sobre la impunidad que prevalece en el caso de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco, el 3 y 4 de mayo de 2006, tras un operativo policiaco que se caracterizó por el uso indiscriminado de la fuerza, en el que participaron uniformados estatales y federales.
Al respecto, el pasado 11 de mayo –durante un encuentro con estudiantes en la Universidad Iberoamericana–, el exgobernador mexiquense dijo: “Fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública como, además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
A sólo cuatro días de que se realicen las elecciones federales, el Centro Prodh y la OMCT dieron a conocer que enviaron al CEDAW un informe alternativo para que se tome en cuenta a la hora de aplicar el examen periódico sobre el cumplimiento de los convenios de no discriminación y eliminación de la violencia contra la mujer contraídos por México.
En un comunicado conjunto, las organizaciones recordaron que en el examen periódico anterior, hace seis años, el CEDAW pidió al Estado mexicano “asegurar que la Fiscalía Especial (para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres) tenga jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco, a fin de garantizar que se enjuicie y se castigue a los culpables”.
Sin embargo, añadieron, hasta ahora “ni un solo elemento policiaco ha sido sancionado penalmente por estas graves violaciones a derechos humanos” y, peor aún, “declinó competencia a favor de las autoridades ministeriales del Estado de México “, perpetrando la impunidad en el caso.
El Centro Prodh y la OMCT puntualizaron que desde que ocurrieron los hechos, denunciaron que en Atenco se cometió “tortura sexual, de acuerdo con los estándares internacionales”, por lo que se pidió la intervención del Comité contra la Tortura (CAT) desde 2006, “insistiendo en la necesidad de identificar y castigar a los culpables”.
Las organizaciones resaltaron que “a pesar de las recomendaciones de diversos organismos nacionales e internacionales, los avances por parte de las autoridades federales y estatales para hacer justicia a las mujeres de Atenco han sido prácticamente nulos”.
Asimismo, instaron al CEDAW a “recordar al Estado mexicano que está obligado a tomar todas las medidas pertinentes para que mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco en 2006 accedan a la justicia y a la reparación del daño”.
Añadieron:
“Procurar justicia en el caso de las mujeres agraviadas en Atenco significaría una oportunidad para las autoridades mexicanas de demostrar que están comprometidas a luchar contra la impunidad y a poner fin a la tortura y a los abusos sexuales contra mujeres en México”.
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