El Ministerio Público de la Agencia Central de Investigación ejercitó acción penal en contra de los detenidos por los delitos de lesiones, resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación y sabotaje.
Juan Carlos Alarcón López / Noticias MVS
La Procuraduría capitalina consignó ante un Juez Penal a los 25 vendedores ambulantes detenidos el martes pasado en el Eje Central Lázaro Cárdenas luego del enfrentamiento con policías y granaderos de seguridad pública local.
Autoridades de la dependencia informaron que entre los consignados también se encuentra Graciela Coronel Barrios, hija de la lideresa del comercio informal en calles del Centro Histórico.
El Ministerio Público de la Agencia Central de Investigación ejercitó acción penal en contra de los detenidos por los delitos de lesiones, resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación y sabotaje, éste último considerado grave, por lo que no obtendrán el beneficio de la libertad bajo fianza.
Pese a la consignación de los ambulantes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal continuará investigando los abusos en que presuntamente incurrieron los uniformados y los malos tratos que recibieron en la instancia ministerial, aseguró el Ombudsman Luis González Placencia.
“Estamos analizando los videos que existen y los partes médicos, a partir de eso podremos ya establecer si efectivamente hubo abuso en la detención…bueno al dicho de los peticionarios en términos de insultos de amenazas y en fin ese tipo de cosas…la autoridad tiene la obligación de tratar bien a las personas detenidas”, aseguró.
En el presidente del Organismo avaló la decisión de la autoridad de no ceder a las pretensiones de negociar la justicia como lo planteó públicamente la lideresa de los comerciantes Alejandra Barrios.
Cabe señalar que los 23 varones fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Oriente y las tres mujeres al Centro de Readaptación Social Femenil de Santa Martha.
El martes anterior más de 300 vendedores informales enfrentaron a policías auxiliares y antimotines de la SSPDF luego de un operativo para retirarlos de la vía pública.
De acuerdo a lo que establece el Artículo 363 del Código Penal para el DF, el delito de sabotaje, es sancionado con una pena de cinco a 15 años de prisión, sin derecho a fianza, ya que contempla las hipótesis de trastornar la vida económica, política, social o cultural del Distrito Federal o para alterar la capacidad del Gobierno para asegurar el orden público.
Juan Carlos Alarcón López / Noticias MVS
La Procuraduría capitalina consignó ante un Juez Penal a los 25 vendedores ambulantes detenidos el martes pasado en el Eje Central Lázaro Cárdenas luego del enfrentamiento con policías y granaderos de seguridad pública local.
Autoridades de la dependencia informaron que entre los consignados también se encuentra Graciela Coronel Barrios, hija de la lideresa del comercio informal en calles del Centro Histórico.
El Ministerio Público de la Agencia Central de Investigación ejercitó acción penal en contra de los detenidos por los delitos de lesiones, resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación y sabotaje, éste último considerado grave, por lo que no obtendrán el beneficio de la libertad bajo fianza.
Pese a la consignación de los ambulantes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal continuará investigando los abusos en que presuntamente incurrieron los uniformados y los malos tratos que recibieron en la instancia ministerial, aseguró el Ombudsman Luis González Placencia.
“Estamos analizando los videos que existen y los partes médicos, a partir de eso podremos ya establecer si efectivamente hubo abuso en la detención…bueno al dicho de los peticionarios en términos de insultos de amenazas y en fin ese tipo de cosas…la autoridad tiene la obligación de tratar bien a las personas detenidas”, aseguró.
En el presidente del Organismo avaló la decisión de la autoridad de no ceder a las pretensiones de negociar la justicia como lo planteó públicamente la lideresa de los comerciantes Alejandra Barrios.
Cabe señalar que los 23 varones fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Oriente y las tres mujeres al Centro de Readaptación Social Femenil de Santa Martha.
El martes anterior más de 300 vendedores informales enfrentaron a policías auxiliares y antimotines de la SSPDF luego de un operativo para retirarlos de la vía pública.
De acuerdo a lo que establece el Artículo 363 del Código Penal para el DF, el delito de sabotaje, es sancionado con una pena de cinco a 15 años de prisión, sin derecho a fianza, ya que contempla las hipótesis de trastornar la vida económica, política, social o cultural del Distrito Federal o para alterar la capacidad del Gobierno para asegurar el orden público.
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