Salvador García Soto
Un cisma de gran magnitud ha provocado en el Ejército mexicano la repentina detención de los cuatro generales de división acusados de nexos con el narcotráfico. La crisis interna en las fuerzas armadas, aunque silenciosa hasta ahora, tiene que ver con la molestia y la inconformidad que se escucha en los altos mandos militares por el tratamiento que se ha dado a los cuatro generales que están bajo arraigo y acusados de nexos con el cartel de los Beltrán Leyva.
“¿Cuántos civiles hay detenidos por nexos con el narco, a cuántos políticos de alto nivel que se hayan vinculado con la delincuencia se les está procesando?”, pegunta un militar de alto rango en una plática con el columista en la que se habla del malestar y el rechazo que ha desatado en el Ejército estas detenciones, para las que aún no se muestra un expediente sólido con pruebas del involucramiento de los generales de cuatro estrellas.
La crisis que se vive al interior del Ejército, según militares consultados, sería similar a la que vivieron las fuerzas armadas tras el movimiento estudiantil del 68, cuando la actuación del Batallón Olimpia en la Plaza de Tlatelolco dividió las opiniones de las cúpulas castrenses, por el fuerte daño a la imagen pública sobre todo cuando se culpó al Ejército de disparar contra los estudiantes y ninguna autoridad civil asumía el haber ordenado ese operativo militar encubierto.
Algo similar ocurre ahora con el arraigo de los generales Tomás Angeles Dahuare, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe González y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. El caso despierta muchas dudas y suspicacias en las cúpulas del Ejército donde se sospecha que detrás de las detenciones hay motivaciones políticas avaladas por la Presidencia.
Un dato que comentan entre generales es que un día antes de que se ordenara la detención del general Angeles Dahuare y Roberto Dawe –ejecutada por el Ejército pero decidida en Los Pinos e instrumentada por la PGR– el presidente Calderón tuvo una comida privada con su secretario de Seguridad Genaro García Luna, a quien los militares ubican como uno de los artifices de las acusaciones.
La molestia entre militares de alto rango se agudiza porque sienten que el actual gobierno, además de haberles enviado a pelear una guerra contra la delincuencia que le correspondía a las fuerzas civiles, no hizo lo suficiente por regularizar la participación de las fuerzas armadas en esa labor al no lograr que se aprobara la Ley de Seguridad Nacional impulsada por el Ejército. Hay grupos en el Ejército que se preguntan que pasará cuando termine el sexenio y el presidente se vaya ¿quién va a defender y justificar la actuación de los militares en labores de seguridad cuando se someta a juicio las 60 mil muertes en esta guerra? Se preguntan los militares.
El pasado 19 de febrero, día del Ejército, en el discurso oficial, el secretario de la Defensa, pronunció una frase que para muchos paso desapercibida, pero que llevaba implícito todo un menaje al recordarle al presidente que si el Ejercito está en esta lucha contra el crimen no es por decision propia sino por una orden suya: “Es justo y oportuno en este día expresar gratitud a nuestro Comandante Supremo por la confianza en que de deposita en sus soldados al asignarnos la misión de coadyuvar en la confrontación de los antagonismos criminales.
Es en ese contexto que las acusaciones contra los cuatro generales, especialmente contra el ex subsecretario de Defensa Tomás Angeles, han sacudido a los sectores castrenses y provocan en estos momentos cuestionamientos sobre la solide z del caso y las pruebas en su contra.
Felipe Calderón comenzó su sexenio convulsionando al Ejército con una decisión que aún es motivo de polémica y dudas constitucionales al sacar a los militares de los cuarteles y lanzarlos a combatir la delincuencia; hoy que casi termina su gobierno, el Ejército sigue convulsionado, golpeado en su imagen publica, desgastado y en crisis.
Un cisma de gran magnitud ha provocado en el Ejército mexicano la repentina detención de los cuatro generales de división acusados de nexos con el narcotráfico. La crisis interna en las fuerzas armadas, aunque silenciosa hasta ahora, tiene que ver con la molestia y la inconformidad que se escucha en los altos mandos militares por el tratamiento que se ha dado a los cuatro generales que están bajo arraigo y acusados de nexos con el cartel de los Beltrán Leyva.
“¿Cuántos civiles hay detenidos por nexos con el narco, a cuántos políticos de alto nivel que se hayan vinculado con la delincuencia se les está procesando?”, pegunta un militar de alto rango en una plática con el columista en la que se habla del malestar y el rechazo que ha desatado en el Ejército estas detenciones, para las que aún no se muestra un expediente sólido con pruebas del involucramiento de los generales de cuatro estrellas.
La crisis que se vive al interior del Ejército, según militares consultados, sería similar a la que vivieron las fuerzas armadas tras el movimiento estudiantil del 68, cuando la actuación del Batallón Olimpia en la Plaza de Tlatelolco dividió las opiniones de las cúpulas castrenses, por el fuerte daño a la imagen pública sobre todo cuando se culpó al Ejército de disparar contra los estudiantes y ninguna autoridad civil asumía el haber ordenado ese operativo militar encubierto.
Algo similar ocurre ahora con el arraigo de los generales Tomás Angeles Dahuare, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe González y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. El caso despierta muchas dudas y suspicacias en las cúpulas del Ejército donde se sospecha que detrás de las detenciones hay motivaciones políticas avaladas por la Presidencia.
Un dato que comentan entre generales es que un día antes de que se ordenara la detención del general Angeles Dahuare y Roberto Dawe –ejecutada por el Ejército pero decidida en Los Pinos e instrumentada por la PGR– el presidente Calderón tuvo una comida privada con su secretario de Seguridad Genaro García Luna, a quien los militares ubican como uno de los artifices de las acusaciones.
La molestia entre militares de alto rango se agudiza porque sienten que el actual gobierno, además de haberles enviado a pelear una guerra contra la delincuencia que le correspondía a las fuerzas civiles, no hizo lo suficiente por regularizar la participación de las fuerzas armadas en esa labor al no lograr que se aprobara la Ley de Seguridad Nacional impulsada por el Ejército. Hay grupos en el Ejército que se preguntan que pasará cuando termine el sexenio y el presidente se vaya ¿quién va a defender y justificar la actuación de los militares en labores de seguridad cuando se someta a juicio las 60 mil muertes en esta guerra? Se preguntan los militares.
El pasado 19 de febrero, día del Ejército, en el discurso oficial, el secretario de la Defensa, pronunció una frase que para muchos paso desapercibida, pero que llevaba implícito todo un menaje al recordarle al presidente que si el Ejercito está en esta lucha contra el crimen no es por decision propia sino por una orden suya: “Es justo y oportuno en este día expresar gratitud a nuestro Comandante Supremo por la confianza en que de deposita en sus soldados al asignarnos la misión de coadyuvar en la confrontación de los antagonismos criminales.
Es en ese contexto que las acusaciones contra los cuatro generales, especialmente contra el ex subsecretario de Defensa Tomás Angeles, han sacudido a los sectores castrenses y provocan en estos momentos cuestionamientos sobre la solide z del caso y las pruebas en su contra.
Felipe Calderón comenzó su sexenio convulsionando al Ejército con una decisión que aún es motivo de polémica y dudas constitucionales al sacar a los militares de los cuarteles y lanzarlos a combatir la delincuencia; hoy que casi termina su gobierno, el Ejército sigue convulsionado, golpeado en su imagen publica, desgastado y en crisis.
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