Además, se crea el Centro Federal de Protección a Personas como un órgano desconcentrado que deberá resguardar la integridad de los testigos y víctimas que se encuentren amenazados por brindar sus testimonios contra delincuentes.
Juan Omar Fierro Mendoza / Noticias MVS
El gobierno federal anunció la promulgación de una nueva ley de testigos protegidos que amplía la protección del Estado a víctimas, ofendidos y servidores públicos que colaboran con la Procuraduría General de la República (PGR) en la integración de averiguaciones previas y juicios penales contra integrantes del crimen organizado.
Además, se crea el Centro Federal de Protección a Personas como un órgano desconcentrado de la propia PGR que deberá resguardar la integridad de los testigos, víctimas y servidores públicos que se encuentren amenazados o en peligro inminente, por brindar su testimonio en contra de grupos delictivos y líderes criminales.
La Procuradora General de la República (PGR), Marisela Morales, explicó que el nuevo ordenamiento legal, denominado "Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal", se va a publicar mañana viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque su entrada en vigor se dará hasta dentro de 180 días, es decir, hasta diciembre del presente año.
La nueva ley para regular el uso de testigos protegidos en juicios penales incorpora a los esquemas de protección a otro tipo de testigos como víctimas y ofendidos, así como a servidores públicos que participan en las investigaciones como son peritos, policías, ministerios públicos y juzgadores federales.
Entre las novedades que incluye esta ley se encuentran la firma de un convenio entre las autoridades ministeriales y las personas que se acojan a este mecanismo de protección a testigos y víctimas, el cual deberá contemplar la temporalidad del mismo.
Además, se prevén cuatro cláusulas para dar por terminada la relación de la PGR con los testigos protegidos: que no se conduzcan con veracidad, que cometan un delito de carácter doloso mientras se encontraba bajo la protección de las autoridades, que incumplan con las medidas de protección que le son asignadas y que se nieguen a declarar dentro de los juicios penales en los que colaboran.
Entre las medidas ye incluyen esta ley para la protección de testigos y víctimas se encuentran el traslado de las mismas a distintos lugares, custodia policial, alojamiento temporal y medios económicos para su manutención.
En los casos más graves, la PGR deberá facilitar cambios de residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de los testigos bajo custodia y en caso de ser necesario, dotar de una nueva identidad a la persona que brinde testimonios vitales para enjuiciar al crimen organizado.
Además, para los testigos colaboradores que se encuentren recluidos en prisión preventiva o cumpliendo una sentencia, la PGR tomará medidas como la separación del resto de los internos, con el fin de que no sean objeto de agresiones.
Los reos gozarán de beneficios adicionales como la asistencia en la gestión de sus trámites legales y asesoramiento jurídico gratuito, a fin de que conozcan las medidas de protección y demás derechos a los que tienen acceso.
Por lo que respecta al Centro Federal de Protección a Persona, Marisela Morales explicó que este contará con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección; además de que su director podrá ser nombrado y removido por el Presidente de la República a propuesta del titular de la PGR.
“El Centro contará con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial”, concluyó.
Juan Omar Fierro Mendoza / Noticias MVS
El gobierno federal anunció la promulgación de una nueva ley de testigos protegidos que amplía la protección del Estado a víctimas, ofendidos y servidores públicos que colaboran con la Procuraduría General de la República (PGR) en la integración de averiguaciones previas y juicios penales contra integrantes del crimen organizado.
Además, se crea el Centro Federal de Protección a Personas como un órgano desconcentrado de la propia PGR que deberá resguardar la integridad de los testigos, víctimas y servidores públicos que se encuentren amenazados o en peligro inminente, por brindar su testimonio en contra de grupos delictivos y líderes criminales.
La Procuradora General de la República (PGR), Marisela Morales, explicó que el nuevo ordenamiento legal, denominado "Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal", se va a publicar mañana viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque su entrada en vigor se dará hasta dentro de 180 días, es decir, hasta diciembre del presente año.
La nueva ley para regular el uso de testigos protegidos en juicios penales incorpora a los esquemas de protección a otro tipo de testigos como víctimas y ofendidos, así como a servidores públicos que participan en las investigaciones como son peritos, policías, ministerios públicos y juzgadores federales.
Entre las novedades que incluye esta ley se encuentran la firma de un convenio entre las autoridades ministeriales y las personas que se acojan a este mecanismo de protección a testigos y víctimas, el cual deberá contemplar la temporalidad del mismo.
Además, se prevén cuatro cláusulas para dar por terminada la relación de la PGR con los testigos protegidos: que no se conduzcan con veracidad, que cometan un delito de carácter doloso mientras se encontraba bajo la protección de las autoridades, que incumplan con las medidas de protección que le son asignadas y que se nieguen a declarar dentro de los juicios penales en los que colaboran.
Entre las medidas ye incluyen esta ley para la protección de testigos y víctimas se encuentran el traslado de las mismas a distintos lugares, custodia policial, alojamiento temporal y medios económicos para su manutención.
En los casos más graves, la PGR deberá facilitar cambios de residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de los testigos bajo custodia y en caso de ser necesario, dotar de una nueva identidad a la persona que brinde testimonios vitales para enjuiciar al crimen organizado.
Además, para los testigos colaboradores que se encuentren recluidos en prisión preventiva o cumpliendo una sentencia, la PGR tomará medidas como la separación del resto de los internos, con el fin de que no sean objeto de agresiones.
Los reos gozarán de beneficios adicionales como la asistencia en la gestión de sus trámites legales y asesoramiento jurídico gratuito, a fin de que conozcan las medidas de protección y demás derechos a los que tienen acceso.
Por lo que respecta al Centro Federal de Protección a Persona, Marisela Morales explicó que este contará con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección; además de que su director podrá ser nombrado y removido por el Presidente de la República a propuesta del titular de la PGR.
“El Centro contará con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial”, concluyó.
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