Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El PRI dio el primer paso de una actitud ética, cívica e ideológica que debió convertir en hábito hace muchos años: suspender los derechos partidistas de aquellos militantes que llevados a puestos de elección popular o cargos en la administración pública, incumplieron el mandato constitucional y violaron los principios de ese organismo político. Se aprovecharon del cargo con la pretensión de que la impunidad la heredarían incluso sus nietos. Un partido no puede ser un club de complicidades.
Si el ejemplo de Tomás Yarrington se convierte en un suceso aislado y a pesar del presidente de la República y AMLO, EPN logra convertirse en presidente de México, la luna de miel entre los electores y el nuevo gobierno durará escasos tres meses, pues ya es palpable que el problema del país es sistémico, que el modelo político no resiste, que para lograr el apoyo de la sociedad requerirá predicar con el ejemplo.
Pedro Joaquín Coldwell y los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria ya debieran tener una lista de aquellos destacados militantes que, en el usufructo del poder, agraviaron a sus gobernados y a la sociedad entera y, además, se despacharon con la cuchara grande, reunieron dinero, complicidades e intereses con la pretensión de colocarse por encima de las instituciones, de la norma, de la ley, porque creen, consideran, quizá están seguros de que los partidos políticos son guaridas de delincuentes donde se solapan unos a otros. Y me refiero a todos los partidos.
Hay notables que debieran estar en esa lista y, de plano, ser suspendidos sus derechos partidarios. Por lo pronto Javier Villarreal y Humberto Moreira, Mario Villanueva Madrid, Mario Marín y Manuel Bartlett, éste último porque fue él quien negoció en la SCJN la inmunidad y la impunidad para su protegido.
Es necesario que reflexionen en la urgencia de imponer esas sanciones, porque para el PRI no será lo mismo ganar porque el PAN tiene hasta el gorro a los electores y porque no están de acuerdo con las propuestas de AMLO, a convencer cuando realice acciones que indiquen que ese organismo político puede liderar, abanderar, plantear e iniciar la tan pospuesta transición, la que los gobiernos de Acción Nacional debieron hacer, pero les dio flojera.
Pero hay un pez gordo. El agravio del Fobaproa es un obsequio de Ernesto Zedillo a la economía de los mexicanos, como lo es su desinterés por el asunto de Chiapas, que en 1997 se transformó en la tragedia de Acteal. La CPI tiene a revisión un expediente. Este hecho debiera ser suficiente para la suspensión de los derechos partidistas del artífice de AMLO y del panato.
No harán nada, ni siquiera ante la posibilidad de que los 132 se conviertan en 132 mil, en 13 millones 200 mil o en más descontentos exigiendo un cambio a como dé lugar.
EPN y Coldwell tiene la oportunidad de iniciar la transición, veremos de qué están hechos. El reclamo de la sociedad es real y pesa más que una resolución o sentencia judicial, por la corrupción que invade al sistema de justicia, en ambos fueros.
El PRI dio el primer paso de una actitud ética, cívica e ideológica que debió convertir en hábito hace muchos años: suspender los derechos partidistas de aquellos militantes que llevados a puestos de elección popular o cargos en la administración pública, incumplieron el mandato constitucional y violaron los principios de ese organismo político. Se aprovecharon del cargo con la pretensión de que la impunidad la heredarían incluso sus nietos. Un partido no puede ser un club de complicidades.
Si el ejemplo de Tomás Yarrington se convierte en un suceso aislado y a pesar del presidente de la República y AMLO, EPN logra convertirse en presidente de México, la luna de miel entre los electores y el nuevo gobierno durará escasos tres meses, pues ya es palpable que el problema del país es sistémico, que el modelo político no resiste, que para lograr el apoyo de la sociedad requerirá predicar con el ejemplo.
Pedro Joaquín Coldwell y los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria ya debieran tener una lista de aquellos destacados militantes que, en el usufructo del poder, agraviaron a sus gobernados y a la sociedad entera y, además, se despacharon con la cuchara grande, reunieron dinero, complicidades e intereses con la pretensión de colocarse por encima de las instituciones, de la norma, de la ley, porque creen, consideran, quizá están seguros de que los partidos políticos son guaridas de delincuentes donde se solapan unos a otros. Y me refiero a todos los partidos.
Hay notables que debieran estar en esa lista y, de plano, ser suspendidos sus derechos partidarios. Por lo pronto Javier Villarreal y Humberto Moreira, Mario Villanueva Madrid, Mario Marín y Manuel Bartlett, éste último porque fue él quien negoció en la SCJN la inmunidad y la impunidad para su protegido.
Es necesario que reflexionen en la urgencia de imponer esas sanciones, porque para el PRI no será lo mismo ganar porque el PAN tiene hasta el gorro a los electores y porque no están de acuerdo con las propuestas de AMLO, a convencer cuando realice acciones que indiquen que ese organismo político puede liderar, abanderar, plantear e iniciar la tan pospuesta transición, la que los gobiernos de Acción Nacional debieron hacer, pero les dio flojera.
Pero hay un pez gordo. El agravio del Fobaproa es un obsequio de Ernesto Zedillo a la economía de los mexicanos, como lo es su desinterés por el asunto de Chiapas, que en 1997 se transformó en la tragedia de Acteal. La CPI tiene a revisión un expediente. Este hecho debiera ser suficiente para la suspensión de los derechos partidistas del artífice de AMLO y del panato.
No harán nada, ni siquiera ante la posibilidad de que los 132 se conviertan en 132 mil, en 13 millones 200 mil o en más descontentos exigiendo un cambio a como dé lugar.
EPN y Coldwell tiene la oportunidad de iniciar la transición, veremos de qué están hechos. El reclamo de la sociedad es real y pesa más que una resolución o sentencia judicial, por la corrupción que invade al sistema de justicia, en ambos fueros.
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