A solicitud del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Pedro Joaquín Coldwell, se acordó la suspensión de sus derechos políticos al ex gobernador de Tamaulipas
El Informador
En sesión extraordinaria, el pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI acordó la suspensión de derechos de militante al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, a solicitud del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Pedro Joaquín Coldwell.
La decisión de retirar los derechos políticos del otrora funcionario -acusado en Estados Unidos por presunto “lavado” de dinero- se informó mediante un boletín del partido.
Coldwell instó esta semana “a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria a que, de manera cautelar ante la gravedad de las acusaciones en su contra, determine la suspensión de derechos del militante Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba y las demás sanciones que conforme a derecho procedan en términos de los artículos 223 al 228 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional”.
De acuerdo con el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas -del que EL UNIVERSAL tiene copia-, desde 1998 el cártel del Golfo "pagó grandes sobornos a funcionarios de alto nivel elegidos en Tamaulipas, así como a candidatos a dichos cargos en forma permanente", a cambio de protección para sus actividades criminales.
Los sobornos, detalla, "fueron pagados directamente a funcionarios corruptos de alto nivel y candidatos oficiales, así como a sus respectivos aliados, entre ellos autoridades policiacas y personas del sector justicia en el estado de Tamaulipas; estas prácticas ocurren desde principios de 1998 hasta el presente", y, aunque no se tiene el monto de las operaciones, se estima que éstas ascienden a varios millones de dólares.
El pago de sobornos para altos funcionarios y candidatos en Tamaulipas por parte del cártel del Golfo para garantizar la protección de la organización "ocurre desde 1998 y hasta la fecha", según la investigación en la que se identificó al empresario Fernando Alejandro Cano-Martínez, como uno de los “lavadores” de dinero que operaron para ocultar los sobornos que recibían los servidores públicos a través de ocho empresas instaladas en Texas, una de las cuales utilizó para adquirir 18 hectáreas de tierra en San Antonio, propiedad del ex gobernador Tomás Yarrington.
El proceso legal contra Yarrington y otros involucrados es resultado de una investigación de la multiagencia Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) y fue conducida en Brownsville, San Antonio, Houston y Corpus Christi, en Texas.
El Informador
En sesión extraordinaria, el pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI acordó la suspensión de derechos de militante al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, a solicitud del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Pedro Joaquín Coldwell.
La decisión de retirar los derechos políticos del otrora funcionario -acusado en Estados Unidos por presunto “lavado” de dinero- se informó mediante un boletín del partido.
Coldwell instó esta semana “a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria a que, de manera cautelar ante la gravedad de las acusaciones en su contra, determine la suspensión de derechos del militante Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba y las demás sanciones que conforme a derecho procedan en términos de los artículos 223 al 228 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional”.
De acuerdo con el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas -del que EL UNIVERSAL tiene copia-, desde 1998 el cártel del Golfo "pagó grandes sobornos a funcionarios de alto nivel elegidos en Tamaulipas, así como a candidatos a dichos cargos en forma permanente", a cambio de protección para sus actividades criminales.
Los sobornos, detalla, "fueron pagados directamente a funcionarios corruptos de alto nivel y candidatos oficiales, así como a sus respectivos aliados, entre ellos autoridades policiacas y personas del sector justicia en el estado de Tamaulipas; estas prácticas ocurren desde principios de 1998 hasta el presente", y, aunque no se tiene el monto de las operaciones, se estima que éstas ascienden a varios millones de dólares.
El pago de sobornos para altos funcionarios y candidatos en Tamaulipas por parte del cártel del Golfo para garantizar la protección de la organización "ocurre desde 1998 y hasta la fecha", según la investigación en la que se identificó al empresario Fernando Alejandro Cano-Martínez, como uno de los “lavadores” de dinero que operaron para ocultar los sobornos que recibían los servidores públicos a través de ocho empresas instaladas en Texas, una de las cuales utilizó para adquirir 18 hectáreas de tierra en San Antonio, propiedad del ex gobernador Tomás Yarrington.
El proceso legal contra Yarrington y otros involucrados es resultado de una investigación de la multiagencia Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) y fue conducida en Brownsville, San Antonio, Houston y Corpus Christi, en Texas.
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