El Departamento de Estado ofrece colaboración y The New York Times revela que la DEA se entenderá sólo con agencias de seguridad
El Informador
Estados Unidos reconoció su preocupación por los casos de corrupción en el seno del Ejército mexicano y mostró su disposición a trabajar “diligentemente” con el Gobierno de México para tratar de avanzar en la construcción de instituciones “libres de corrupción”. “Cualquier acusación de corrupción o de abuso de derechos humanos (en las Fuerzas Armadas) nos preocupa”, aseguró el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, cuando se le preguntó por el escándalo de corrupción que involucra a los generales del Ejército, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González por sus presuntos nexos con el narcotráfico (ver “Telón de fondo”).
No es ésta la primera vez que el Departamento de Estado alude a la situación de las fuerzas de seguridad. El pasado 24 de mayo lamentó la “ausencia de un protocolo claro y reglas para la confrontación” entre las unidades del Ejército y la Marina en su lucha contra los cárteles de la droga y volvía a denunciar los recurrentes casos de desapariciones y violaciones de derechos humanos, y que se “veía obligado” a manifestar su preocupación por la posible infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas.
La reacción del Departamento de Estado se produce el mismo día que el diario The New York Times dedicó un reportaje al caso de los generales mexicanos que han sido detenidos y arraigados por sus supuestos vínculos con el cártel de Beltrán Leyva.
Según la publicación, el caso que involucra a altos mandos de las Fuerzas Armadas en activo o retiro han empeorado la ya de por sí desgastada relación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Ejército mexicano.
Según el diario, ex oficiales estadounidenses así como funcionarios en servicio coinciden en que el arresto de los militares, uno de los cuales fungió como subsecretario de la Defensa Nacional, “ha sacudido a los cuerpos de seguridad”.
Agrega que la exasperación de Estados Unidos llegó a su nivel máximo en 2009, cuando militares mexicanos no se dieron prisa en actuar en un caso contra el liderazgo del cártel de los Beltrán Leyva, cuya información fue proporcionada por la inteligencia estadounidense.
“La DEA en 99% de las ocasiones va a tratar con las agencias de seguridad, no con el Ejército”, dijo al rotativo Michael Braun, ex jefe de operación en la Agencia Antidrogas de EU.
El matutino señala que los encuentros entre las agencias estadounidenses y la milicia mexicana, en donde se tratan asuntos relacionados con la Iniciativa Mérida, suelen ser tensos y ambas partes se ven como “primos lejanos que cuentan las historias feas sobre la familia del otro”.
Telón de fondo
La sombra de los Beltrán Leyva
El Gobierno de Washington se dice preocupado por los “casos de corrupción” en las filas del Ejército. Son tres los expedientes que la procuraduría militar y la PGR investigan en estos días. Son tres generales, activos y en situación de retiro, que hoy están arraigados porque, supuestamente, mantienen o mantuvieron vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Se trata del general de división retirado, Tomás Ángeles Dauahare, quien fungió como subsecretario de la Defensa Nacional en los primeros años del actual Gobierno del Presidente Felipe Calderón; el general brigadier en activo Roberto Dawe González, y el general brigadier Ricardo Escorcia Vargas, quien se jubiló en abril de 2010.
Si bien no se ha informado todavía sobre los motivos específicos de la investigación, periódicos nacionales y agencias de noticias internacionales han coincidido que el origen de las detenciones y posterior arraigo de los nombrados, surge de declaraciones de testigos protegidos que involucraron a los militares en presuntos actos de protección al cártel de los Beltrán Leyva.
Según dichos del testigo “Jennifer” y otro no identificado, Ángeles Dauahare habría recibido dinero del entorno de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.
Escorcia Vargas estuvo al mando de la zona militar en Morelos, Estado donde supuestamente permitió que el control de las actividades del narcotráfico estuviera a cargo de los hermanos Beltrán Leyva hasta la muerte del líder, Arturo, quien fue abatido en diciembre de 2009 durante una operación en Cuernavaca.
Roberto Dawe González es investigado desde mediados de 2010, también por los supuestos nexos con los Beltrán Leyva.
El Informador
Estados Unidos reconoció su preocupación por los casos de corrupción en el seno del Ejército mexicano y mostró su disposición a trabajar “diligentemente” con el Gobierno de México para tratar de avanzar en la construcción de instituciones “libres de corrupción”. “Cualquier acusación de corrupción o de abuso de derechos humanos (en las Fuerzas Armadas) nos preocupa”, aseguró el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, cuando se le preguntó por el escándalo de corrupción que involucra a los generales del Ejército, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González por sus presuntos nexos con el narcotráfico (ver “Telón de fondo”).
No es ésta la primera vez que el Departamento de Estado alude a la situación de las fuerzas de seguridad. El pasado 24 de mayo lamentó la “ausencia de un protocolo claro y reglas para la confrontación” entre las unidades del Ejército y la Marina en su lucha contra los cárteles de la droga y volvía a denunciar los recurrentes casos de desapariciones y violaciones de derechos humanos, y que se “veía obligado” a manifestar su preocupación por la posible infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas.
La reacción del Departamento de Estado se produce el mismo día que el diario The New York Times dedicó un reportaje al caso de los generales mexicanos que han sido detenidos y arraigados por sus supuestos vínculos con el cártel de Beltrán Leyva.
Según la publicación, el caso que involucra a altos mandos de las Fuerzas Armadas en activo o retiro han empeorado la ya de por sí desgastada relación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Ejército mexicano.
Según el diario, ex oficiales estadounidenses así como funcionarios en servicio coinciden en que el arresto de los militares, uno de los cuales fungió como subsecretario de la Defensa Nacional, “ha sacudido a los cuerpos de seguridad”.
Agrega que la exasperación de Estados Unidos llegó a su nivel máximo en 2009, cuando militares mexicanos no se dieron prisa en actuar en un caso contra el liderazgo del cártel de los Beltrán Leyva, cuya información fue proporcionada por la inteligencia estadounidense.
“La DEA en 99% de las ocasiones va a tratar con las agencias de seguridad, no con el Ejército”, dijo al rotativo Michael Braun, ex jefe de operación en la Agencia Antidrogas de EU.
El matutino señala que los encuentros entre las agencias estadounidenses y la milicia mexicana, en donde se tratan asuntos relacionados con la Iniciativa Mérida, suelen ser tensos y ambas partes se ven como “primos lejanos que cuentan las historias feas sobre la familia del otro”.
Telón de fondo
La sombra de los Beltrán Leyva
El Gobierno de Washington se dice preocupado por los “casos de corrupción” en las filas del Ejército. Son tres los expedientes que la procuraduría militar y la PGR investigan en estos días. Son tres generales, activos y en situación de retiro, que hoy están arraigados porque, supuestamente, mantienen o mantuvieron vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Se trata del general de división retirado, Tomás Ángeles Dauahare, quien fungió como subsecretario de la Defensa Nacional en los primeros años del actual Gobierno del Presidente Felipe Calderón; el general brigadier en activo Roberto Dawe González, y el general brigadier Ricardo Escorcia Vargas, quien se jubiló en abril de 2010.
Si bien no se ha informado todavía sobre los motivos específicos de la investigación, periódicos nacionales y agencias de noticias internacionales han coincidido que el origen de las detenciones y posterior arraigo de los nombrados, surge de declaraciones de testigos protegidos que involucraron a los militares en presuntos actos de protección al cártel de los Beltrán Leyva.
Según dichos del testigo “Jennifer” y otro no identificado, Ángeles Dauahare habría recibido dinero del entorno de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.
Escorcia Vargas estuvo al mando de la zona militar en Morelos, Estado donde supuestamente permitió que el control de las actividades del narcotráfico estuviera a cargo de los hermanos Beltrán Leyva hasta la muerte del líder, Arturo, quien fue abatido en diciembre de 2009 durante una operación en Cuernavaca.
Roberto Dawe González es investigado desde mediados de 2010, también por los supuestos nexos con los Beltrán Leyva.
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