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Luego de su detención, el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, y el ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras, fueron presentados en la rejilla de prácticas del Juzgado Segundo Penal, a cargo Sergio Aguilar Navarro.
Ambos ex funcionarios se presentan por el delito de peculado, y de acuerdo con la ley, no alcanzan la libertad bajo fianza, por lo que el juez tendrá 72 horas para decretar el auto de formal prisión o de libertad.
Los detenidos se apegaron al artículo 20 constitucional y se reservaron el derecho a declarar ante la autoridad, proporcionando únicamente sus datos personales al representante de la autoridad.
En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) expuso que elementos de la Policía Ministerial estatal pusieron a disposición a los dos ex funcionarios, acusados del delito de peculado cometido en agravio de la administración pública.
Los hechos denunciados se relacionan con la enajenación, en febrero de 2011, de siete bienes inmuebles, localizados en el fraccionamiento denominado El Pedregal, ubicado en la ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos.
Estos originalmente se dieron en donación al gobierno del estado de Baja California Sur, a efecto de que los mismos fueran destinados exclusivamente para servicios e infraestructura urbana.
Luego de su detención, el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, y el ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras, fueron presentados en la rejilla de prácticas del Juzgado Segundo Penal, a cargo Sergio Aguilar Navarro.
Ambos ex funcionarios se presentan por el delito de peculado, y de acuerdo con la ley, no alcanzan la libertad bajo fianza, por lo que el juez tendrá 72 horas para decretar el auto de formal prisión o de libertad.
Los detenidos se apegaron al artículo 20 constitucional y se reservaron el derecho a declarar ante la autoridad, proporcionando únicamente sus datos personales al representante de la autoridad.
En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) expuso que elementos de la Policía Ministerial estatal pusieron a disposición a los dos ex funcionarios, acusados del delito de peculado cometido en agravio de la administración pública.
Los hechos denunciados se relacionan con la enajenación, en febrero de 2011, de siete bienes inmuebles, localizados en el fraccionamiento denominado El Pedregal, ubicado en la ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos.
Estos originalmente se dieron en donación al gobierno del estado de Baja California Sur, a efecto de que los mismos fueran destinados exclusivamente para servicios e infraestructura urbana.
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