Guadalupe Lizárraga
Recibí un mensaje privado de Pablo Sergio Aispuro, funcionario del Instituto Federal Electoral, de México, llamándome la atención por mis recientes reportajes sobre la homofobia y violaciones de derechos humanos del candidato presidencial Enrique Peña Nieto. El funcionario del IFE reclama que "no me importa difundir rumores o especulaciones groseras con propósitos políticos, sobre todo contra opciones que no son las mías...", un par de frases más sobre que a él no le parece correcto mi trabajo, y termina con un bloqueo en Facebook.
La cuestión es significativa porque no es un mensaje entre dos particulares, pese a que nos conocimos hace más de 15 años, cuando impartí un curso en ese organismo. Ahora, se trata de un funcionario del IFE a una periodista internacional, y ambos representamos un quehacer profesional específico de impacto para la vida pública de México e incluso de Estados Unidos (mi lugar de residencia permanente).
Por una parte, se ha pretendido insistentemente en tergiversar el sentido de la información sobre el candidato presidencial del PRI al haber dado la causa por la serie de atentados al maestro Agustín Estrada Negrete. Sin esta causa, no se explica la saña de Peña Nieto para perseguir insistentemente a esta persona y girar órdenes de aprehensión en contra de las garantías constitucionales de otras veinte personas, entre éstas madres de familia de la escuela y sus hijas con discapacidad mental. Tampoco se entendería el porqué de la represión con todo el poder de las fuerzas de seguridad a todo aquel que ayudara en la defensa legal y moral del maestro.
No son pocas las evidencias del caso: los videos, las notas de la prensa local, los testimonios, las denuncias ante organismos mexicanos e internacionales de derechos humanos sobre el caso. Desde 2007, se ha venido denunciando esta agresión, y se ha ocultado la responsabilidad directa de Enrique Peña Nieto. Los miembros del PRI y los periodistas favorecidos por el candidato, han insistido en minimizar la denuncia, sosteniendo que son rumores y campaña sucia por las elecciones, para desviar la atención de lo relevante. Sin embargo, los hechos están ahí y además documentados puntualmente. El número de registro de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es 898-12, y las medidas cuatelares fueron solicitadas desde 2009. Cualquiera puede solicitar infromación al respecto.
Pese a que se ha reiterado la denuncia de las violaciones de derechos humanos y la corrupción de las autoridades que la han ignorado, ahora un funcionario del IFE persiste en hacer lo mismo en una clara intención de proteger al candidato priista, y es aquí donde vuelve a cobrar relevancia el significado político del caso Peña Nieto-Estrada.
Hay más de 500 comentarios en toda la serie de reportajes sobre este asunto, la gran mayoría proviene de personas que seguramente trabajan para el PRI, porque tienen las mismas direcciones IP y sus correos electrónicos son claves numéricas. Si el lector los revisa podrá constatar el grado de ignorancia, homofobia y clasismo de quienes los escribieron. Además de las descalificaciones y las amenazas contra mi persona, y los intentos por "hackear" mis correos. Podemos decir que para eso les pagan y lo podemos pasar de largo. Pero que un funcionario del IFE tome partido abiertamente ante una periodista y trate de minimizar los hechos de violencia y corrupción de las autoridades en el caso Estrada, significa más que homofobia.
El funcionario del IFE es pagado con recursos públicos para servir de árbitro y que la alternancia del gobierno sea un ejercicio apegado a derechos y principios democráticos. El sentido literal de su mensaje en Facebook, muestra una postura parcial con la intención de proteger al candidato del PRI. No se trata de una presunción de responsabilidad de quien fuera gobernante del Estado de México, como gustan de eufemismos quienes recurren a la jerga judicial. En México, sencillamente por la corrupción del sistema de justicia no hay posibilidad alguna de que se enjuicie y sentencie a un político de la elite gobernante, por un lado. Pero por otro, el responsable del gobierno es el jefe de las fuerzas de seguridad y éstas actuaron bajo las órdenes del Ejecutivo para reprimir a la población. Todo esto lo está pasando de largo no sólo el funcionario del IFE, sino los consejeros electorales yla dirigencia del IFE.
También el IFE incurre en una cierta responsabilidad por haber aceptado la postulación de un político con antecedentes de flagrantes violaciones de derechos humanos, por el caso de Estrada y de las madres con sus hijas que fueron a dar a hasta el reclusorio con órdenes de aprehensión vigentes por más de tres años, pero también por el caso de Atenco.
El caso de Atenco representa otro caso grave de violaciones a los derechos humanos contra un grupo de ciudadanos y de impunidad, según el informe de 2006 del Ombudsman mexicano. Y la corrupción revelada de los millones de pesos a Televisa y a los medios, serían motivos suficientes para invalidar al candidato. El IFE no podía ignorar todo esto. Como no lo ignoraban senadores ni diputados ni medios de comunicación. El IFE cerró los ojos ante ello, y actuó dando seguimiento al trámite de la candidatura de Peña Nieto, pasando por alto la corrupción y las violaciones sexuales y constitucionales de mucha gente.
Más aún, el que los diputados vayan a votar una ley que fortalece claramente la impunidad de los candidatos con antecedentes criminales, pone de relieve la imposición que se pretende del siguiente presidente de México. Los representantes de los poderes del Estado y las instituciones en vez de dar pasos seguros para garantizar un avance en la construcción de la democracia, lo que sería normal, no tienen ya recato en proteger la continuidad de la mafia política que representa el candidato del PRI. Lo que está sucediendo es una clara apuesta por la inestabilidad política después de las elecciones. Están apostando a que las masas salgan a pelear a la calle para defender el espacio político y sus derechos coartados por toda esta serie de acciones "hormiga" y a nivel nacional para favorecer una imposición.
Por eso es comprensible que algunos periodistas ante el caso Peña Nieto-Estrada se hayan visto obligados a callar, para no poner en riesgo su vida y su estabilidad. Pero la cLo que no se entiende es la insistente parcialidad del IFE y de los regaños de sus funcionarios a quienes denunciamos los hechos fuera de México, y bajo otras circunstancias de seguridadm personal, después de haber sido expulsados por amenazas de muerte en nuestro propio país. No es fortuito que nuestro lugar de residencia sea Estados Unidos o Canadá.
Tampoco se entiende por qué los funcionarios del IFE muestran sus preferencias políticas abiertamente ante las redes sociales, cuando están jugando un papel clave en el proceso electoral. No es el caso de los periodistas internacionales. Menos de quienes viven en Estados Unidos, donde no resulta ético ocultar nuestras simpatías políticas aparentando una supuesta objetividad. En este país, lo ético y lo responsable es hacer nuestro trabajo en congruencia con nuestras preferencias ideológicas, sin engañar a nadie. La garantía a nuestra libertad de expresión es correspondida con el respeto de informar con la verdad a nuestros lectores.
Pero ¿qué garantías podemos esperar de funcionarios y diputados que se ponen de rodillas ante un candidato?
Recibí un mensaje privado de Pablo Sergio Aispuro, funcionario del Instituto Federal Electoral, de México, llamándome la atención por mis recientes reportajes sobre la homofobia y violaciones de derechos humanos del candidato presidencial Enrique Peña Nieto. El funcionario del IFE reclama que "no me importa difundir rumores o especulaciones groseras con propósitos políticos, sobre todo contra opciones que no son las mías...", un par de frases más sobre que a él no le parece correcto mi trabajo, y termina con un bloqueo en Facebook.
La cuestión es significativa porque no es un mensaje entre dos particulares, pese a que nos conocimos hace más de 15 años, cuando impartí un curso en ese organismo. Ahora, se trata de un funcionario del IFE a una periodista internacional, y ambos representamos un quehacer profesional específico de impacto para la vida pública de México e incluso de Estados Unidos (mi lugar de residencia permanente).
Por una parte, se ha pretendido insistentemente en tergiversar el sentido de la información sobre el candidato presidencial del PRI al haber dado la causa por la serie de atentados al maestro Agustín Estrada Negrete. Sin esta causa, no se explica la saña de Peña Nieto para perseguir insistentemente a esta persona y girar órdenes de aprehensión en contra de las garantías constitucionales de otras veinte personas, entre éstas madres de familia de la escuela y sus hijas con discapacidad mental. Tampoco se entendería el porqué de la represión con todo el poder de las fuerzas de seguridad a todo aquel que ayudara en la defensa legal y moral del maestro.
No son pocas las evidencias del caso: los videos, las notas de la prensa local, los testimonios, las denuncias ante organismos mexicanos e internacionales de derechos humanos sobre el caso. Desde 2007, se ha venido denunciando esta agresión, y se ha ocultado la responsabilidad directa de Enrique Peña Nieto. Los miembros del PRI y los periodistas favorecidos por el candidato, han insistido en minimizar la denuncia, sosteniendo que son rumores y campaña sucia por las elecciones, para desviar la atención de lo relevante. Sin embargo, los hechos están ahí y además documentados puntualmente. El número de registro de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es 898-12, y las medidas cuatelares fueron solicitadas desde 2009. Cualquiera puede solicitar infromación al respecto.
Pese a que se ha reiterado la denuncia de las violaciones de derechos humanos y la corrupción de las autoridades que la han ignorado, ahora un funcionario del IFE persiste en hacer lo mismo en una clara intención de proteger al candidato priista, y es aquí donde vuelve a cobrar relevancia el significado político del caso Peña Nieto-Estrada.
Hay más de 500 comentarios en toda la serie de reportajes sobre este asunto, la gran mayoría proviene de personas que seguramente trabajan para el PRI, porque tienen las mismas direcciones IP y sus correos electrónicos son claves numéricas. Si el lector los revisa podrá constatar el grado de ignorancia, homofobia y clasismo de quienes los escribieron. Además de las descalificaciones y las amenazas contra mi persona, y los intentos por "hackear" mis correos. Podemos decir que para eso les pagan y lo podemos pasar de largo. Pero que un funcionario del IFE tome partido abiertamente ante una periodista y trate de minimizar los hechos de violencia y corrupción de las autoridades en el caso Estrada, significa más que homofobia.
El funcionario del IFE es pagado con recursos públicos para servir de árbitro y que la alternancia del gobierno sea un ejercicio apegado a derechos y principios democráticos. El sentido literal de su mensaje en Facebook, muestra una postura parcial con la intención de proteger al candidato del PRI. No se trata de una presunción de responsabilidad de quien fuera gobernante del Estado de México, como gustan de eufemismos quienes recurren a la jerga judicial. En México, sencillamente por la corrupción del sistema de justicia no hay posibilidad alguna de que se enjuicie y sentencie a un político de la elite gobernante, por un lado. Pero por otro, el responsable del gobierno es el jefe de las fuerzas de seguridad y éstas actuaron bajo las órdenes del Ejecutivo para reprimir a la población. Todo esto lo está pasando de largo no sólo el funcionario del IFE, sino los consejeros electorales yla dirigencia del IFE.
También el IFE incurre en una cierta responsabilidad por haber aceptado la postulación de un político con antecedentes de flagrantes violaciones de derechos humanos, por el caso de Estrada y de las madres con sus hijas que fueron a dar a hasta el reclusorio con órdenes de aprehensión vigentes por más de tres años, pero también por el caso de Atenco.
El caso de Atenco representa otro caso grave de violaciones a los derechos humanos contra un grupo de ciudadanos y de impunidad, según el informe de 2006 del Ombudsman mexicano. Y la corrupción revelada de los millones de pesos a Televisa y a los medios, serían motivos suficientes para invalidar al candidato. El IFE no podía ignorar todo esto. Como no lo ignoraban senadores ni diputados ni medios de comunicación. El IFE cerró los ojos ante ello, y actuó dando seguimiento al trámite de la candidatura de Peña Nieto, pasando por alto la corrupción y las violaciones sexuales y constitucionales de mucha gente.
Más aún, el que los diputados vayan a votar una ley que fortalece claramente la impunidad de los candidatos con antecedentes criminales, pone de relieve la imposición que se pretende del siguiente presidente de México. Los representantes de los poderes del Estado y las instituciones en vez de dar pasos seguros para garantizar un avance en la construcción de la democracia, lo que sería normal, no tienen ya recato en proteger la continuidad de la mafia política que representa el candidato del PRI. Lo que está sucediendo es una clara apuesta por la inestabilidad política después de las elecciones. Están apostando a que las masas salgan a pelear a la calle para defender el espacio político y sus derechos coartados por toda esta serie de acciones "hormiga" y a nivel nacional para favorecer una imposición.
Por eso es comprensible que algunos periodistas ante el caso Peña Nieto-Estrada se hayan visto obligados a callar, para no poner en riesgo su vida y su estabilidad. Pero la cLo que no se entiende es la insistente parcialidad del IFE y de los regaños de sus funcionarios a quienes denunciamos los hechos fuera de México, y bajo otras circunstancias de seguridadm personal, después de haber sido expulsados por amenazas de muerte en nuestro propio país. No es fortuito que nuestro lugar de residencia sea Estados Unidos o Canadá.
Tampoco se entiende por qué los funcionarios del IFE muestran sus preferencias políticas abiertamente ante las redes sociales, cuando están jugando un papel clave en el proceso electoral. No es el caso de los periodistas internacionales. Menos de quienes viven en Estados Unidos, donde no resulta ético ocultar nuestras simpatías políticas aparentando una supuesta objetividad. En este país, lo ético y lo responsable es hacer nuestro trabajo en congruencia con nuestras preferencias ideológicas, sin engañar a nadie. La garantía a nuestra libertad de expresión es correspondida con el respeto de informar con la verdad a nuestros lectores.
Pero ¿qué garantías podemos esperar de funcionarios y diputados que se ponen de rodillas ante un candidato?
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