Raymundo Riva Palacio
Muy lento y muy tarde. Así ha sido el deslinde del candidato Enrique Peña Nieto y del PRI del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, a quien se le acumulan acusaciones en un tribunal federal en Texas por su presunta relación con el narcotráfico. La amenaza contra Yarrington, su entorno y el de la campaña presidencial, estaba planteada desde finales de enero, cuando la PGR reveló que había expedientes abiertos contra él y otros dos ex mandatarios tamaulipecos, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández. El PRI respondió mecánicamente que la política se estaba judicializando.
En privado, el secretario de Organización Electoral del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, hombre de Peña Nieto en el partido, les exigió que dijeran qué otras sorpresas podrían salir. Cavazos dijo que no había nada que lo involucrara con la delincuencia organizada. Hernández dijo que por un error de su esposa habían comprado una propiedad de cinco millones de pesos con su tarjeta de crédito, lo que despertó el interés en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero que lo había solucionado al pagar los intereses. Yarrington no dijo nada y se fue de México.
Peña Nieto fue a Tamaulipas a levantarle la mano a Cavazos como candidato al Senado, y aunque Hernández no fue nominado a ningún cargo de elección popular, tampoco fue repudiado. Con Yarrington fue diferente. Desde que no aclaró sus posibles culpas, el PRI lo hizo a un lado y Peña Nieto se deslindó. Pero lo hicieron medrosamente y subordinado a la retórica de que el gobierno de Felipe Calderón quería utilizar a la PGR como arma política en la campaña. En el extremo de la cultura primitiva en el PRI, cuando el caso de Yarrington explotó en febrero en Texas, llegaron a sugerir que el gobierno de Estados Unidos estaba interviniendo en las elecciones presidenciales en México.
Ni Peña Nieto ni el PRI leyeron las señales correctamente. A principio de febrero, la DEA detuvo en Texas a Antonio Peña, tras una larga investigación criminal y fiscal, donde lo identificaron como el intermediario entre el jefe del Cártel del Golfo, Jorge Eduardo Costilla, “El Coss”, y el ex líder, Osiel Cárdenas –testigo protegido de la DEA que vive de prisión en prisión en Estados Unidos- con Yarrington. Los acusan también de haber planeado y ejecutado el asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, que confirmó la hipótesis planteada por el presidente Calderón a quien lo sustituyó, su hermano y actual gobernador, Egidio Torre Cantú, que priístas tamaulipecos estaban involucrados en el homicidio.
El PRI y el equipo de Peña Nieto leyeron nuevamente mal esa imputación, y volvieron a racionalizar el mensaje como parte de la judicialización de la política, pese a los antecedentes públicos en México del pasado oscuro de Peña y su relación con Yarrington. Hace unos días se dieron cuenta que estaban equivocados. La fiscalía en Texas acusó por “conducta criminal” a Yarrington, y a su presunto testaferro y lavador de dinero, Fernando Cano Martínez, quien según la DEA, pagó sobornos con dinero de los cárteles tamaulipecos a funcionarios en ese estado cuando menos desde 1998, cuando el gobernador era Cavazos, y Yarrington era su secretario de Finanzas.
Yarrington era un lastre para el PRI mucho antes que la PGR filtrara la investigación en contra de los ex gobernadores y se le empezara a perseguir en Estados Unidos, por los indicios que tenía en el propio partido sobre sus presuntos lazos con el narcotráfico desde su campaña para gobernador –Hernández fue el jefe del comité de financiamiento- y que, en esa vieja cultura priista de la complicidad por pasividad, dejaron pasar en silencio. Mal diagnóstico, mal análisis en su mapa de riesgo y mala reacción, tienen colocado a Peña Nieto y al PRI en una situación comprometedora. La gangrena que les contagió Yarrington sigue corriendo por el organismo de la campaña presidencial y por no haberla cortado a tiempo, los está contaminando. El caso en Texas va a crecer. Las imputaciones a políticos mexicanos, apenas comenzaron.
Muy lento y muy tarde. Así ha sido el deslinde del candidato Enrique Peña Nieto y del PRI del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, a quien se le acumulan acusaciones en un tribunal federal en Texas por su presunta relación con el narcotráfico. La amenaza contra Yarrington, su entorno y el de la campaña presidencial, estaba planteada desde finales de enero, cuando la PGR reveló que había expedientes abiertos contra él y otros dos ex mandatarios tamaulipecos, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández. El PRI respondió mecánicamente que la política se estaba judicializando.
En privado, el secretario de Organización Electoral del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, hombre de Peña Nieto en el partido, les exigió que dijeran qué otras sorpresas podrían salir. Cavazos dijo que no había nada que lo involucrara con la delincuencia organizada. Hernández dijo que por un error de su esposa habían comprado una propiedad de cinco millones de pesos con su tarjeta de crédito, lo que despertó el interés en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero que lo había solucionado al pagar los intereses. Yarrington no dijo nada y se fue de México.
Peña Nieto fue a Tamaulipas a levantarle la mano a Cavazos como candidato al Senado, y aunque Hernández no fue nominado a ningún cargo de elección popular, tampoco fue repudiado. Con Yarrington fue diferente. Desde que no aclaró sus posibles culpas, el PRI lo hizo a un lado y Peña Nieto se deslindó. Pero lo hicieron medrosamente y subordinado a la retórica de que el gobierno de Felipe Calderón quería utilizar a la PGR como arma política en la campaña. En el extremo de la cultura primitiva en el PRI, cuando el caso de Yarrington explotó en febrero en Texas, llegaron a sugerir que el gobierno de Estados Unidos estaba interviniendo en las elecciones presidenciales en México.
Ni Peña Nieto ni el PRI leyeron las señales correctamente. A principio de febrero, la DEA detuvo en Texas a Antonio Peña, tras una larga investigación criminal y fiscal, donde lo identificaron como el intermediario entre el jefe del Cártel del Golfo, Jorge Eduardo Costilla, “El Coss”, y el ex líder, Osiel Cárdenas –testigo protegido de la DEA que vive de prisión en prisión en Estados Unidos- con Yarrington. Los acusan también de haber planeado y ejecutado el asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, que confirmó la hipótesis planteada por el presidente Calderón a quien lo sustituyó, su hermano y actual gobernador, Egidio Torre Cantú, que priístas tamaulipecos estaban involucrados en el homicidio.
El PRI y el equipo de Peña Nieto leyeron nuevamente mal esa imputación, y volvieron a racionalizar el mensaje como parte de la judicialización de la política, pese a los antecedentes públicos en México del pasado oscuro de Peña y su relación con Yarrington. Hace unos días se dieron cuenta que estaban equivocados. La fiscalía en Texas acusó por “conducta criminal” a Yarrington, y a su presunto testaferro y lavador de dinero, Fernando Cano Martínez, quien según la DEA, pagó sobornos con dinero de los cárteles tamaulipecos a funcionarios en ese estado cuando menos desde 1998, cuando el gobernador era Cavazos, y Yarrington era su secretario de Finanzas.
Yarrington era un lastre para el PRI mucho antes que la PGR filtrara la investigación en contra de los ex gobernadores y se le empezara a perseguir en Estados Unidos, por los indicios que tenía en el propio partido sobre sus presuntos lazos con el narcotráfico desde su campaña para gobernador –Hernández fue el jefe del comité de financiamiento- y que, en esa vieja cultura priista de la complicidad por pasividad, dejaron pasar en silencio. Mal diagnóstico, mal análisis en su mapa de riesgo y mala reacción, tienen colocado a Peña Nieto y al PRI en una situación comprometedora. La gangrena que les contagió Yarrington sigue corriendo por el organismo de la campaña presidencial y por no haberla cortado a tiempo, los está contaminando. El caso en Texas va a crecer. Las imputaciones a políticos mexicanos, apenas comenzaron.
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